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Chihuahua

Investigarán denuncias de tortura por parte del gobierno de Javier Corral: Gobierno

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos mencionó que las prácticas de tortura que se usaron para fabricar algunas carpetas de investigación no se habían visto desde hace 50 años. “Es muy grave y de mucho daño para las instituciones”, dijo la gobernadora.

A la vez señaló que espera que se hagan las denuncias correspondientes para que se inicien las investigaciones, dijo que aunque no conoce las versiones de los implicados, si puede hablar de su caso, que para ella fue una clara fabricación. “Me lastima el uso faccioso de las instituciones”.

Finalmente dijo que se está buscando la manera de darle uso a esa propiedad que ahora está señalada como La Casa de la Tortura.

¿Qué pasó?

Según la publicación de La Jornada, que tuvo entrevistas con al menos cinco víctimas de estos interrogatorios, en esas instalaciones fueron presionados para declarar o incluso fabricar acusaciones, todo mientras el exgobernador Javier Corral Jurado y el entonces Fiscal General César Augusto Peniche, monitoreaban las declaraciones.

De acuerdo con dicho medio, se realizó tortura psicológica en contra de las víctimas y muchas de las ocasiones tuvo amenazas con órdenes de aprehensión contra de ellos o los miembros de su familia.

Nota de la Jornada:

El gobierno de Javier Corral Jurado convirtió lo que fue la Casa de Gobierno en un centro de operaciones policiacas y ministeriales, donde se integraban los conocidos aquí como “expedientes x” en contra de sus opositores de antaño y de quienes veía como futuros competidores políticos.

Allí, funcionarios, empresarios y ciudadanos fueron obligados a convertirse en “testigos colaboradores” para que sus testimonios sirvieran como elementos para enjuiciar a aquellos que decidiera el gobierno de Corral Jurado.

Para ello, fiscales estatales aplicaban “tortura sicológica y presionaban hasta que ya no se podía más. Te quebraban y, rendido, clamabas a los ministerios públicos: ¡dígame qué quiere que declare! ¡Ponga en el papel lo que desee, pero termine ya!”, narra uno de los afectados.

La Jornada entrevistó a cinco ex funcionarios que sirvieron a distintos gobiernos y a quienes obligaron a convertirse en “testigos colaboradores” e imputar a altos servidores públicos u otros personajes de la política, rivales del ex mandatario chihuahuense.

Algunos laboraron en el gobierno de Chihuahua incluso antes de la administración del priísta César Duarte Jáquez (2010-2016) y otros se convirtieron en proveedores de esa administración, pero a todos –aseguran– se les amenazó con acusarlos de haber participado en el desvío de recursos públicos que se imputa al ex mandatario priísta.

Como “testigos” debían señalar a personas, aunque en algunos casos no las conocieran. Si no “cooperaban”, la amenaza era la cárcel, destruir a sus familias o catear los domicilios de padres o hermanos “porque algo se encontraría para inculparnos, como si hubiéramos participado en algún delito”.

Uno de ellos refiere: “Desde el primer interrogatorio se era culpable, un ratero, aunque los fiscales reconocían que no había nada extraño en nuestras finanzas. Aun así terminaban con el prestigio y la calma, que era lo más valioso que teníamos.

“Había momentos en que el propio gobernador Javier Corral y el fiscal César Peniche supervisaban los interrogatorios a través de un sistema de circuito cerrado. Los fiscales nos decían que los testimonios, una vez escritos, eran checados y aprobados por el fiscal Peniche y por el mismísimo Corral, y si consideraban que no les servían para acusar a quienes ellos decidían, los teníamos que repetir hasta que estuvieran conformes.”

Durante el mandato del panista Corral Jurado, entre los principales objetivos de los “expedientes x” estuvieron, además del ex gobernador Duarte Jáquez –quien enfrenta una solicitud de extradición emitida por el gobierno mexicano al de Estados Unidos–, sus colaboradores: Antonio Tarín García, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Gerardo Villegas Madriles y Alejandro Ornelas.

En total, se estima que fueron 50 “testigos colaboradores” los creados por la fiscalía de Corral para “dar soporte a decenas de investigaciones contra ex funcionarios y proveedores de la administración de Duarte Jáquez”. Y con sus “declaraciones” se decomisaron bienes a los altos funcionarios acusados de actos de corrupción, si bien en septiembre pasado, a días de concluir su gestión, el gobierno de Corral Jurado devolvió a varios de ellos bienes que la fiscalía local había confiscado desde 2017.

En este caso, la actual gobernadora, también militante panista, María Eugenia Campos, fue uno de los objetivos de la fiscalía local. La intención era acusarla de actos de corrupción cuando fue alcaldesa de la capital de Chihuahua. Algunos testigos entrevistados por La Jornada revelaron haber sido presionados para construir declaraciones con las que se integrara su caso y evitar de esa manera que obtuviera, primero, la candidatura blanquiazul, y llegara al cargo de gobernadora.

Los cinco “testigos” de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua narraron con amplitud a este diario haber sido objeto de seguimiento físico o virtual, de actos de intimidación a través de intervenciones telefónicas y policiacas, entre otros métodos de acoso.

“Sabían hasta si habías ido a misa y cuando te citaban, preguntaban si recordabas las palabras del cura, y enseguida te repetían parte del sermón.”

Temen represalias

Los entrevistados solicitaron el anonimato por temor a represalias del ex gobernador Corral Jurado y el ex fiscal estatal César Peniche, “porque siguen siendo muy poderosos”.

Además, indicaron que aunque terminó el gobierno del panista, temen que continúen los llamados a declarar a cualquier hora y fecha. Y si no lo hacen, “los fiscales envíen por nosotros y cumplan las amenazas de enviarnos a prisión y fabricar delitos a nuestros familiares”.

A consecuencia de lo vivido durante cinco años, todos aseguran haber recibido atención sicológica y siquiátrica. Tres de ellos incluso intentaron suicidarse.

Otro apunta: “Durante los interrogatorios, los fiscales jugaban con lo que uno decía. Siempre acomodaron las cosas para imputar a gente con la que uno ya ni trato tenía o que por el solo hecho de haber sido tu jefe, tu compañero de área, te hacían que dijeras cosas que no te constaban ni estaban en tu responsabilidad como funcionario”.

El trauma por lo padecido es tal que incluso –señalan– no recuerdan los nombres completos de los fiscales que los interrogaban en la Casa Zarco. “Los jefes eran la licenciada Peña y Francisco Flores. Eran los más duros, los que amenazaban. Los que te decían que llegaras solo a la Casa Zarco. Que dejaras tu teléfono en la caseta de vigilancia. Ellos extendían los interrogatorios por horas, muchas veces más de 12, sin beber agua, consumir alimentos, ir al baño, y lo más importante, sin la presencia de abogados y en total aislamiento”, indican.

“‘¡Acuérdese!, ¡acuérdese bien!, usted está mintiendo. ¡Acuérdese!, si sale de aquí será detenido inmediatamente. ¡Piense! Si no coopera, se va a juicio y allá, en la cárcel, se dirá a sus ex amigos que usted cantó, y a ver cómo le va’”, eran las amenazas, coinciden tres de los cinco entrevistados.

Esto sucedía, dicen, cuando en la primera cita con los agentes del Ministerios Público se negaban a reconocer cargos en su contra y de quienes buscaban que fueran encarcelados, cuando pedían tiempo para aportar pruebas y demostrar su inocencia.

Coinciden en que a raíz de lo sucedido ya no tienen amigos; a varios de ellos los abandonó su familia, no encuentran trabajo y la tortura sicológica a que fueron sometidos desembocó en padecimientos como sicosis, hipertensión arterial y delirio de persecución.

En 2017, Corral Jurado decretó como parte de las “medidas de austeridad” que por necesidades financieras la Casa de Gobierno se subastaría con un precio base de 35 millones de pesos, lo cual a la fecha no se ha realizado. Pero ese mismo año, sus oficinas y estancias se transformaron en estos sitios de interrogatorios y presión.

“Comparecíamos en distintas partes de la casa. Ocupaban espacios en la planta baja o alta del edificio. Siempre aislados, permanecíamos en una silla, rodeados por tres fiscales y policías ministeriales que portaban su arma de cargo. Una pistola fajada al cinto.

“Los fiscales siempre nos decían: ‘si no va a cooperar, ¡váyase! Pero cuando regrese se irá a la cárcel, no habrá criterio de oportunidad. ¡Acuérdese, acuérdese! Coopere’.

“Y cuando nos veían quebrados, al punto del suicidio, nos canalizaban con un sicólogo sin vínculo con la fiscalía, él pertenecía a la Unidad de Atención a Víctimas. Él ha ayudado a superar un poco el trance, hasta el miedo a salir de casa. Pero no se termina el horror de tener que regresar a la Casa Zarco (como ahora se le llama a lo que fue la Casa de Gobierno).

“Lo único que queremos es paz. Durante todo este tiempo, ellos decían qué hacíamos, a qué hora, cómo teníamos que declarar. Un testimonio que comenzaba hoy podía terminarse dos meses después porque ellos decían que tenían que llenar huecos, y de todas maneras se firmaba con la fecha del primer día. Incluso hubo declaraciones que se rindieron tres años después de la primera vez y se firmaba con la fecha que ellos establecían. No había manera de negarse.”

Chihuahua

Chihuahua entre los Estados donde se fomentó más la paz: Sheinbaum

A pesar de la percepción general, los homicidios en México han registrado una caída en los últimos meses. Así lo destacó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la conferencia matutina de este 11 de marzo.

La funcionaria detalló que siete estados concentran la mayor cantidad de homicidios en el país, con Guanajuato a la cabeza, registrando 713 casos, lo que representa el 15.9% del total. Le siguen Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Sonora, entidades que continúan siendo focos rojos en materia de violencia.

A pesar de la reducción en las cifras, la violencia sigue siendo un desafío en estas regiones.

Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestran una disminución en los homicidios dolosos en México, pero la violencia sigue concentrada en ciertos estados, con Guanajuato a la cabeza.

Menos homicidios en el último semestre

De acuerdo con los datos presentados en la conferencia matutina del gobierno federal este 11 de marzo, el promedio diario de homicidios dolosos en el país registró una disminución del 15% entre septiembre de 2024 y febrero de 2025.

  • En septiembre de 2024, el promedio diario fue de 86.9 homicidios.
  • Para febrero de 2025, la cifra bajó a 74.68 homicidios por día.

Este descenso en la tendencia es un reflejo de las estrategias de seguridad implementadas, aunque la violencia sigue siendo un problema latente en varias regiones del país.

Guanajuato sigue como el estado más violento

El análisis por entidad federativa muestra que siete estados concentran el 53% de los homicidios en México. Guanajuato lidera la lista con 713 asesinatos (15.9% del total), seguido por:

  • Baja California: 340 homicidios (7.6%)
  • Chihuahua: 297 homicidios (6.6%)
  • Sinaloa: 296 homicidios (6.0%)
  • Michoacán: 293 homicidios (5.5%)
  • Sonora: 260 homicidios (5.1%)
  • Edomex: 248 homicidios (4.8%)

Estos estados mantienen una alta incidencia de violencia relacionada con el crimen organizado, el tráfico de drogas y disputas entre grupos delictivos.

Homicidios en febrero: la cifra más baja desde 2018

Si se compara con años anteriores, el mes de febrero de 2025 registró el promedio diario de homicidios más bajo desde 2018.

  • En febrero de 2019, el promedio diario de homicidios era de 100.9.
  • En febrero de 2025, la cifra bajó a 74.7, lo que representa una reducción del 26% en los últimos seis años.

El gobierno federal ha destacado esta tendencia como un logro en la estrategia de seguridad pública, aunque expertos advierten que los desafíos en seguridad siguen siendo importantes, especialmente en los estados con mayor incidencia delictiva.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó los avances de la estrategia de seguridad basada en la prevención y la atención a las causas desde las mesas estatales de paz.

Municipios prioritarios y mesas de paz

El programa ha identificado municipios prioritarios, donde se concentra un alto índice de violencia. Entre ellos destacan Tijuana, Ciudad Juárez, León, Celaya, Chilpancingo y Acapulco, así como varias localidades en Chiapas, donde la inseguridad ha ido en aumento en los últimos meses.

Además, la estrategia trabaja en 32 Mesas de Paz estatales y 266 regionales, con un 59% de participación de mujeres y niñas, reforzando el papel de las comunidades en la pacificación del país.

Acciones clave para la construcción de paz

Dentro del eje de acción del programa, destacan tres áreas fundamentales:

  1. Atención en comunidades
    1. 70,663 visitas casa por casarealizadas.
    2. 452,654 atenciones brindadas a la población.
    3. Creación de 98 Comités de Paz, con un 76% de participación de mujeres.
  2. Ferias de Paz y actividades comunitarias
    1. 87 Ferias de Paz organizadas, con servicios de salud, asesoría jurídica y actividades recreativas.
    2. 612 talleres, cursos y pláticas en escuelas y para servidores públicos.
    3. 78 actividades deportivas, incluyendo la iniciativa nacional “Boxeando por la Paz”.
    4. 189 intervenciones comunitariaspara rehabilitación de escuelas y espacios públicos, pintura de murales y matrimonios civiles.
  3. Desarme voluntario y recuperación de espacios
    1. 642 armas cortas, 195 armas largas y 81 granadas entregadas de forma anónima entre el 10 de enero y el 10 de marzo.
    2. Ciudad Juárez lidera el canje de armamento, con 144 armas cortas y 73 armas largas entregadas.
    3. Intercambio de juguetes bélicos por artículos educativos y recreativos, con el lema “En vez de sembrar guerras, que se siembre vida y paz”.

Convenios de colaboración por la paz

Para reforzar la estrategia en las zonas más conflictivas, se han firmado convenios de colaboración entre estados, entre ellos:

  • Tlaxcala-Puebla
  • Morelos-Puebla
  • Oaxaca-Puebla
  • Tabasco-Chiapas
  • Morelos-Guerrero
  • Chiapas-Oaxaca

Estos acuerdos buscan una mayor coordinación para enfrentar problemas de violencia e inseguridad que cruzan fronteras estatales.

Un enfoque integral para la pacificación

Con la implementación de más de 100 programas y acciones gubernamentales a cargo de 38 dependencias y organismos, el gobierno apuesta por una estrategia que combina la atención social, la recuperación de espacios, el deporte y el desarme voluntario para reducir la violencia.

Si bien los resultados iniciales muestran avances en algunas regiones, el reto sigue siendo consolidar estas acciones y garantizar que la reducción de la criminalidad sea sostenible a largo plazo.

A su vez, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, hizo un repaso de los decomisos realizados como consecuencia de los operativos del Gobierno.

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