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México

Investigan a Peña Nieto en Estados Unidos por presunto soborno en Pemex

El expresidente Enrique Peña Nieto es investigado en Estados Unidos, por un presunto soborno en Petróleos Mexicanos (Pemex), realizado en 2015.
Así lo publica El Universal, que indica que el ex mandatario federal habría autorizado que la petrolera comprara la empresa privada Fertinal, pero a un sobreprecio, que causó un daño tanto a las finanzas de Pemex y al erario.

Esa información la entregó un «informante» bajo pena de perjuicio, señala el rotativo, al Departamento de Justicia estadounidense y a la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés), Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y agencia del gobierno de ese país.
Advertencia sobre la compra
Según El Universal, las consultoras PricewaterhouseCoopers (PwC) y Binder Dijker Otte (BDO), así como la Auditoría Superior de la Federación dijeron que Fertinal estaba en quiebra:

Tenía una deuda bancaria de 264 millones de dólares. Además, solamente disponía de 12 mil dólares de efectivo en cajas.
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El «informante», bajo pena de perjurio, de acuerdo con las leyes de la Unión Americana, señala que la adquisición se hizo cuando el director de Pemex Fertilizantes era Juan Alfredo Lozano Tovar.

El directivo, en 2016, comentó en la sesión 005 Ordinaria de Consejo de Administración que “se consolidó la adquisición de Fertinal recibiéndose en una situación de crisis de liquidez, con un capital de trabajo negativo y un riesgo inminente de quiebra».
Pemex Fertilizantes, subsidiaria de Pemex al mando de Édgar Torres Garrido, aseguró que la adquisición aumentaría la capacidad productiva a 1.2 millones de toneladas de fertilizantes sólidos.

Unos seis meses después de la adquisición, Grupo Fertinal operaba al 60 por ciento de lo que producía, por lo que el propio Libro Blanco de Pemex reconoció que la empresa estaba en quiebra cuando se adquirió.

El 30 de noviembre, el último día del gobierno de Peña Nieto, la SFP anunció el inicio de procedimientos de responsabilidades por la adquisición de Grupo Fertinala través de un crédito bancario por 209.1 millones de dólares que generó pérdidas estimadas en 619.8 millones de dólares.

sdp noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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