Los cuerpos fueron enterrados en 2013 en dos fosas de varios metros de profundidad ubicadas en un panteón del poblado indígena de Tetelcingo, municipio de Cuautla.
“Estamos hablando de 105 cadáveres, más o menos, relacionados con diversas carpetas de investigación” de hechos delictivos, dijo el fiscal estatal Javier Pérez.
Sin embargo, la secretaria ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) , Fabiola Colín, aseguró a la prensa que son “más de 140 cadáveres que fueron depositados en una fosa común al parecer clandestina” , pues el panteón es propiedad de una persona particular y aparentemente no cuenta con los permisos necesarios.
“Vamos a revisar que se haya actuado con todos los protocolos que manda la ley”, dijo el fiscal Pérez a la prensa tras un acto en el que asumió su cargo, sin precisar cuáles y cuántos funcionarios están siendo investigados.
Según el fiscal, se trata de cuerpos que se habían ido acumulando en las instalaciones de la fiscalía, y aunque la dependencia tiene facultad para depositarlos en fosas comunes, debe contar con los debidos procesos legales, periciales, sanitarios y administrativos.
“Desgraciadamente, Servicios Periciales de la fiscalía no cuenta con un área tan grande como para poder estarlos soportando”, reconoció el fiscal.
En Morelos operan cárteles narcotraficantes como Los Rojos y Guerreros Unidos, este último involucrado en la desaparición y presumible masacre de los 43 estudiantes en el vecino Guerrero. Estas bandas criminales se financian también a través de extorsiones y secuestros contra pobladores y comerciantes.
Las pugnas entre cárteles y los operativos militares para combatirlos han dejado desde 2006 más de 100 mil muertos y desaparecidos en México.
Milenio
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