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Investiga Fiscalía de Génova causas del derrumbe del puente

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La Fiscalía investiga la causa del derrumbe de un puente en Génova, en el noroeste de Italia, que causó al menos 38 muertos, mientras los bomberos continúan trabajando sin pausa para encontrar a unos cinco desaparecidos entre los bloques de cemento.

Los fiscales de Génova Walter Cotugno y Massimo Terrile ordenaron hoy precintar el acceso al puente para continuar las investigaciones y que los bloques que se desplomaron sean retirados y trasladados a un lugar para su examen.

La primera hipótesis que se está tomando en consideración es la de que se pudo romper uno de los tirantes del viaducto, como comentó a los medios italianos Antonio Brencich, profesor de la Universidad de Ingeniería de Génova que participa en la comisión ministerial formada para esclarecer las causas de este derrumbe.

Valentina Galbusera, que se encontraban en el viaducto en ese momento, explicó que vio «cómo se soltaban los tirantes de acero uno tras otro y el puente empezó a moverse como si hubiese un terremoto», en declaraciones al diario «La Repubblica».

Esta doctora del hospital Villa Scassi explica que intentó echar marcha atrás, pero un chico le aconsejó salir corriendo y escapar y así pudo salvar su vida.

En espera de que se sepan las causas del derrumbe, el Gobierno italiano, formado por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, ha reiterado su decisión de iniciar un proceso para retirar la concesión de la gestión de las carreteras y autopistas al grupo Autostradre, controlado por Atlantia.

El Gobierno indica a Autostrade como el principal responsable de la tragedia, ya que era el encargado de la manutención de esta carretera.

Por otra parte, las tareas para retirar los enormes bloques de cemento que cayeron al vacío continúan con dificultad por cuarto día consecutivo, pues se cree que puede haber hasta una decena de desaparecidos bajo los escombros.

No existen cifras oficiales sobre estos desaparecidos, pero hoy la Protección Civil redujo a cinco a las personas que aún resultan desaparecidas.

De los 16 heridos por el derrumbe, nueve personas continúan ingresadas, tres de ellas de gravedad por numerosos traumatismos y una mujer por intoxicación con anhídrido carbónico.

Mañana se celebrará el funeral de Estado por las 38 víctimas recuperadas hasta el momento, con la presencia del presidente de la República, Sergio Mattarella; del primer ministro, Giuseppe Conte, y oficiado por el cardenal y arzobispo de Génova, Ángelo Bagasco.

Un funeral que estará envuelto en la polémica ya que 20 de las familias de las víctimas han decidido no participar en las exequias públicas y han preferido una ceremonia privada.

Algunas de ellas han manifestado que no participarán en lo que han considerado «una pasarela» para los políticos.

«Es el Estado el que ha causado todo esto. Es mejor que no se les vea. La pasarela de los políticos ha sido vergonzosa», afirmó Nunzia, la madre de Gerardo Esposito, uno de los cuatro jóvenes napolitanos que perdieron la vida, según recoge el diario «Il Secolo XIX».

La ceremonia se celebrará mañana a las 11:30 horas locales (09:30 Horas) en la Feria de esa ciudad italiana, pero la presencia de solo 18 víctimas de las 38 deja ver la rabia de los familiares.

Es el caso de los familiares de Alessandro Robotti y su mujer Giovanna Bottaro, que celebrarán un funeral privado mañana en la parroquia del municipio de Arquata Scrivia (Liguria).

Tampoco participarán en el funeral de mañana los familiares de Andrea Vittone y su esposa Claudia Possetti, que fallecieron junto con los dos hijos de ella, Camilla, de 12 años, y Manuele, de 16.

Los familiares de Stella Boccia, de 23 años, también han preferido celebrar un funeral privado, mientras que sí han autorizado la ceremonia oficial los parientes de su novio, originario de Perú, Carlos Jesús Eraro Trujillo. Ambos murieron mientras emprendían sus vacaciones.

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Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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