“Septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país si el Congreso entrante y la futura presidenta se empeñan en aprobar esa iniciativa, haciendo oídos sordos de tantas advertencias y menospreciando propuestas alternativas de mejor factura”, declaró la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
Fuentes Velázquez manifestó que en caso de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados —Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— continúen insistiendo en la reforma judicial impulsada por el presidente, se tomarán medidas drásticas, como la suspensión temporal del trabajo en el Poder Judicial, es decir, un paro nacional.
“Se ha unido el personal que trabaja con nosotros, quienes comparten la preocupación por el futuro de la justicia de la unión. La suspensión de labores, como última medida, la aplicaríamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria”, sentenció.
La protesta se realizó el martes 13 de agosto (DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM)
Acompañada por alrededor de 300 empleados y jueces, la jueza vocera enfatizó la necesidad de defender la independencia judicial y la estructura existente de la carrera judicial. En un pronunciamiento público, subrayó que la propuesta de reforma presenta muchas imperfecciones que perjudicarían tanto a los trabajadores del Poder Judicial como a la integridad de sus procedimientos y funciones.
En su discurso, reafirmó que es esencial posponer la reforma y reencauzar el debate público hacia una reforma integral bien justificada y profundamente meditada. “Es nuestro deber defender la independencia judicial. Las personas juzgadoras pedimos a la Legislatura y al gobierno entrante quedetengan en septiembre el actual proceso de reforma”, señaló el martes 13 de agosto.
El clamor por la integridad judicial ha sido constante entre los integrantes del Poder Judicial, quienes demandan una reforma que no solamente considere modificaciones sustanciales sino que, además, las perfeccione con el debido procedimiento y consenso de ambas cámaras legislativas.
Los cambios a la reforma que propone Morena
Ignacio Mier habló sobre los cambios que propone Morena (Cámara de Diputados)
Una semana atrás, Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, explicó detalles sobre las modificaciones a la propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Según informó Mier Velasco durante el penúltimo foro en Saltillo, Coahuila, estas modificaciones buscan optimizar la estructura y procedimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como implementar un sistema que permita la elección de jueces en México.
El 6 de agosto, el político poblano destacó la importancia de estas modificaciones, argumentando que no alterarán la esencia de la iniciativa presentada previamente, sino que están diseñadas para hacer factible la elección de jueces.
Añadió que en los días próximos se podrán “expresar las primeras líneas de modificaciones a la iniciativa en varios aspectos centrales”, con el objetivo de mejorar y agilizar el proceso de elección y evaluación de jueces, magistrados, y ministros.
Uno de los principales cambios se enfocará en la creación de Comités de Evaluaciónpara valorar a los aspirantes a ocupar posiciones en la judicatura. Estos comités estarán integrados por individuos con vasta experiencia y una alta reputación en la procuración e impartición de justicia.
Otro aspecto significativo de la reforma se refiere al escalonamiento en la elección de jueces, magistrados y ministros, lo cual establecería una periodicidad específica para la renovación del Poder Judicial de la Federación.
El Gobierno de México anunció la puesta en marcha del “Plan Kukulkán”, una estrategia de seguridad diseñada para garantizar la protección antes, durante y después de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que tendrá sedes en Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó desde Zapopan, Jalisco, que el operativo contará con la participación de 20 instancias de los tres niveles de gobierno. El plan también contempla mecanismos de cooperación internacional con Estados Unidos, Canadá y la FIFA para fortalecer el intercambio de información, la planeación operativa y la atención oportuna de posibles riesgos.
De acuerdo con el funcionario, la estrategia incluirá capacitación especializada, ejercicios de planeación y operación, homologación de protocolos de actuación, simulacros a escala real, monitoreo permanente y un sistema de alerta temprana. Estas acciones, explicó, buscan garantizar condiciones de seguridad tanto para la población como para los millones de visitantes que se prevé lleguen al país durante el torneo.
El general Román Villalvazo, jefe del Centro de Coordinación para la Copa del Mundo, detalló la estructura operativa que será desplegada en las entidades sede y en otras ciudades vinculadas al evento. Precisó que participarán tres fuerzas de tarea conjunta y siete agrupamientos conjuntos, ya que además de los estadios donde se disputarán los partidos, se utilizarán instalaciones en siete ciudades adicionales donde clubes de futbol profesional prestarán sus campos para la concentración y entrenamiento de las selecciones.
Para cubrir estas actividades, se dispondrá de un total de 99 mil 388 elementos de seguridad. El despliegue estará integrado por 20 mil 734 efectivos de la Fuerza Aérea, 58 mil 654 de la Secretaría de Seguridad Pública y 20 mil integrantes de seguridad privada.
El general Villalvazo indicó que en cada estadio, centro de entrenamiento y zona destinada a Fan Fest se instalarán sistemas antidrones capaces de detectar y neutralizar cualquier artefacto volador que no se encuentre autorizado dentro de una “lista blanca”.
Según lo expuesto por las autoridades, el objetivo del operativo es garantizar un entorno seguro durante el evento deportivo y reforzar la imagen de México como un país confiable ante la comunidad internacional.