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México

Jiménez Espriú se fue de la 4T con regalo: Un contrato por 50 millones

Planificación Total SA de CV, de la que Javier Jiménez Espriú, extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), recibió un contrato de esta dependencia el pasado 15 de agosto por 50 millones de pesos, alrededor de un mes después de la renuncia del hoy exfuncionario.

Mario Maldonado en su columna para El Universal, asegura que el acuerdo se generó para la Supervisión Externa de Operación y Dictaminador de Accidentes Graves de la autopista Mazatlan-Culiacán, del Libramiento de Mazatlán y del Libramiento de Culiacán. La vigencia del acuerdo es de 60 meses.

El contrato se logró alrededor de un mes después de la renuncia de Jiménez Espriú a la Secretaría, luego de diferendos con el plan federal anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para delegar al Ejército la administración de los puertos a cargo de la SCT, para buscar combatir las corrupción en aduanas y entradas comerciales.

Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez, podría renunciar este lunes a la titularidad de Caminos y Puentes Federales (Capufe), advierte el columnista, con el fin de borrar «la huella de corrupción» que el exsecretario habría dejado en la dependencia.

Utrilla llegó al cargo en diciembre de 2018, recuerda, impulsado por el propio Jiménez Espriú y por un contratista de la SCT desde el sexenio pasado, Enrique Gavaldón Enciso. Estos dos últimos, socios en la firma Planificación Total SA de CV.

El empresario y el exsecretario, son socios a través de la citada compañía desde febrero de 1998. Se trata de una firma de ingeniería.

Excolaboradores de los Grupos Mexicano de Desarrollo y Tribasa (hoy Pinfra), son los fundadores de la empresa en la que participa Jiménez Espriú.

Fue en Grupo Hermes, donde Gavaldón habría conocido a Utrilla, donde lo integró a su equipo de trabajo.

Durante el sexenio de Felipe Calderón, la compañía trabajó en proyectos de energías renovables con el Instituto de Investigaciones Eléctricas, los cuales estuvieron liderados por Enrique Jiménez Espriú, hermano del exsecretario.

En la administración federal de Enrique Peña Nieto, la empresa participó como contratista en la construcción del Paso Exprés de Cuernavaca.

Para tal proyecto, Planificación Total desarrolló en 2015 el «Estudio de tránsito para el diseño de estrategias del desvío de flujo vehicular», por el que el gobierno pagó 1.7 millones de pesos. El proceso de invitación contó con la participación de otras dos firmas, asienta Maldonado.

Asimismo, al ofrecer servicios de ingeniería y supervisión al Grupo Higa, empresa constructora favorita del gobierno de EPN, la firma revisó la obra de ampliación a cuatro carriles del tramo carretero Guadalajara-Colima, la cual fue concluida por otra compañía, Aldesa.

Fuente: Vanguardia

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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