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México

Jueces y magistrados del Poder Judicial amagaron con paro nacional para evitar la reforma de AMLO

“Septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país si el Congreso entrante y la futura presidenta se empeñan en aprobar esa iniciativa, haciendo oídos sordos de tantas advertencias y menospreciando propuestas alternativas de mejor factura”, declaró la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

Fuentes Velázquez manifestó que en caso de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados —Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— continúen insistiendo en la reforma judicial impulsada por el presidente, se tomarán medidas drásticas, como la suspensión temporal del trabajo en el Poder Judicial, es decir, un paro nacional.

“Se ha unido el personal que trabaja con nosotros, quienes comparten la preocupación por el futuro de la justicia de la unión. La suspensión de labores, como última medida, la aplicaríamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria”, sentenció.

La protesta se realizó el martes 13 de agosto (DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM)
La protesta se realizó el martes 13 de agosto (DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM)

Acompañada por alrededor de 300 empleados y jueces, la jueza vocera enfatizó la necesidad de defender la independencia judicial y la estructura existente de la carrera judicial. En un pronunciamiento público, subrayó que la propuesta de reforma presenta muchas imperfecciones que perjudicarían tanto a los trabajadores del Poder Judicial como a la integridad de sus procedimientos y funciones.

En su discurso, reafirmó que es esencial posponer la reforma y reencauzar el debate público hacia una reforma integral bien justificada y profundamente meditada. “Es nuestro deber defender la independencia judicial. Las personas juzgadoras pedimos a la Legislatura y al gobierno entrante quedetengan en septiembre el actual proceso de reforma”, señaló el martes 13 de agosto.

El clamor por la integridad judicial ha sido constante entre los integrantes del Poder Judicial, quienes demandan una reforma que no solamente considere modificaciones sustanciales sino que, además, las perfeccione con el debido procedimiento y consenso de ambas cámaras legislativas.

Los cambios a la reforma que propone Morena

 

Ignacio Mier habló sobre los cambios que propone Morena (Cámara de Diputados)
Ignacio Mier habló sobre los cambios que propone Morena (Cámara de Diputados)

Una semana atrás, Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, explicó detalles sobre las modificaciones a la propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Según informó Mier Velasco durante el penúltimo foro en Saltillo, Coahuila, estas modificaciones buscan optimizar la estructura y procedimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como implementar un sistema que permita la elección de jueces en México.

El 6 de agosto, el político poblano destacó la importancia de estas modificaciones, argumentando que no alterarán la esencia de la iniciativa presentada previamente, sino que están diseñadas para hacer factible la elección de jueces.

Añadió que en los días próximos se podrán “expresar las primeras líneas de modificaciones a la iniciativa en varios aspectos centrales”, con el objetivo de mejorar y agilizar el proceso de elección y evaluación de jueces, magistrados, y ministros.

Uno de los principales cambios se enfocará en la creación de Comités de Evaluaciónpara valorar a los aspirantes a ocupar posiciones en la judicatura. Estos comités estarán integrados por individuos con vasta experiencia y una alta reputación en la procuración e impartición de justicia.

Otro aspecto significativo de la reforma se refiere al escalonamiento en la elección de jueces, magistrados y ministros, lo cual establecería una periodicidad específica para la renovación del Poder Judicial de la Federación.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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