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México

Investigan a policías de CDMX por presunto abuso en revisión a menor

La Secretaría de Seguridad Ciudadana abrió una investigación a los elementos involucrados en la revisión a un menor de edad, presuntamente por llevar marihuana, en hechos divulgados mediante redes sociales que fueron calificados como un abuso de autoridad.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó a través de su cuenta de Twitter que instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dar inicio a una investigación a los hechos registrados en el Parque México.

“En cuanto tuve conocimiento, instruí al secretario de @SSC_CDMX que revisara el caso. De inmediato se envió a asuntos internos. No debe haber abuso policial ni criminalización a los jóvenes. Seguimos formando a la policía en el marco de los derechos humanos”, informó Sheinbaum.

Durante una conferencia de prensa este domingo, García Harfuch aclaró que el menor de edad no fue detenido, como circuló inicialmente en redes, sino que fue “una revisión a 10 jóvenes”.

“Los elementos policiales fueron citados en Asuntos Internos de la SSC para iniciar una investigación en la que se respetarán los derechos de los ciudadanos y de los policías”, informó.

El jefe policial precisó que desde el sábado los policías acudieron al “piso 7” del edificio de la SSC, donde se ubican las oficinas de la Unidad de Asuntos Internos, “para revisar exactamente qué pasó”.

“En el caso que haya abuso policial se va a proceder como en todos los casos con total claridad y contundencia”, sostuvo García Harfuch.

Durante la conferencia, el titular de la SSC aclaró que, no porque un incidente que involucra policías aparezca en una nota periodística o en una publicación en Twitter acusando un abuso policial significa que la corporación lo dará por hecho.

“Así como todos los ciudadanos tienen derechos, también nuestros policías tienen derechos, y nuestro deber es saber exactamente qué sucedió en cada caso”, sostuvo, y afirmó que es importante que sus “compañeros se sientan respaldados cuando realizan su trabajo”.

En el video que comenzó a circular en redes el sábado pasado aparecen dos agentes policiales sometiendo a un joven de los brazos, mientras se encuentra pegado de frente a una pared.

Mientras es sometido, el joven grita a los agentes “no me puedes agarrar las partes nobles”, en repetidas ocasiones, mientras es auscultado.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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