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Jalisco refuerza seguridad en límites con Michoacán tras masacre

Luego de que se diera a conocer que ayer por la tarde, sicarios sacaron de un funeral que se llevaba a cabo en San José de Gracia, Michoacán, a al menos 17 personas, y las asesinó, el gobernador de Jalisco anunció que ya se reforzó la seguridad en los límites con aquella entidad.

Lo anterior, dijo, se acordó durante la reunión de la mesa de seguridad, y que, en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, y la Policía del Estado, se aumentó la presencia de autoridades en la frontera con Michoacán «por la cercanía que tiene particularmente con el municipio de Mazamitla», dijo el gobernador.

«Quiero decirles que la presencia se ha reforzado, que no hay ningún riesgo identificado para la población civil, que a los habitantes, a los ciudadanos de Mazamitla, de Concepción de Buenos Aires, de La Manzanilla, les decimos que hay que estar tranquilos, seguir con nuestras actividades normales, hay una coordinación efectiva con las autoridades de Michoacán», expresó el mandatario a través de un video compartido en sus redes sociales.

El gobernador dijo también que ayer por la mañana sostuvo comunicación con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para decirle que cuenta con las autoridades jaliscienses.

«Vamos a mantener informada a la población, pero sí me parece fundamental que todos entendamos que ante hechos tan lamentables y terribles como los que vimos en este estado vecino, nosotros tenemos que seguir con nuestra ruta, mantener presencia, estar atentos, y sobre todo no caer en la tentación del miedo, o de tomar medidas que en este momento no son necesarias. Hay que seguir con nuestras actividades normales», insistió el gobernador de Jalisco.

Por la mañana el ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, en Jalisco, que se encuentra a unos 35 kilómetros de San José de Gracia, emitió una recomendación a su población para resguardarse en sus hogares y evitar salir del municipio «ante la violencia que viven zonas de Michoacán aledañas».

«Debido a las circunstancias y sucesos ocurridos en los alrededores del municipio, hacemos llegar el comunicado y sugerencia de realizar por seguridad de todos, un resguardo en nuestros hogares y evitar salir del municipio si no es necesario», señaló el comunicado que fue compartido a través de su cuenta oficial de Facebook, aunque más tarde la publicación fue eliminada.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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