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México

Investigarán a medios que difundieron fotos de feminicidio de Ingrid

La Secretaría de Gobernación (Segob) ratificó su condena a la publicación y difusión de las imágenes sobre el feminicidio de Ingrid Escamilla Vargas e informó que investigará a los medios de comunicación que las difundieron.

La libertad de expresión y de acceso a la información tiene límites, y uno de ellos es vulnerar la dignidad y la integridad de las víctimas, especialmente de violencia de género», expresó la dependencia federal. El caso de Ingrid debe ser tomado como un ejemplo de lo que nunca más debe ocurrir, subrayó.

En un comunicado, precisó que dicho material no sólo revictimiza, sino que también privilegia el sensacionalismo y el morbo, lo cual atenta contra la dignidad, intimidad e identidad de las víctimas y de sus familias.

El día de la lamentable publicación del material gráfico, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, expresó en su cuenta de Twitter: El feminicidio de Ingrid y las agresiones a muchas otras mujeres, son actos inaceptables e indignantes; condeno enérgicamente estos hechos y a los responsables de publicar imágenes del crimen”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a Gobernación a que, en virtud de las facultades que le confiere la ley en la materia, realice una valoración exhaustiva respecto a las responsabilidades y consecuencias jurídicas de estos hechos a fin de que no queden impunes.

La Segob destacó que una vez desahogados los procedimientos se emitirá la resolución correspondiente, al tiempo que exhortó a todas autoridades federales, estatales y municipales del país, en especial a las que tienen a su cargo los temas de seguridad pública y de procuración de justicia, para que tomen las medidas de protección a la cadena de custodia que ordena el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Ello a fin de que nunca más se vuelvan a filtrar ilegalmente imágenes de las víctimas en este tipo de hechos, especialmente en los casos de feminicidio, y se apliquen las debidas sanciones a los servidores públicos que resulten responsables.

Recordó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia faculta a Gobernación a vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia, y se fortalezca la dignidad y el respeto de las mujeres, así como a sancionar a los medios de comunicación que no cumplan con ello.

Adicional a los procedimientos iniciados por la Secretaría, hizo un llamado a los medios de comunicación convencionales y digitales, así como a las directivas de las plataformas de redes sociales, para que eviten difundir imágenes de hechos vinculados con feminicidios o de algún otro crimen en los que se haga apología del delito, impliquen revictimización o se lucre exhibiendo la imagen de una víctima.

Agregó que, de la normatividad nacional vigente en la materia, cabe recordar que los medios de comunicación tienen el deber de aplicar los compromisos asumidos en el Convenio por la Igualdad de Género y Combate a la Violencia contra las Mujeres en los Medios de Comunicación, signado en 2016 por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

También el Pacto de Medios de Comunicación y Plataformas Digitales en México para Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, respaldado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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