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Investigan a doctores de la CDMX por presunta falsificación de actas de defunción que podrían alterar las cifras de COVID-19

En la Ciudad de México han reportado un total de 2,862 defunciones por COVID-19 hasta el 4 de junio de 2020, una situación que ha puesto en alerta a las autoridades por la emisión de actas de defunción, pues investigan una denuncia por presuntas falsificaciones.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital mexicana mantiene una investigación por supuestas alteraciones de al menos 500 actas de defunción en manos de médicos del sector salud durante la pandemia de contagios por coronavirus, de acuerdo con El Universal.

Los documentos, aseguraron, podrían haber manifestado que los presuntos decesos ocurrieron por insuficiencia respiratoria, neumonía atípica o neumonía viral. Por otra parte, reportaron también el robo de más de 500 actas de defunción.

Las autoridades iniciaron con la carpeta de investigación por una denuncia que presentó la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, pues las irregularidades en el llenado de los documentos podrían poner en duda la veracidad de las muertes por el virus SARS-CoV-2.

Dicha investigación, por el momento, se enfoca en 10 médicos por expedir certificados alterados o ser parte de una “omisión”, pues no habrían realizado su trabajo de manera correcta al deja de acudir a los domicilios o clínicas para verificar las causas de muerte.

Sin embargo, solamente fueron reveladas las identidades de tres de ellos, quienes ya están bajo investigación e interrogación por parte de la Policía de Investigación, de acuerdo al periódico mexicano.

Desde la Agencia, precisaron que las falsificaciones podrían poner en riesgo la salud pública de la comunidad, pues las causas de muertes reales no le son notificadas a los familiares de las víctimas ni mucho menos a quienes llevan el registro estadístico de fallecimientos por coronavirus.

En respuesta, la administración de la capital reveló que se intensificarán los cuidados para disponer de actas de defunción elaboradas de forma correcta. Aseguraron, por otra parte, que una deficiente identificación de las causas de muerte podría alterar la evaluación del comportamiento de la pandemia en la Ciudad de México.

Sobre un robo de 500 certificados en el mes de enero pasado, revelaron que fue hasta el 22 de mayo que comenzaron con las sospechas de alteraciones, pues los folios oficiales no correspondían con los actuales expedidos.

La Fiscalía General de Justicia todavía no determina los delitos en los que presuntamente habrían incurrido los doctores, así como las sanciones que deberán enfrentar. Quedará en manos del Ministerio Público local si consigna la carpeta de investigación a un juez de control durante las próximas horas.

Fuente: informador

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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