“Septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país si el Congreso entrante y la futura presidenta se empeñan en aprobar esa iniciativa, haciendo oídos sordos de tantas advertencias y menospreciando propuestas alternativas de mejor factura”, declaró la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
Fuentes Velázquez manifestó que en caso de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados —Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— continúen insistiendo en la reforma judicial impulsada por el presidente, se tomarán medidas drásticas, como la suspensión temporal del trabajo en el Poder Judicial, es decir, un paro nacional.
“Se ha unido el personal que trabaja con nosotros, quienes comparten la preocupación por el futuro de la justicia de la unión. La suspensión de labores, como última medida, la aplicaríamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria”, sentenció.
La protesta se realizó el martes 13 de agosto (DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM)
Acompañada por alrededor de 300 empleados y jueces, la jueza vocera enfatizó la necesidad de defender la independencia judicial y la estructura existente de la carrera judicial. En un pronunciamiento público, subrayó que la propuesta de reforma presenta muchas imperfecciones que perjudicarían tanto a los trabajadores del Poder Judicial como a la integridad de sus procedimientos y funciones.
En su discurso, reafirmó que es esencial posponer la reforma y reencauzar el debate público hacia una reforma integral bien justificada y profundamente meditada. “Es nuestro deber defender la independencia judicial. Las personas juzgadoras pedimos a la Legislatura y al gobierno entrante quedetengan en septiembre el actual proceso de reforma”, señaló el martes 13 de agosto.
El clamor por la integridad judicial ha sido constante entre los integrantes del Poder Judicial, quienes demandan una reforma que no solamente considere modificaciones sustanciales sino que, además, las perfeccione con el debido procedimiento y consenso de ambas cámaras legislativas.
Los cambios a la reforma que propone Morena
Ignacio Mier habló sobre los cambios que propone Morena (Cámara de Diputados)
Una semana atrás, Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, explicó detalles sobre las modificaciones a la propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Según informó Mier Velasco durante el penúltimo foro en Saltillo, Coahuila, estas modificaciones buscan optimizar la estructura y procedimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como implementar un sistema que permita la elección de jueces en México.
El 6 de agosto, el político poblano destacó la importancia de estas modificaciones, argumentando que no alterarán la esencia de la iniciativa presentada previamente, sino que están diseñadas para hacer factible la elección de jueces.
Añadió que en los días próximos se podrán “expresar las primeras líneas de modificaciones a la iniciativa en varios aspectos centrales”, con el objetivo de mejorar y agilizar el proceso de elección y evaluación de jueces, magistrados, y ministros.
Uno de los principales cambios se enfocará en la creación de Comités de Evaluaciónpara valorar a los aspirantes a ocupar posiciones en la judicatura. Estos comités estarán integrados por individuos con vasta experiencia y una alta reputación en la procuración e impartición de justicia.
Otro aspecto significativo de la reforma se refiere al escalonamiento en la elección de jueces, magistrados y ministros, lo cual establecería una periodicidad específica para la renovación del Poder Judicial de la Federación.
Una declaración realizada en una mesa de debate generó reacciones en el ámbito político y social luego de que una vocera de Morena afirmara que el crimen organizado representa una fuente importante de empleo en México. El comentario se difundió en redes sociales y provocó cuestionamientos debido al contexto de violencia que enfrenta el país y a la relación bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad.
La afirmación fue hecha por Adriana Marín, titular del área de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quien sostuvo que erradicar al narcotráfico no es sencillo porque, según señaló, esta actividad genera entre 160 mil y 185 mil empleos. Las declaraciones circularon ampliamente y fueron criticadas por distintos sectores, al considerar que normalizaban una actividad delictiva.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la polémica durante su conferencia matutina de este viernes, donde desmintió la información y aseguró que ese tipo de cifras no deben difundirse sin sustento institucional. La mandataria calificó como desafortunadas las declaraciones y afirmó que los datos mencionados no son correctos.
Sheinbaum subrayó que el gobierno federal no busca justificar ni normalizar la delincuencia organizada, sino combatirla de manera frontal y evitar que jóvenes se vean atraídos por estas actividades. En ese sentido, reiteró que su administración trabaja para impedir que la delincuencia sea percibida como una opción de vida, al advertir que ese camino conduce, en la mayoría de los casos, a la muerte o al encarcelamiento.
En el mismo contexto, la presidenta sostuvo que el combate al crimen organizado forma parte de una estrategia integral de seguridad y prevención, enfocada en ofrecer alternativas y condiciones que alejen a la población joven de este tipo de entornos.
En otros temas, Sheinbaum también se refirió a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó con emprender ataques terrestres contra cárteles en México. La mandataria consideró que se trata de una forma particular de comunicación y reiteró que su gobierno prioriza la vía diplomática. Indicó que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a establecer contacto con autoridades estadounidenses para fortalecer el diálogo bilateral en materia de seguridad y coordinación fronteriza.