La Fepade ha solicitado de nueva cuenta la orden de aprehensión en contra del exgobernador César Duarte Jáquez, lo anterior, una vez que se presentaron evidencias de que el testigo de cargo que declaró en torno a la retención de una parte del salario de trabajadores de Gobierno estatal para beneficio de un partido político, sí contó con la asistencia de un abogado.

Maclovio Murillo Chávez, consejero jurídico de Gobierno del Estado, informó lo anterior y añadió que se tiene conocimiento de que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade), solicitó de nueva cuenta la orden de aprehensión en contra del ex mandatario, el jueves 29 de  junio, a las 20:00 horas.

Indicó que el juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio en Chihuahua, Amílcar Asael Estrada Sánchez, quien conoce del caso, dispone de 24 horas, a partir de la presentación de dicha solicitud, para liberar o negar la orden de aprehensión.

La acusación contra César Duarte Jáquez se debe a la presunta comisión del delito de peculado electoral y la Secretaría de la Función Pública (SFP), como órgano denunciante, ha tenido conocimiento extraoficial de que la primera solicitud de orden de aprehensión, se rechazó debido a que el Juez no contó con las constancias que demostraran que algunos de los testigos que declararon en su contra, lo hicieron con un letrado en la ciencia del derecho, agregó Murillo Chávez.

Una vez que se acreditó que el testigo sí estuvo acompañado de su abogado, es de esperarse que la orden sea girada como procede, por el delito de peculado, cuyo monto es por aproximadamente 12 millones de pesos, por descuentos indebidos con fines electorales, a empleados de Gobierno del Estado.

El consejero jurídico, informó a la sociedad, que con independencia de las investigaciones realizadas por la Fepade, se tiene conocimiento de que están en curso de integración, diversas carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado por casos similares, y por montos muy superiores, que se darán a conocer una vez que culminen las indagatorias pertinentes.

Las investigaciones serán judicializadas, para llevar ante los jueces a quienes hayan hecho mal uso de los recursos públicos y obligado a empleados públicos, a participar en el financiamiento de campañas electorales, pues en la Operación Justicia para Chihuahua, habrá cero tolerancia y se vigilará que nadie quede por encima de la ley, explicó Murillo.