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Investigarán a medios que difundieron fotos de feminicidio de Ingrid

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La Secretaría de Gobernación (Segob) ratificó su condena a la publicación y difusión de las imágenes sobre el feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas e informó que investigará a los medios de comunicación que las difundieron.

La libertad de expresión y de acceso a la información tiene límites, y uno de ellos es vulnerar la dignidad y la integridad de las víctimas, especialmente de violencia de género», expresó la dependencia federal. El caso de Ingrid debe ser tomado como un ejemplo de lo que nunca más debe ocurrir, subrayó.

En un comunicado, precisó que dicho material no sólo revictimiza, sino que también privilegia el sensacionalismo y el morbo, lo cual atenta contra la dignidad, intimidad e identidad de las víctimas y de sus familias.

El día de la lamentable publicación del material gráfico, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó en su cuenta de Twitter: El feminicidio de Ingrid y las agresiones a muchas otras mujeres, son actos inaceptables e indignantes; condeno enérgicamente estos hechos y a los responsables de publicar imágenes del crimen”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a Gobernación a que, en virtud de las facultades que le confiere la ley en la materia, realice una valoración exhaustiva respecto a las responsabilidades y consecuencias jurídicas de estos hechos a fin de que no queden impunes.

La Segob destacó que una vez desahogados los procedimientos se emitirá la resolución correspondiente, al tiempo que exhortó a todas autoridades federales, estatales y municipales del país, en especial a las que tienen a su cargo los temas de seguridad pública y de procuración de justicia, para que tomen las medidas de protección a la cadena de custodia que ordena el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ello a fin de que nunca más se vuelvan a filtrar ilegalmente imágenes de las víctimas en este tipo de hechos, especialmente en los casos de feminicidio, y se apliquen las debidas sanciones a los servidores públicos que resulten responsables.

Recordó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia faculta a Gobernación a vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, y se fortalezca la dignidad y el respeto de las mujeres, así como a sancionar a los medios de comunicación que no cumplan con ello.

Adicional a los procedimientos iniciados por la Secretaría, hizo un llamado a los medios de comunicación convencionales y digitales, así como a las directivas de las plataformas de redes sociales, para que eviten difundir imágenes de hechos vinculados con feminicidios o de algún otro crimen en los que se haga apología del delito, impliquen revictimización o se lucre exhibiendo la imagen de una víctima.

Agregó que, de la normatividad nacional vigente en la materia, cabe recordar que los medios de comunicación tienen el deber de aplicar los compromisos asumidos en el Convenio por la Igualdad de Género y Combate a la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación, signado en 2016 por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

También el Pacto de Medios de Comunicación y Plataformas Digitales en México para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, respaldado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Fuente: Excelsior

México

Detienen a exfuncionario penitenciario por desvío millonario ligado a empresas de Álvarez Puga

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Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), fue detenido por autoridades federales por su presunta participación en un desvío millonario de recursos destinados al sistema penitenciario federal.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el jueves, aunque no se precisó el lugar ni el destino al que fue trasladado. En el registro oficial se describe al detenido como un hombre de 1.63 metros de estatura, tez morena clara, barba y cabello entrecano, sin tatuajes visibles. Al momento de su detención vestía pantalón de mezclilla, playera color vino, chamarra café, botas grises y gorra del mismo tono.

Pérez Rodríguez es uno de los 61 exservidores públicos contra quienes se giraron órdenes de aprehensión en mayo de 2023. Entre los señalados también se encuentra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, así como diversos exmandos del sistema penitenciario federal. A todos se les imputan los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía General de la República acusa a Pérez Rodríguez de participar en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas factureras presuntamente relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la actriz y conductora Inés Gómez Mont, quien fue detenido en Miami, Estados Unidos. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la administración de recursos asignados a los penales federales del país.

En la lista de implicados también figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.

El caso forma parte de una investigación de mayor alcance sobre el manejo de recursos públicos en el sistema penitenciario federal. Las autoridades mantienen abierta la indagatoria y no han informado aún sobre la situación jurídica del detenido ni sobre las acciones que seguirán en el proceso.

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