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México

Joven se quita la vida tras una prueba rápida de Covid-19 positiva

Luego de que la prueba rápida de Covid-19 que se realizó diera positivo, Mario A. M., de 29 años de edad, presuntamente se quitó la vida en uno de los baños del del Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 del IMSS en Monclova (Coahuila).

«Fue un caso fortuito, inesperado», señaló Leopoldo Santillán Arreygue, delegado del IMSS en Coahuila, respecto al paciente.

De acuerdo con información de medios locales, el hombre llegó el sábado con saturación (oxigenación) de un 90 por ciento y una prueba rápida al Coronavirus que dio positivo, por eso lo ingresaron al área Covid y le practicaron la prueba (de confirmación) PCR.

El lunes, al mediodía, el enfermo se levantó de la cama y, por su propio pie, entró al baño donde, unos 20 minutos después, un enfermero fue a buscarlo porque se había tardado mucho. Ahí lo encontró colgado de una sábana que había atorado con la puerta.

El muchacho no se enteró que no estaba infectado, pues poco después recibieron el resultado del examen que fue negativo a Covid. Su muerte sorprendió al personal del hospital.

El delegado rechazó tajante proceder contra trabajadores del Seguro Social que atendían al paciente.

«No podemos tomar medidas contra el personal porque no fue un homicidio, fue una situación fortuita, un caso inesperado», respondió a un reportero que le preguntó si sancionarían a quienes no lo vigilaron bien.

«El paciente estaba en posibilidades físicas de desplazarse al baño y de resguardarse por su propio medio no sabemos adentro que puedan hacer», añadió.

Señaló que el paciente llegó con una prueba rápida que era positiva «pero nosotros siempre confirmamos con el PCR que es el ‘confirmatorio real’ y salió negativa».

Respecto a la posibilidad de prevenir más casos como este, apuntó que todos los pacientes que entran al área Covid reciben aporte o apoyo de alguna manera.

Fuente: Diario de Yucatán

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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