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Jets, yate, casas de playa y un Zoológico: lujos de ‘El Chapo’ en los 90

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Un testigo del Gobierno de EE.UU. en el juicio por narcotráfico contra Joaquín «el Chapo» Guzmán relató el nivel de vida de su antiguo jefe, que con el «boom de la cocaína» en la década de 1990 lo llevó a tener cuatro jets, casas en cada playa de México, ranchos en cada estado y su propio zoológico.

Miguel Ángel Martínez Martínez, alias «el Gordo» o «el Tololoche», testificó hoy por segundo día, una sesión ante el tribunal de Nueva York en al que explicó que su entonces jefe le regaló un reloj Rólex con diamantes y durante los noventa le pagó un millón de dólares de salario.

En un solo mes, agregó, le llegó a ordenar comprar más de 50 coches, Buick, Thunderbird y Cougar, para regalar a sus trabajadores, quienes podían escoger el modelo.

Aseguró, a preguntas de la fiscalía que intenta probar con su testimonio que el Chapo era el jefe del Cártel de Sinaloa, que en la década de los noventa el negocio del narcotráfico estaba «muy bien» y que Guzmán Loera se benefició del «boom de la coca», y que empleó parte del dinero en pagar sobornos para poder mantener su negocio.

Afirmó además que su entonces jefe recibía uno o dos camiones mensuales que venían desde Estados Unidos con el dinero producto de la venta de la droga, y que posteriormente envió sus jets a recoger ese dinero en Tijuana, que era llevado a Ciudad México y depositado en cuentas de bancos, tras sobornar a empleados, parte del cual lo invirtió en propiedades.

También aseguró que en uno de sus ranchos en Guadalajara, con piscina y cancha de tenis, tenía un zoológico con tigres, leones, panteras y venados, y un tren para recorrerlo, así como un yate, «el Chapito», en su propiedad en Cancún y «4 ó 5 mujeres».

El exadministrador de sus negocios y contacto con los cárteles de Colombia (Cali, Medellín y Nortes del Valle) que le vendían coca, comenzó a trabajar para el Chapo en 1987, cuando aún no existía el cartel de Sinaloa, sino la Federación de Carteles, que dirigía Juan Esparragoza, «el Azul», el «jefe de todos», según le dijo entonces Guzmán Loera.

En una de sus anécdotas, contó que él y Guzmán Loera fueron a visitar al Azul a prisión en 1987 en Ciudad México para pedirle permiso para una revancha contra el Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, porque habían matado a dos de sus amigos.

Aseguró que se pagaban sobornos al personal de la prisión, lo que les permitió llegar de noche y verle en su celda, donde «había de todo lo que querían tomar», como whisky, cerveza y cognac, una banda tocando, comida para escoger entre codorniz, langosta y droga, así como guardias limpiando, cocinando y dando protección a Esparragoza.

El Azul les autorizó la revancha, iniciándose así la guerra contra el cártel de Tijuana, en lo que Guzmán invirtió «muchísimo dinero» en comprar armas.

Aseguró que Guzmán Loera tenía guardaespaldas armados todo el tiempo con rifles AK-47, AR-15, M-16, granadas y gases lacrimógenos.

Martínez, que trabajó para el Chapo entre 1986 y 1998 también destacó, el incidente en el aeropuerto internacional de Guadalajara, donde asesinaron al cardenal Juan Jesús Posada Ocampo, al que presuntamente los Arellano Félix confundieron con Guzmán Loera.

Guzmán Loera, que enfrenta cadena perpetua por once cargos de narcotráfico, el principal por mantener una empresa criminal continua y que no perdió detalles del testimonio de su examigo, logró escapar por las correas donde se entregan las maletas a pasajeros, con uno de sus guardaespaldas.

Al día siguiente, dijo, su jefe le informó que se iría de México porque «era mucha la presión» y sus fotos estaban constantemente en la televisión.

Guzmán viajó a Guatemala donde fue arrestado en 1991 y sus casas, bodegas y más de 3.000 kilos de coca fueron entregadas por Martínez a su hermano Arturo, que continuó operando el cartel.

Durante la primera parte del interrogatorio, Martínez, un testigo protegido de la fiscalía cuyo rostro no puede ser dibujado como parte de las extremas medidas de seguridad de este caso, explicó cómo su compadre comenzó a enviar droga a EE.UU. usando un túnel, vehículos con doble fondo y hasta latas de jalapeño con cocaína.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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