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Iniciará J&J ensayos clínicos de vacuna contra COVID-19

Johnson & Johnson dijo el lunes que llegó a un acuerdo con el Gobierno estadounidense por 1.000 millones de dólares para crear suficiente capacidad de elaboración de hasta 1.000 millones de dosis de una vacuna que está probando contra el virus Covid-19, que ha causado la muerte de más de 35.000 personas en el mundo.

J&J afirmó que había seleccionado su propio candidato tras los estudios iniciales de laboratorio y que empezará los ensayos clínicos de su vacuna experimental contra la nueva cepa de coronavirus hacia septiembre, con miras a tenerla lista para uso de emergencia a inicios del 2021.

El periodo es mucho más breve que los habituales 18 meses que tardan las vacunas en ser probadas, autorizadas y elaboradas.

El jefe de investigación científica de Johnson & Johnson, el doctor Paul Stoffels, dijo a Reuters que la compañía debía empezar a reforzar su capacidad de manufactura de inmediato, incluso antes de tener seguridad de que su vacuna experimental tendrá efecto. La empresa comenzará a elaborar la vacuna a su propio riesgo, sin saber si funcionará.

“Es la única opción que tenemos para atajarla (la enfermedad) a tiempo”, señaló Stoffels en una entrevista telefónica.

La empresa cuenta con una planta en Holanda que puede elaborar hasta 300 millones de dosis de la vacuna, sostuvo Stoffels, aunque añadió “de ninguna forma será suficiente para el mundo”.

El ejecutivo indicó que la farmacéutica comenzará a construir una planta en Estados Unidos para que pueda elaborar vacunas hacia fines del año, cuando los datos de los ensayos clínicos muestren si efectivamente la inmunización funciona.

Casi la mitad de los 1.000 millones de dólares acordados provendrán de la Autoridad de Desarrollo e Investigación Biomédica de Estados Unidos (BARDA, por su sigla en inglés), que busca expandir las colaboraciones previas de J&J con la agencia.

Stoffels dijo que la farmacéutica también está estudiando plantas de producción en Europa y Asia que puedan ser capaces de elaborar la vacuna en la que está trabajando.

Hasta el momento, J&J no ha probado dosis de su vacuna en humanos. Pero Stoffels dijo que la fórmula contra el coronavirus estará basada en la misma tecnología empleada en su vacuna contra el virus de ébola, que fue utilizada ampliamente en personas y que la compañía considera segura.

En los estudios de laboratorio, la candidata a vacuna produjo fuertes anticuerpos que neutralizaron al nuevo coronavirus, el tipo necesario para hacer que la inmunización sea exitosa.

J&J continuará probando la vacuna en estudios en animales durante este verano boreal y planea iniciar los ensayos clínicos en septiembre.

Fuente: Reuters

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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