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Juárez y zonas serranas con mayor índice delictivo: Fiscal

Los índices delictivos aumentan en gran parte por los problemas que se suscitan en Juárez y zonas serranas, los cuales deben ser atendidos a la brevedad, ya que de lo contrario seguirán disparándose a la alza los índices delincuenciales, así lo dio a conocer el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, en comparecencia con los diputados locales.
Mencionó que el Fondo de Atención a Víctimas es uno de los programas que requieren de más atención dado a su importancia, porque esta población requiere de mucho cuidado y atención.
Asimismo, culminó diciendo que para el año 2017, se habrá de fortalecer la presencia policial permanente en la Sierra y con esto se dará un cambio en el entorno de seguridad en todo el Estado; además se buscará crear la Fiscalía de Derechos Humanos y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, “esta es una deuda que se tiene con la sociedad, y en este año 2017, se buscará sanarla”.
Explicó a los diputados locales cómo implementará el presupuesto solicitado para ejercer durante el año 2017, el cual es de 3 mil 556 millones 775 mil 740 pesos, en los diferentes rubros que conforman la dependencia encargada de la seguridad en la Entidad.
Dicho recurso solicitado, será dividido en un 34.17 por ciento al programa de investigación y persecución del delito; un 18.04 por ciento a rehabilitación y reinserción social; 10.37 por ciento a la policía preventiva; un 8.28 por ciento al FASP y el resto a seguridad social de trabajadores, a vialidad y tránsito, entre otros programas.
Mencionó que la seguridad pública es un área de las más importantes para toda Entidad; el próximo año en materia presupuestal será difícil no solo para la Fiscalía, sino para todas las secretarías estatales, sin embargo se trabajará de manera más eficiente.
La reducción del presupuesto afectará a todas las secretarías, se tendrá que llevar a cabo una reducción en gastos personales y otras economías, habrá una reducción de al menos 16 por ciento de plazas para el año 2017.
Dentro del esquema, se tenía contemplado un recurso para ejercer en la prevención del delito, sin embargo, ya está casi confirmado que no habrá bolsa federal en este rubro para el próximo año, por lo que se reorganizarán otras secciones para fortalecer esta área tan fundamental e importante que no se puede dejar de lado.
Señaló en su exposición que serán reforzadas las áreas enfocadas a evaluar e impulsar el desarrollo organizacional, dado a que se habrá de realizar más labor de manera eficiente, con menos personal y menos presupuesto.
Para la investigación y persecución del delito, se habrá de destinar una parte muy significativa del presupuesto que sea asignado, de acuerdo a la justificación planteada este día ante los legisladores.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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