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Interjet es un dolor de cabeza, afirma Profeco

Este año el dolor de cabeza lo ha dado Interjet, responde Ricardo Sheffield cuando se le pregunta sobre el trabajo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor para poner orden en el sector de la aviación comercial.

En entrevista con El Sol de México, cuenta que son varios millones de pesos en multas a esta aerolínea. Sólo entre enero y septiembre Interjet acumuló en el sector la mayor cantidad de quejas de los usuarios: mil 440, el doble de todo 2018, principalmente por retrasos y cancelaciones en los periodos vacacionales de Semana Santa y verano.

Entre el 29 y el 31 de julio fueron cancelados 133 vuelos en todas las rutas operadas por Interjet, lo que afectó a más de 18 mil pasajeros; esto, además de 22 vuelos con demoras que impactaron a casi tres mil usuarios. La aerolínea argumentó la falta de tripulación suficiente para sus vuelos.

“Espero que (Interjet) pueda arreglar sus problemas internos y de organización para generar menos dolores de cabeza a los consumidores en este país”. Por lo pronto, reconoce, hay una mejoría en esta empresa en el cierre de año.

Esta tendencia, asegura, ya se observa en la industria en general, resultado de ese trabajo de 13 meses para “meter orden” en los servicios de la aviación comercial. “Al inicio del año se retrasaba un vuelo y ni te hacían el favor de decirte, ni explicaban por qué se había retrasado, ahora te informan por cuánto tiempo, por qué, por altavoz, por la pantalla te ponen cuánto tiempo de retraso y hasta en tu teléfono.

“Se ha dado una amplia difusión, como obliga la ley, por parte de los proveedores del servicio de transportación aérea de los derechos que tenemos como consumidores, ha habido millones de pagos en indemnizaciones por atrasos, por cancelaciones, creo que está mejorado y el próximo año ya con la plena implementación de las reformas de ley que se dieron en 2018 iremos viendo un mejor servicio en la aviación mexicana”.

El empoderamiento de los consumidores, dice el procurador, es un tema fundamental para la Cuarta Transformación y parte de esta tarea se consolida cada lunes en la conferencia mañanera del Presidente, cuando se presenta el Quién es quién en los combustibles.

Fuente: El Sol de México

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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