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Japón levantó el estado de emergencia en todo el territorio nacional tras el descenso de nuevos casos de Covid-19

El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, levantó este lunes el estado de emergencia impuesto en el país para combatir la pandemia de coronavirus, tras una fuerte caída del número de nuevos casos.

“Hemos tenido un criterio muy estricto para levantar el estado de emergencia. Juzgamos que cumplimos con ese criterio. Hoy levantaremos el estado de emergencia en todo el país”, dijo Abe en una conferencia de prensa retransmitida por la televisión. “Vamos a tener que vivir con el coronavirus que está alrededor de nosotros. Si bajamos la guardia, la infección se extenderá muy rápidamente”, advirtió el mandatario.

Japón registraba hasta el domingo 16.581 casos declarados de coronavirus desde el inicio de la pandemia, una cifra que aumentó en solo 31 contagios en las últimas 24 horas, y 830 decesos.

El premier había declarado el estado de emergencia el 7 de abril en Tokio y seis regiones más, antes de ampliarlo a todo el territorio en un contexto de fuerte aceleración del número de nuevos casos diarios de Covid-19 desde fines de marzo.

Inicialmente prevista hasta el 6 de mayo, la medida fue prolongada hasta el 31 de este mes, aunque el descenso en los nuevos casos incitó al gobierno a levantarla de manera anticipada el 14 de mayo en 39 de las 47 prefecturas del archipiélago, y el jueves en Kioto y Osaka.

Pero el jefe del Gobierno anunció que en los próximos días se conocerán medidas concretas en cuanto al funcionamiento de los negocios y la realización de actos públicos masivos, que gradualmente se irán adoptando al “nuevo estilo de vida”.

Entre las medidas que se adoptarán figura una aplicación en los móviles para revisar los contactos que ha tenido una persona que pudo contagiarse, sistema puede estar esté vigente a mediados de junio. También pidió fomentar el teletrabajo y modificar los horarios de entrada a las oficinas para evitar congestiones en el transporte público.

Y advirtió que si todas estas medidas no impiden parar la extensión de la pandemia y surge un repunte, no dudará en volver a imponer el estado de emergencia sanitaria.

Las medidas fijadas por el Gobierno nipón incluían la prohibición de entrada al país de personas procedentes de más de un centenar de naciones, según se iban conociendo datos alarmantes sobre la extensión de la pandemia en esos países y territorios. Preguntado sobre la posibilidad de que ese veto migratorio se vaya reduciendo, Abe no quiso hacer precisiones, y dijo que Japón “se irá abriendo gradualmente al resto del mundo”.

“Vamos a ser cautos. Primero tenemos que proteger la vida y la salud de los japoneses”, recalcó.

Fuente: AFP y EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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