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México

Interponen acción de inconstitucionalidad ante riesgos en protección de datos

Tras revisar la publicación del pasado 10 de abril, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México (LPDPPSO), la oficina de la ombudsperson capitalina identificó que el documento “contienen diversos artículos que vulneran los derechos humanos”.

Así, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad para que se declare la invalidez de los Artículos 15, 21, 44, párrafo segundo, 77 y 79, fracción V, de la LPDPPSO.

Dichos artículos atentan contra el derecho de protección de datos personales al permitir que las autoridades los puedan obtener y usar de manera ilícita, limita además que cualquier persona pueda proceder a la cancelación de sus datos personales, ambas son contrario a lo establecido en la Ley General reglamentaria de la Constitución.

También pone el riesgo los derechos de personas con discapacidad y de grupos de atención prioritaria por señalar que un responsable de Unidad de Transparencia procurará que éstas puedan ejercer en igualdad de circunstancias su derecho a la protección de datos personales. Cuando tiene carácter universal y por su situación es obligatorio que se garantice el derecho a personas en situación de discriminación, como las personas con discapacidad o personas mayores.

En este supuesto también se desconoce derechos de personas indígenas al no respetar que características culturales, como su lengua, se tomen en cuenta en los procedimientos en los que son parte.

La Acción de Inconstitucionalidad de la CDHDF se suma a la presentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), contra la referida Ley por el contenido de 14 de sus artículos.

En la Acción de Inconstitucionalidad que presentó, la CDHCDMx solicitó a la SCJN que se realice un ejercicio de revisión integral del Sistema de Protección de Datos Personales que establece la LPDPPSO, a fin de que el mismo garantice el respeto de los derechos humanos de las personas titulares de los derechos establecidos Constitucionalmente.

La Ciudad de México ha sido pionera en el reconocimiento de distintos derechos humanos. En el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, autoridades y sujetos obligados debemos reforzar nuestro compromiso con el respeto y garantía de los mismos; así como que se cumpla con los estándares más altos de protección en pro de las personas, finaliza.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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