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Jalisco debe cancelar pruebas masivas; «proveedores ya no contestan el teléfono”: Gobernador

El Gobernador Enrique Alfaro dijo esta mañana que Jalisco ha postergado las pruebas rápidas de COVID-19 porque los proveedores desaparecieron.

En todo el mundo se han dado casos de estafas. De acuerdo con Associated Press, los delincuentes han aprovechado la emergencia para engañar al público e incluso a gobiernos. No es claro que este sea el caso, pero al menos España ha debido cancelar y devolver “pruebas rápidas” porque las pruebas no sirven.

En una entrevista con W Radio, Alfaro señaló que los proveedores les aseguraron que las pruebas estaban atoradas en la instancia aduanera, para posteriormente no contestarles el teléfono.

“Los órdenes de compra que ya teníamos aprobadas, de repente fueron canceladas, no llegaron las medicinas (…) Después ya no nos contestaron el teléfono”, señaló.

Ante dicha situación, el titular de Jalisco señaló que sólo comprarían pruebas rápidas que estuvieran certificadas por organismo internacional,es a fin de garantizar que los resultados no dieran falsos positivos, como en España.

¿De verdad son tan efectivas las pruebas rápidas del COVID-19? Científicos lo cuestionan
“Nosotros vamos a comprar pruebas rápidas que estén acreditadas y certificadas por organismos internacionales; no permitiría jamás que se comprara algo que no cumpla estas condiciones”, añadió.

Apenas ayer, el Gobierno de Jalisco informó que daría inicio a la aplicación de pruebas masivas para detección de COVID-19 y al registro para entrega de apoyos económicos emergentes a población vulnerable.

En un comunicado informó que cuenta con 5 mil pruebas garantizadas y están en proceso de gestión otras 20 mil, detalló que se realizarán 600 pruebas por día en el Área Metropolitana de Guadalajara y 240 más en el interior del Estado a las personas con factor de riesgo epidemiológico, personas en factor de riesgo y personas que hayan tenido contacto con algún caso confirmado de coronavirus.

“Esta aplicación de las pruebas rápidas será estratégica para contención del virus y esto lo hacemos siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Son tres supuestos a los que les vamos a hacer prueba rápida. Entre los supuestos que decíamos el factor de riesgo epidemiológico están quienes hayan viajado al extranjero en los últimos 14 días a alguno de los sitios en donde el brote ya es fuerte”, explicó Anna Bárbara Casillas, coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social.

Fuente: SinEmbargo

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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