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México

Insabi solicitó a Hacienda 9,337 millones de pesos para equipar hospitales durante crisis de coronavirus

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Ante el incremento de contagios por coronavirus y un sistema de salud deteriorado, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) busca reforzar los hospitales con equipo médico como: ventiladores, monitores de signos vitales avanzados, camas de terapia intensiva y rayos X portátiles, entre otras cosas.

De acuerdo con el diario El Universal, el Insabi también planea sustituir, a nivel nacional, los equipos para el diagnóstico de COVID-19, entre las que destacan, termocicladores en tiempo real, ultracongeladores verticales y robots de extracción, para reducir los síntomas e índices de morbilidad y mortalidad durante la epidemia.

Y es que los más de 11 hospitales que forman parte del Insabi carecen de insumos médicos, camas y personal para poder enfrentar la crisis de salud que vive el país a causa del COVID-19, enfermedad que ya cobró la vida de 1,221 personas a la fecha.

Por ello, Juan Antonio Ferrer Aguilar, director general del Insabi, firmó la solicitud de recursos por un monto estimado de 9,337 millones de pesos. La petición fue turnada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y representa una de las mayores sumas requeridas en lo que va del año.

Se planea la adquisición de al menos 4,260 ventiladores adulto-pediátrico; 3,041 monitores de signos vitales avanzados; 1,818 camas de terapia intensiva; 56 equipos de rayos X portátiles; 187 equipos de ultrasonido point of care.

Así como 55 termocicladores en tiempo real; 104 ultracongeladores verticales de diferentes especificaciones; un equipo de transferencia eléctrica; 47 robots de extracción; un equipo de análisis de información y diagnóstico para secuenciación, además de siete lectores de código de barras; 10 equipos para análisis de información y diagnóstico para PCR en tiempo real.

Cabe destacar que el sistema de salud en México refleja un deterioro y falta de equipo para atender la demanda de casos de COVID-19 que abarrotan los hospitales en el país y pese a las solicitudes de compra de insumos, aún no se ha visto un cambio en hospitales.

Tan sólo el pasado 11 de marzo, el Insabi pidió más de 145 millones de pesos para comprar material y poder distribuirlo en clínicas de diversas entidades del país.

Otros hospitales también presentaron una carta ante la Secretaría de Hacienda, en la que pidieron un presupuesto para equipar los lugares de atención médica al paciente.

Entre ellos destaca el Hospital General; el Hospital Juárez y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), quienes pidieron 70 químicos, 70 auxiliares de laboratorio, 70 técnicos de rayos X, 174 camilleros, 116 afanadores y 106 técnicos de rehabilitación, así como una lista de 150 insumos para trabajar, los cuales contemplaban material básico como jabón antiséptico, cubrebocas, gel antibacterial, papel, jeringas y catéteres.

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Tras el decreto de la fase 2 por la pandemia de COVID-19 en el país, también se convocó a médicos y enfermeras a formar parte del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar.

El proceso de reclutamiento para sumarse a las filas del Insabi, que actualmente se mantiene, fue anunciado por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

López-Gatell recordó que dicho programa buscará integrar más de 40,000 médicos, enfermeras y especialistas, quienes laborarán en las zonas más pobres del país, algunas como son: Amatlán, Chiapas; Metztitlán, Hidalgo, y Fresnillo, Zacatecas.

“Se convoca a todas las personas comprometidas y con altos valores de ética médica, capaces de llevar salud a las comunidades más marginadas del país y escuchar la historia de cada persona como si fuera la primera vez”, dijo la Ssa.

Fuente: Infobae

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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