“Septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país si el Congreso entrante y la futura presidenta se empeñan en aprobar esa iniciativa, haciendo oídos sordos de tantas advertencias y menospreciando propuestas alternativas de mejor factura”, declaró la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
Fuentes Velázquez manifestó que en caso de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados —Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— continúen insistiendo en la reforma judicial impulsada por el presidente, se tomarán medidas drásticas, como la suspensión temporal del trabajo en el Poder Judicial, es decir, un paro nacional.
“Se ha unido el personal que trabaja con nosotros, quienes comparten la preocupación por el futuro de la justicia de la unión. La suspensión de labores, como última medida, la aplicaríamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria”, sentenció.
Acompañada por alrededor de 300 empleados y jueces, la jueza vocera enfatizó la necesidad de defender la independencia judicial y la estructura existente de la carrera judicial. En un pronunciamiento público, subrayó que la propuesta de reforma presenta muchas imperfecciones que perjudicarían tanto a los trabajadores del Poder Judicial como a la integridad de sus procedimientos y funciones.
En su discurso, reafirmó que es esencial posponer la reforma y reencauzar el debate público hacia una reforma integral bien justificada y profundamente meditada. “Es nuestro deber defender la independencia judicial. Las personas juzgadoras pedimos a la Legislatura y al gobierno entrante quedetengan en septiembre el actual proceso de reforma”, señaló el martes 13 de agosto.
El clamor por la integridad judicial ha sido constante entre los integrantes del Poder Judicial, quienes demandan una reforma que no solamente considere modificaciones sustanciales sino que, además, las perfeccione con el debido procedimiento y consenso de ambas cámaras legislativas.
Los cambios a la reforma que propone Morena
Una semana atrás, Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, explicó detalles sobre las modificaciones a la propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Según informó Mier Velasco durante el penúltimo foro en Saltillo, Coahuila, estas modificaciones buscan optimizar la estructura y procedimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como implementar un sistema que permita la elección de jueces en México.
El 6 de agosto, el político poblano destacó la importancia de estas modificaciones, argumentando que no alterarán la esencia de la iniciativa presentada previamente, sino que están diseñadas para hacer factible la elección de jueces.
Añadió que en los días próximos se podrán “expresar las primeras líneas de modificaciones a la iniciativa en varios aspectos centrales”, con el objetivo de mejorar y agilizar el proceso de elección y evaluación de jueces, magistrados, y ministros.
Uno de los principales cambios se enfocará en la creación de Comités de Evaluaciónpara valorar a los aspirantes a ocupar posiciones en la judicatura. Estos comités estarán integrados por individuos con vasta experiencia y una alta reputación en la procuración e impartición de justicia.
Otro aspecto significativo de la reforma se refiere al escalonamiento en la elección de jueces, magistrados y ministros, lo cual establecería una periodicidad específica para la renovación del Poder Judicial de la Federación.
Diputados y senadores declaran validez de reforma de supremacía constitucional
Las cámaras de Diputados y Senadores declararon la constitucionalidad de la reforma que impide impugnar cambios a la Constitución, apenas un día después de que aprobó la iniciativa.
La declaratoria se realizó con los legisladores de Morena y aliados presentes en el Congreso, mientras que los opositores se ausentaron de las respectivas sesiones.
«No puede ningún juez, ni jueza, ni ministro, ni magistrado, anular una norma jurídica del órgano reformador de la Constitución, no le es válido, no tienen competencia, no tienen facultades ni funciones para hacerlo», reiteró Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados.
La declaratoria se realizó después de que la reforma fuera aprobada por 23 congresos locales.
Las Legislaturas estatales que avalaron los cambios fueron Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas, Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero e Hidalgo.
En el Senado, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma.
Hace poco más de 24 horas, con la mayoría calificada de 340 votos a favor, 133 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, el dictamen que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Carta Magna, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Política.
Morenistas han señalado que con esta reforma se perfeccionarán los procesos constitucionales y reivindican las reglas del control de constitucionalidad que han sido sobrepasadas.
Además, se refuerza el razonamiento jurídico de la inimpugnabilidad »como regla y principio constitucional, asentando para no dejar lugar a dudas el criterio que ha imperado de manera inveterada, evitando sobreinterpretaciones que sean completamente ajenas y fuera de los márgenes de la Constitución».