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México

“Jesús Murillo Karam debe permanecer en prisión” – Juez

El exprocurador fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y contra la Administración de Justicia en el caso Ayotzinapa.

El juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia vinculó a proceso a Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa en calidad de autor material de estos hechos, mientras que por el delito de tortura, por la omisión de no denunciar actos delictivos contra testigos.

El juez fijó 90 días para el cierre de la investigación complementaria y reiteró la medida cautelar de prisión preventiva que deberá cumplir en el Reclusorio Norte.

Para lograr la prisión preventiva contra Murillo Karam, la Fiscalía General de la República sostuvo los mismos motivos que la audiencia pasada para advertir riesgo de fuga como son las relaciones familiares y profesionales por los altos cargos que ha tenido el imputado, la capacidad económica, por tener seis domicilios en el país, así como las penas que podría alcanzar en este caso.

En respuesta, la defensa de Murillo Karam presentó como medida de prueba el testimonio de Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, experto en riesgos procesales quien realizó un estudio de factores de estabilidad.

En su exposición el especialista aseguró que Jesús Murillo Karam posee lazos económicos, familiares, profesionales y problemas de salud, que le impedirían sustraerse de la justicia.

Dijo que otro de los factores de estabilidad es su residencia desde hace 19 años en las Lomas de Chapultepec, que el exprocurador tiene 30 años de matrimonio, siete hermanos, cuatro hijos, nietos, bisnietos y hasta dos mascotas.

Sin embargo, el juez desechó el testimonio al considerarlo parcial, pues el experto ya conocía a Murillo Karam desde hace varios años e incluso trató influir en la decisión para dictar medidas cautelares.

Vinculación a proceso

Durante la tarde de este miércoles, Karam fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

Tras culminar el debate entre la defensa y la Fiscalía General de la República, el exprocurador Jesús Murillo Karam tomó el micrófono para expresar que, a pesar de las investigaciones e intervenciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes y el equipo argentino de antropología forense, nadie ha podido tirar la llamada “verdad histórica”.

El exprocurador, con un tono bajo de voz, se dirigió al juez para exponer su punto de vista respecto a las acusaciones en su contra.

“Estos grupos participaron en todo momento en la investigación (del caso Ayotzinapa), fueron ellos quienes escogieron el análisis de los restos, fueron ellos quienes llevaron los restos a Innsbruck (Austria), y trajo los resultados, desde hace siete u ocho años han buscado muchas alternativas y han inventado muchas cosas y todas se caen”, expresó.

Murillo aseveró que incluso fueron los expertos quienes escogieron los lugares donde se hicieron las diligencias, como en el basurero y el río de Cocula.

No obstante, el exprocurador admitió que durante su gestión al frente de la PGR pudieron existir fallas. “Pudieron cometerse fallas, problemas, y aceptar que muchas cosas se hicieron mal e, incluso, lo pude haber hecho mejor”, exclamó.

En la continuación de la audiencia inicial, la defensa de Murillo Karam buscó desestimar los datos de prueba que presentó la FGR para intentar la vinculación a proceso del exprocurador por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia.

Los abogados del exfuncionario de Enrique Peña Nieto intentaron que el juez desestimara las conferencias de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó para acusar a su cliente:

-La del 6 de octubre, cuando la PGR anunció la atracción del caso Ayotzinapa.

-La reunión del 7 de octubre en Iguala, donde estuvieron presentes altos mandos de distintas corporaciones. La defensa argumentó que esta reunión solo fue para conocer la carpeta de investigación que en ese momento estaba en poder de la Fiscalía de Guerrero, por ello –indican– en la reunión estuvo el exgobernador Ángel Aguirre.

-La del 27 de octubre, donde el exprocurador supuestamente giró instrucciones a Tomas Zeron de Lucio para que aplique toda la fuerza del estado. En este caso, la defensa argumentó que era imposible que se pudiera girar una instrucción oficial ante medios nacionales e internacionales presentes en el recinto de la PGR

-La conferencia del 7 de noviembre, donde se mencionó la palabra “verdad histórica: aquí la defensa señaló que esta palabra no es una frase hecha, sino un concepto jurídico utilizado en el derecho, el cual fue reconocido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por tanto -argumentan– esta conferencia no puede ser tomada como una prueba como lo busca poner sobre la mesa la FGR.

En la audiencia estuvo presente Vidulfo Rosales, como parte de la defensa de los padres de los normalistas de Ayotzinapa.

Juez ordena no privar a Murillo Karam de comunicarse

El lunes pasado, el juez segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó una suspensión al exprocurador general de la República para que cese cualquier acto de incomunicación, por lo que ordenó garantizar la salud e integridad física del Murillo Karam.

El amparo fue otorgado en respuesta a una demanda presentada por Azucena Vargas a nombre del exfuncionario.

El juez también ordenó a las autoridades que permita el acceso y comunicación entre Murillo Karam con familiares y abogados.

«Hágase saber a la autoridad responsable que conforme a lo dispuesto en el mismo artículo, deberán ser respetuosas de la dignidad y de los derechos humanos del directo quejoso, prevenir cualquier acto tendente a menoscabar su esfera personal, por lo que deberá, bajo su más estricta responsabilidad, permitir el acceso de familiares, abogados y/o autorizados de aquellos, en las condiciones y bajo las medidas de seguridad que la propia responsable estime conveniente atendiendo a la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país.

«Así como evitar cualquier acto que ponga en peligro la integridad física y emocional, así como su vida, procediendo las condiciones mínimas de dignidad, sanidad, higiene y conceder todos los tratos humanitarios», indicó el juzgador.

El sábado 20 de agosto, durante la primera parte de la audiencia inicial en el centro de justicia penal federal con sede en el Reclusorio Norte, la Fiscalía General de la República presentó ante el juez Marco Antonio Fuerte Tapia las imputaciones en contra del exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam por tortura, desaparición forzada y contra la procuración de justicia por el caso Ayotzinapa.

La FGR señaló al exfuncionario de “fraguar” la llamada verdad histórica, con la que se truncó o frustraron otras líneas de investigación en torno al tema.

La audiencia duró 12 horas, donde el juez federal calificó de legal la detención de Murillo Karam la tarde del viernes 19 de agosto en su domicilio, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

 

Fuente: Expansión 

 

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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