Opinión
Inversión. Por Raúl Saucedo
ECOS DEL CALENDARIO
La discusión sobre una reforma electoral en México se ha reabierto a raíz de la instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, lo que representa una oportunidad para revisar aspectos fundamentales de nuestra democracia.
Entre las propuestas que circulan, destaca por su potencial de renovación —y por el debate que genera— la posibilidad de reducir la edad para votar a los 16 años. Esta medida busca incluir a un sector de la población que ya asume responsabilidades, pero que carece de voz en las urnas.
El argumento de la supuesta inmadurez de los jóvenes pierde fuerza frente a una realidad: a los 16 años, muchos ya forman parte del mercado laboral, contribuyen con impuestos y asumen responsabilidades propias de la vida adulta. Sin embargo, se les niega el derecho a participar en la elección de los gobernantes cuyas decisiones impactan directamente su vida, como las políticas educativas o de empleo. Esta exclusión genera una brecha entre los políticos y los jóvenes, quienes perciben que sus intereses no son tomados en cuenta.
La experiencia internacional ofrece referencias valiosas. Países como Austria, Argentina y Brasil ya han implementado el voto desde los 16 años. En Austria, esta medida se ha consolidado como parte de su sistema democrático, fomentando una mayor participación cívica. En Argentina y Brasil, se trata de un voto opcional, lo que permite a los jóvenes ejercer este derecho si así lo desean. Estos casos demuestran que la inclusión de jóvenes de 16 y 17 años en la vida política es posible y puede fortalecer la democracia.
Para que esta propuesta avance en México, es crucial atender dos aspectos clave:
- Impulsar un debate profundo y plural, que involucre no solo a políticos, sino también a expertos en psicología, sociología y educación.
- Acompañar la medida con un fortalecimiento de la educación cívica en las escuelas.
Dar el voto a los 16 años no basta; es necesario proporcionar herramientas para que las y los jóvenes tomen decisiones informadas y ejerzan su derecho de forma responsable. Reducir la edad para votar no debe verse como el fin de la reforma, sino como un primer paso hacia una democracia más inclusiva y representativa.
Si esta propuesta dentro de la inminente reforma electoral no se acompaña de lo anterior, difícilmente tendrá un impacto sustancial. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México había alrededor de 6.5 millones de adolescentes de entre 15 y 17 años.
Con lo expuesto, es preciso reflexionar: ¿cuál sería el motor “democrático” que llevaría a más de 6 millones de jóvenes a las urnas? Probablemente, muchos coincidiríamos en que serían las redes sociales. Y es aquí donde, al abrir nuestro celular, veríamos qué hace eco en ellos. A juicio personal, no creo que eso necesariamente fortalezca la democracia mexicana.
Debo confesar que esta columna fue inspirada por los recuerdos que me mostró Facebook ayer, donde los eventos juveniles del Día Internacional de la Juventud marcaban el calendario de mis veinte. Entre esas publicaciones, me quedo con una frase: “Lo importante de la juventud no es cómo conservarla, sino cómo invertirla”. Y creo que esa inversión, en muchos casos, ya está rindiendo frutos.
@RaulSaucedo
Opinión
Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.
México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.
¿Por qué Huachicol?
“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera
Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.
Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.
La escoba de Tabasco
Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.
Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.
Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.
El huachicol aprendió a usar corbata
Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.
Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.
Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas
Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.
Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.
Los otros demonios
Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.
López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.
Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.
¿Alguien les pondrá un alto?
-
México21 horas agoEU denuncia influencia del crimen organizado en Baja California
-
México21 horas agoMás de 7 millones cuentan con credencial del Servicio Universal de Salud
-
Revista22 horas agoOlas de calor e incendios aumentan contaminación por ozono a niveles alarmantes
-
México21 horas agoFamilia de Jazmín Adriana bloquea avenida por falta de avances en su búsqueda
