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México

Inmigrantes comienzan a ser detenidos en EU por orden de Trump: NYT

Inmigrantes procedentes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán, bloqueados por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, empezaron a ser detenidos en aeropuertos de Estados Unidos, reportaron hoy medios locales.
Al menos dos inmigrantes iraquíes fueron detenidos en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, lo que motivó que sus abogados presentaran esta mañana dos recursos de ‘Habeas Corpus’ ante la Corte del Distrito este de la ciudad.
De acuerdo con The New York Times, el recurso legal fue hecho con un enfoque generalizado de tal manera que representaría los derechos de todos los refugiados inmigrantes que sean detenidos en los puertos de entrada el país tras la emisión de las órdenes ejecutivas.
Trump anunció el viernes nuevas medidas para verificar los antecedentes de refugiados que buscan asilo en Estados Unidos a fin de impedir el ingreso de potenciales terroristas.
Asimismo, suspendió durante 120 días la entrada de todos los refugiados, detuvo indefinidamente la llegada de aquellos procedentes de Siria y durante 90 días la de siete países con población predominantemente musulmana: Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán.
La moratoria permitirá a la administración Trump elaborar un plan mediante el cual se dará prioridad al ingreso a Estados Unidos de refugiados cristianos que sufren persecución religiosa en algunos de estos países.
Su orden afectó incluso a aquellos inmigrantes de los países singularizados cuando se encontraban en pleno vuelo hacia territorio estadunidense, por lo cual empezaron a ser detenidos en los puertos de ingreso al país después de su aterrizaje.
Los dos primeros detenidos fueron identificados como Hameed Khalid Darweesh, quien trabajó para el gobierno estadunidense en Irak durante 10 años, y Haider Sameer Abdulkhaleq Alshawi, quien viajó para reunificarse con su esposa, de acuerdo con The New York Times.
Sus abogados dijeron que no se les había permitido reunirse con sus clientes y describieron momentos de tensión cuando trataron de entrar en contacto con ambos.
Las acciones ordenadas por Trump constituyen un revés de la política establecida antes por el expresidente Barack Obama, quien había propuesto permitir el ingreso de hasta 110 mil refugiados a Estados Unidos en el año fiscal 2017.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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