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Insiste Morena a INE que entregue datos biométricos de ciudadanos

Bajo el argumento de evitar fraudes electorales y transitar a una democracia activa que permita consultas populares baratas, vía electrónica; Morena en la Cámara de Diputados insistió en que el Instituto Nacional Electoral (INE) entregue a la Secretaría Gobernación los datos biométricos de los ciudadanos.

Al reiterar esta propuesta, que viene en la iniciativa de la Ley General de Ciudadanía Digital del diputado por Morena, Javier Hidalgo, este legislador se refirió a las declaraciones del consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños Martínez en torno a que “los datos de los ciudadanos no se entregarán al gobierno, sea cual sea su color”, y expuso que la Secretaría de Gobernación está en todo derecho de solicitar los datos de los ciudadanos.

Hidalgo señaló que, no entregar los datos personales de los ciudadanos “es una maniobra política del Consejero Baños el cómo lo está presentando”, porque con el propio artículo 16 constitucional, que protege los datos personales de cada individuo y con el artículo transitorio de la ley de población, se establece que la credencial de elector funciona de manera supletoria a la cédula de identidad. «De este modo, queda claro que tanto el INE como la Secretaría de Gobernación son únicamente depositarios de la información, pero los dueños son los propios ciudadanos».

Durante su intervención en el Conversatorio «Democracia Digital para el Cambio Sostenible», el diputado Javier Hidalgo insistió ante jóvenes convocados en el evento realizado en la Cámara baja que se apruebe la Ley General de la Ciudadanía Digital, con la que el INE tendría que entregar a Gobernación los más de 80 millones de datos biométricos de los ciudadanos que están en el padrón electoral, para que sean empleados en votaciones.

Hidalgo recordó que, por insistencia del presidente de la República, buscaron “quitarle los candados a la Constitución” para legalizar las consultas populares y la revocación de mandato, y así consultar a los ciudadanos. Pero acusó que, en el Senado, el PRI y el PAN regatearon los cambios y la consulta quedó igual.

Por ello, señaló que seguirán insistiendo para reformar la ley, explicó que con la propuesta de Ley General de la Ciudadanía Digital buscan actualizar la tecnología dentro de un marco legal y facilitar las consultas , abaratando costos y reduciendo su precio hasta en un 95 por ciento.

Fuente: El Sol de México

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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