Chihuahua
Interponen denuncia en contra del DIF por mostrar el expediente de «Toñita»
En virtud de la publicación del expediente 18/2013 de la bebé de Clara Armendáriz que fue divulgado por medios de comunicación, se interpondrá denuncia penal contra la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del DIF estatal, que violó la intimidad y exposición de datos sensibles de la menor, ocasionando estigmatización y daño moral, vulnerando el principio de interés superior de la menor, contradictoriamente con el objetivo que tiene dicha institución.
En virtud de la publicación del expediente 18/2013 de la bebé de Clara Armendáriz que fue divulgado por medios de comunicación, se interpondrá denuncia penal contra la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del DIF estatal, que violó la intimidad y exposición de datos sensibles de la menor, ocasionando estigmatización y daño moral, vulnerando el principio de interés superior de la menor, contradictoriamente con el objetivo que tiene dicha institución.
Así mismo se presentará Queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante el incumplimiento del DIF en su obligación del cuidado y protección a la bebé, que va mucho más allá de proporcionarle alimentación y vestido; la exposición ilegal de un expediente bajo la secrecía de la autoridad administrativa, viola el derecho a la vida privada de la menor y el principio fundamental del interés superior de la niña, que puede acarrear responsabilidad internacional al estado mexicano, en razón de los Tratados Internacionales firmados.
Además de la violación a los derechos humanos de la menor, se cometieron los delitos de “revelación de secreto”,establecido en el artículo 207 y el de “ejercicio ilegal del servicio público”,señalado en el artículo 253 fracción IV y V, ambos del Código Penal del Estado de Chihuahua; adicionalmente incurrieron en faltas administrativas al reglamento de la Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social del DIF estatal rompiendo con el compromiso de la cultura de la legalidad.
Como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Redacción: Corina Muruato.
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