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México

“Jesús Murillo Karam debe permanecer en prisión” – Juez

El exprocurador fue vinculado a proceso por tortura, desaparición forzada y contra la Administración de Justicia en el caso Ayotzinapa.

El juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia vinculó a proceso a Jesús Murillo Karam por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa en calidad de autor material de estos hechos, mientras que por el delito de tortura, por la omisión de no denunciar actos delictivos contra testigos.

El juez fijó 90 días para el cierre de la investigación complementaria y reiteró la medida cautelar de prisión preventiva que deberá cumplir en el Reclusorio Norte.

Para lograr la prisión preventiva contra Murillo Karam, la Fiscalía General de la República sostuvo los mismos motivos que la audiencia pasada para advertir riesgo de fuga como son las relaciones familiares y profesionales por los altos cargos que ha tenido el imputado, la capacidad económica, por tener seis domicilios en el país, así como las penas que podría alcanzar en este caso.

En respuesta, la defensa de Murillo Karam presentó como medida de prueba el testimonio de Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, experto en riesgos procesales quien realizó un estudio de factores de estabilidad.

En su exposición el especialista aseguró que Jesús Murillo Karam posee lazos económicos, familiares, profesionales y problemas de salud, que le impedirían sustraerse de la justicia.

Dijo que otro de los factores de estabilidad es su residencia desde hace 19 años en las Lomas de Chapultepec, que el exprocurador tiene 30 años de matrimonio, siete hermanos, cuatro hijos, nietos, bisnietos y hasta dos mascotas.

Sin embargo, el juez desechó el testimonio al considerarlo parcial, pues el experto ya conocía a Murillo Karam desde hace varios años e incluso trató influir en la decisión para dictar medidas cautelares.

Vinculación a proceso

Durante la tarde de este miércoles, Karam fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

Tras culminar el debate entre la defensa y la Fiscalía General de la República, el exprocurador Jesús Murillo Karam tomó el micrófono para expresar que, a pesar de las investigaciones e intervenciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes y el equipo argentino de antropología forense, nadie ha podido tirar la llamada “verdad histórica”.

El exprocurador, con un tono bajo de voz, se dirigió al juez para exponer su punto de vista respecto a las acusaciones en su contra.

“Estos grupos participaron en todo momento en la investigación (del caso Ayotzinapa), fueron ellos quienes escogieron el análisis de los restos, fueron ellos quienes llevaron los restos a Innsbruck (Austria), y trajo los resultados, desde hace siete u ocho años han buscado muchas alternativas y han inventado muchas cosas y todas se caen”, expresó.

Murillo aseveró que incluso fueron los expertos quienes escogieron los lugares donde se hicieron las diligencias, como en el basurero y el río de Cocula.

No obstante, el exprocurador admitió que durante su gestión al frente de la PGR pudieron existir fallas. “Pudieron cometerse fallas, problemas, y aceptar que muchas cosas se hicieron mal e, incluso, lo pude haber hecho mejor”, exclamó.

En la continuación de la audiencia inicial, la defensa de Murillo Karam buscó desestimar los datos de prueba que presentó la FGR para intentar la vinculación a proceso del exprocurador por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia.

Los abogados del exfuncionario de Enrique Peña Nieto intentaron que el juez desestimara las conferencias de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó para acusar a su cliente:

-La del 6 de octubre, cuando la PGR anunció la atracción del caso Ayotzinapa.

-La reunión del 7 de octubre en Iguala, donde estuvieron presentes altos mandos de distintas corporaciones. La defensa argumentó que esta reunión solo fue para conocer la carpeta de investigación que en ese momento estaba en poder de la Fiscalía de Guerrero, por ello –indican– en la reunión estuvo el exgobernador Ángel Aguirre.

-La del 27 de octubre, donde el exprocurador supuestamente giró instrucciones a Tomas Zeron de Lucio para que aplique toda la fuerza del estado. En este caso, la defensa argumentó que era imposible que se pudiera girar una instrucción oficial ante medios nacionales e internacionales presentes en el recinto de la PGR

-La conferencia del 7 de noviembre, donde se mencionó la palabra “verdad histórica: aquí la defensa señaló que esta palabra no es una frase hecha, sino un concepto jurídico utilizado en el derecho, el cual fue reconocido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por tanto -argumentan– esta conferencia no puede ser tomada como una prueba como lo busca poner sobre la mesa la FGR.

En la audiencia estuvo presente Vidulfo Rosales, como parte de la defensa de los padres de los normalistas de Ayotzinapa.

Juez ordena no privar a Murillo Karam de comunicarse

El lunes pasado, el juez segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México otorgó una suspensión al exprocurador general de la República para que cese cualquier acto de incomunicación, por lo que ordenó garantizar la salud e integridad física del Murillo Karam.

El amparo fue otorgado en respuesta a una demanda presentada por Azucena Vargas a nombre del exfuncionario.

El juez también ordenó a las autoridades que permita el acceso y comunicación entre Murillo Karam con familiares y abogados.

«Hágase saber a la autoridad responsable que conforme a lo dispuesto en el mismo artículo, deberán ser respetuosas de la dignidad y de los derechos humanos del directo quejoso, prevenir cualquier acto tendente a menoscabar su esfera personal, por lo que deberá, bajo su más estricta responsabilidad, permitir el acceso de familiares, abogados y/o autorizados de aquellos, en las condiciones y bajo las medidas de seguridad que la propia responsable estime conveniente atendiendo a la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país.

«Así como evitar cualquier acto que ponga en peligro la integridad física y emocional, así como su vida, procediendo las condiciones mínimas de dignidad, sanidad, higiene y conceder todos los tratos humanitarios», indicó el juzgador.

El sábado 20 de agosto, durante la primera parte de la audiencia inicial en el centro de justicia penal federal con sede en el Reclusorio Norte, la Fiscalía General de la República presentó ante el juez Marco Antonio Fuerte Tapia las imputaciones en contra del exprocurador General de la República Jesús Murillo Karam por tortura, desaparición forzada y contra la procuración de justicia por el caso Ayotzinapa.

La FGR señaló al exfuncionario de “fraguar” la llamada verdad histórica, con la que se truncó o frustraron otras líneas de investigación en torno al tema.

La audiencia duró 12 horas, donde el juez federal calificó de legal la detención de Murillo Karam la tarde del viernes 19 de agosto en su domicilio, en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

 

Fuente: Expansión 

 

México

INE impone multas por 18 millones de pesos a candidatos de la elección judicial por uso de acordeones y otras irregularidades

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes la imposición de sanciones económicas por aproximadamente 18 millones de pesos a candidatos de la elección judicial del pasado 1 de junio, tras detectar diversas irregularidades, entre ellas la utilización de acordeones para inducir el voto.

Durante una sesión extraordinaria, el Consejo General del INE revisó los informes de gastos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PJF) 2024-2025, así como de las elecciones judiciales locales celebradas en 19 entidades federativas.

La consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, explicó que se analizaron más de 7 mil 300 informes de campaña correspondientes a más de 7 mil 700 candidaturas, con un universo auditado cercano a los 900 millones de pesos. Humphrey destacó que esta fiscalización representa el cierre técnico e institucional del primer proceso electoral judicial en la historia democrática del país.

De acuerdo con los datos presentados, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) identificó un total de 17 mil 596 conductas irregulares: 8 mil 49 a nivel federal y 9 mil 547 en los comicios judiciales locales. Por estas faltas, se propusieron sanciones por más de 10 millones de pesos en el ámbito federal y 8 millones en el local.

Entre los sancionados se encuentran los nueve candidatos ganadores de los cargos federales, incluyendo al próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, así como a las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel.

Una de las principales controversias giró en torno al uso de acordeones durante la jornada electoral. Mientras algunos consejeros calificaron esta práctica como “propaganda ilícita” al no haber sido reportada en los gastos de campaña, otros cuestionaron la validez jurídica de sancionar sin pruebas concluyentes.

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, expresó su desacuerdo con las sanciones derivadas de los acordeones, al considerar que no existe “sustento jurídico suficiente” para su aplicación. Por su parte, la consejera Norma de la Cruz señaló que las únicas evidencias físicas corresponden a 336 acordeones de 10 modelos diferentes, sin que se haya podido acreditar quién los imprimió, su costo ni su distribución exacta.

No obstante, el consejero Arturo Castillo afirmó que la presencia de acordeones no reportados constituye una falta grave que debe ser sancionada, aun cuando los beneficiarios hayan resultado electos. En ese mismo sentido, Carla Humphrey subrayó que quienes aspiren a interpretar la ley deben ser los primeros en acatarla.

El pasado 15 de junio, el INE entregó las constancias de mayoría a los nuevos ministros de la Suprema Corte. Esta elección judicial histórica, derivada de una reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, redujo el número de ministros de once a nueve y creó un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial con facultades para supervisar a jueces de todo el país

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