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Opinión

Inversión. Por Raúl Saucedo

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ECOS DEL CALENDARIO

La discusión sobre una reforma electoral en México se ha reabierto a raíz de la instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, lo que representa una oportunidad para revisar aspectos fundamentales de nuestra democracia.

Entre las propuestas que circulan, destaca por su potencial de renovación —y por el debate que genera— la posibilidad de reducir la edad para votar a los 16 años. Esta medida busca incluir a un sector de la población que ya asume responsabilidades, pero que carece de voz en las urnas.

El argumento de la supuesta inmadurez de los jóvenes pierde fuerza frente a una realidad: a los 16 años, muchos ya forman parte del mercado laboral, contribuyen con impuestos y asumen responsabilidades propias de la vida adulta. Sin embargo, se les niega el derecho a participar en la elección de los gobernantes cuyas decisiones impactan directamente su vida, como las políticas educativas o de empleo. Esta exclusión genera una brecha entre los políticos y los jóvenes, quienes perciben que sus intereses no son tomados en cuenta.

La experiencia internacional ofrece referencias valiosas. Países como Austria, Argentina y Brasil ya han implementado el voto desde los 16 años. En Austria, esta medida se ha consolidado como parte de su sistema democrático, fomentando una mayor participación cívica. En Argentina y Brasil, se trata de un voto opcional, lo que permite a los jóvenes ejercer este derecho si así lo desean. Estos casos demuestran que la inclusión de jóvenes de 16 y 17 años en la vida política es posible y puede fortalecer la democracia.

Para que esta propuesta avance en México, es crucial atender dos aspectos clave:

  1. Impulsar un debate profundo y plural, que involucre no solo a políticos, sino también a expertos en psicología, sociología y educación.
  2. Acompañar la medida con un fortalecimiento de la educación cívica en las escuelas.

Dar el voto a los 16 años no basta; es necesario proporcionar herramientas para que las y los jóvenes tomen decisiones informadas y ejerzan su derecho de forma responsable. Reducir la edad para votar no debe verse como el fin de la reforma, sino como un primer paso hacia una democracia más inclusiva y representativa.

Si esta propuesta dentro de la inminente reforma electoral no se acompaña de lo anterior, difícilmente tendrá un impacto sustancial. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en México había alrededor de 6.5 millones de adolescentes de entre 15 y 17 años.

Con lo expuesto, es preciso reflexionar: ¿cuál sería el motor “democrático” que llevaría a más de 6 millones de jóvenes a las urnas? Probablemente, muchos coincidiríamos en que serían las redes sociales. Y es aquí donde, al abrir nuestro celular, veríamos qué hace eco en ellos. A juicio personal, no creo que eso necesariamente fortalezca la democracia mexicana.

Debo confesar que esta columna fue inspirada por los recuerdos que me mostró Facebook ayer, donde los eventos juveniles del Día Internacional de la Juventud marcaban el calendario de mis veinte. Entre esas publicaciones, me quedo con una frase: “Lo importante de la juventud no es cómo conservarla, sino cómo invertirla”. Y creo que esa inversión, en muchos casos, ya está rindiendo frutos.

@RaulSaucedo

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Opinión

El agua y la sed de poder. Por Caleb Ordóñez T.

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La crisis del agua en el norte de México ya dejó de ser un tema técnico. Hoy es un asunto político, económico y profundamente social. Porque cuando un país empieza a preguntarse si tendrá suficiente agua para producir, crecer y vivir, deja de hablar del clima y empieza a hablar de poder. En paralelo, México vive uno de sus momentos más prometedores en décadas con el boom del nearshoring, es decir, la decisión de empresas globales de mover sus fábricas más cerca de Estados Unidos para reducir costos, tiempos y riesgos. La narrativa suena poderosa: más inversión, más empleos, más desarrollo. Pero hay una pregunta incómoda que empieza a pesar más que cualquier discurso: ¿con qué agua se va a sostener ese crecimiento con la inminente sequía que viene?

Caleb Ordoñez

El nearshoring no funciona solo con tratados ni con entusiasmo económico. Necesita energía constante, infraestructura eficiente y enormes -inmensas- cantidades de agua. Y ahí aparece el verdadero problema: las regiones más atractivas para esta inversión son también las más presionadas por la sequía. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California y Tamaulipas concentran esta paradoja. Son motores industriales, puertas de entrada al mercado estadounidense y piezas clave del nuevo mapa económico de América del Norte, pero al mismo tiempo enfrentan niveles de estrés hídrico cada vez más preocupantes. El norte del país se está volviendo más competitivo hacia afuera, pero más vulnerable hacia adentro.

Y no es solo que falte agua, sino cómo la usamos. En México, la mayor parte del consumo se destina al sector agropecuario, mientras la industria crece y las ciudades se expanden con rapidez. Los acuíferos, muchos ya sobreexplotados, no logran recuperarse al ritmo de la demanda. Aquí entra un concepto clave que pocas veces se explica con claridad: la disponibilidad de agua. No significa simplemente que exista agua en el territorio, sino que esté disponible de forma constante, accesible en costos, con calidad adecuada y con infraestructura suficiente para captarla, tratarla y distribuirla. Y hoy, en buena parte del norte del país, esa ecuación ya no está garantizada. El riesgo no es futuro, es presente.

Cuando el agua empieza a escasear, la política inevitablemente entra en escena. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este puede convertirse en uno de los temas más delicados de su administración. Porque el discurso de crecimiento impulsado por el nearshoring puede chocar directamente con la realidad cotidiana de millones de personas que empiezan a resentir cortes, baja presión o incertidumbre sobre el abasto. Y cuando la gente percibe que el desarrollo económico compite con su acceso a un recurso básico, el problema deja de ser técnico y se vuelve emocional.

Ahí es donde la oposición encuentra terreno fértil. En estados donde históricamente el PAN y el PRI han tenido estructuras políticas, empresariales y sociales muy sólidas (como Nuevo León, Chihuahua o Coahuila), una crisis de agua sostenida puede traducirse en algo muy concreto: voto de castigo. La narrativa es simple y poderosa: “llegó la inversión, pero se fue el agua”; “prometieron desarrollo, pero no aseguraron lo básico”. Y cuando esa percepción se instala en la conversación pública, los equilibrios políticos cambian. Morena no solo enfrenta un reto de gestión, enfrenta un reto de narrativa, que si no se preparan, será imposible de solucionar.

Pero hay algo todavía más delicado. El agua ya no solo genera escasez, empieza a generar tensión. Conflictos entre sectores productivos, entre comunidades, entre zonas urbanas y rurales. Cuando el recurso se vuelve limitado, también se vuelve motivo de disputas y violencia. Lo que hoy son señales de estrés mañana pueden convertirse en conflictos abiertos si no se actúa con visión de largo plazo.

Por eso este no es solo un problema de gobierno, es un reto de país. Cuidar el agua no puede quedarse en campañas o discursos, tiene que convertirse en cultura, en educación, en disciplina cotidiana. Tenemos que enseñar —y aprender— que el agua no es infinita, que abrir la llave no es automático, que cada decisión cuenta. Porque al final esto va mucho más allá de la política o la economía. Un país que no cuida su recurso más vital no solo pone en riesgo su crecimiento, pone en riesgo su estabilidad. Y cuando el agua empieza a escasear, lo primero que se seca no es la tierra, es la paciencia social.

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