La Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) informó a la Cámara de Diputados que Naciones Unidas proporcionará un grupo de peritos para reabrir la investigación de feminicidios en Ciudad Juárez, una vez que la fiscalía general de Chihuahua aceptó abrir los expedientes; también confirmó que se integrará un cuerpo de policía científica, integrado por agentes de la Policía Federal y de las estatales de aquella entidad y de Nuevo León, que serán capacitados por expertos de Portugal.

Durante una reunión para revisar los avances del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por el caso Campo Algodonero, la titular de la Conavim, Dilcya García Espinoza, dijo que se formará esta policía especializada para encontrar personas desaparecidas, con “la idea de que de una evidencia mínima se genere una línea de investigación que lleve a encontrar a mujeres o niñas desaparecidas”.

En el caso de los peritos de Naciones Unidas, dijo que someterá la relación a familiares de víctimas y de sus representantes legales , para que ellos elijan.

“Como subprocuradora (capitalina) me respaldaron en un caso y sé que no paran hasta que acaban. No permiten ninguna injerencia y no les importa si van a señalar a un gobernador o a un jefe de policía. Tenemos mucha fe en el peritaje que hagan, así como la creación de este cuerpo de elite especializado en encontrar personas”.

Durante el encuentro con la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados también el director de Derechos Humanos de la cancillería, Alejandro Negrín, reconoció que se ha cumplido en algunos casos parcialmente la sentencia de la CIDH, y en otros no, como en el caso de las sanciones a funcionarios responsables de negligencia en la investigación de los feminicidios.

“Es un problema que debemos resolver, porque hay prescripción de responsabilidades penales. Esto debemos asumirlo de frente, porque genera impunidad”.

Mientras, el jurídico del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete, cuestionó que desde 1985 a 2010 36 mil 606 mujeres han sido asesinadas en México por cuestiones de género “y cuyos proyectos de vida fueron truncados de manera abrupta, y son casos que constituyen una vergüenza nacional”.

Propuso que se integre una comisión de la verdad que permita saber “qué pasó en cada caso, aunque muchas familias ya lo saben, para reparación del daño causado por las omisiones”.

Lamentó, por ejemplo 46 órdenes de protección dictadas para salvaguardar la vida e integridad de mujeres que no hayan sido acatadas por los gobiernos de los estados y los tribunales locales.