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Joven salió con hombre que conoció en Tinder; la hallaron muerta

Priscila Juárez, de 27 años de edad, salió de su casa el 20 de marzo para conocer a un hombre con el que tuvo contacto en la red social Tinder; diez días después, agentes ministeriales la encontraron semi enterrada en el monte en Sonora.

Después de que elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizaron el cuerpo de una persona, rumbo a la Costa de Hermosillo; familiares lo identificaron por tatuajes como el de Priscila Juárez Enríquez.

Por más de día y medio, los agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) peinaron un área de 2 kilómetros y medio a la altura del kilómetro 18 de la Carretera 26, localizando el cuerpo a 3 kilómetros al sur de la cinta asfáltica.

Personal de la AMIC ubicó el cadáver semienterrado, entre el monte; preservó el lugar hasta donde llegaron expertos de Servicios Periciales para realizar el levantamiento y recabar datos de pruebas en la zona.

Al coincidir un tatuaje de pluma en el costado derecho y un beso en el glúteo izquierdo, así como un corazón rojo en clavícula derecha, una llama en costado izquierdo y otro corazón en tobillo derecho, familiares indicaron que se trata de Priscila.

Sin embargo en el Laboratorio de Inteligencia Científica Forense (CIF), de la Fiscalía de Sonora, realizarán las comparativas de Genética para tener mayor certeza de que se trata de la joven de 27 años de edad; se tomaron muestras de ADN de la hermana, tía y el hijo de la víctima.

A Priscila Juárez la reportaron como desaparecida o extraviada el pasado 22 de marzo, luego de que familiares interpusieran la denuncia en el Centro de Atención Temprana (CAT) de la Fiscalía de Sonora, por lo que se abrió una carpeta de investigación.

Familiares expusieron que Priscila conoció a un hombre por la aplicación Tinder; para conocerlo en persona salió a comer y estuvieron en una fiesta, según llamadas y mensajes de WhatsApp, después se perdió la total comunicación con ella.

Fiscalía de Sonora alerta a madres y padres de familia, usuarias y usuarios de este tipo de aplicaciones a extremar precauciones, por situaciones de riesgo.

La Trilogía Investigadora, Agente del Misterio Público, agentes AMIC y personal de Servicios Periciales, mantiene las indagatorias para dar con el o los probables responsables de la desaparición de Priscila; así como la causa de su muerte.

Fuente: Diario de Yucatán

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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