“Septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país si el Congreso entrante y la futura presidenta se empeñan en aprobar esa iniciativa, haciendo oídos sordos de tantas advertencias y menospreciando propuestas alternativas de mejor factura”, declaró la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
Fuentes Velázquez manifestó que en caso de que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados —Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)— continúen insistiendo en la reforma judicial impulsada por el presidente, se tomarán medidas drásticas, como la suspensión temporal del trabajo en el Poder Judicial, es decir, un paro nacional.
“Se ha unido el personal que trabaja con nosotros, quienes comparten la preocupación por el futuro de la justicia de la unión. La suspensión de labores, como última medida, la aplicaríamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria”, sentenció.
La protesta se realizó el martes 13 de agosto (DANIEL AUGUSTO/CUARTOSCURO.COM)
Acompañada por alrededor de 300 empleados y jueces, la jueza vocera enfatizó la necesidad de defender la independencia judicial y la estructura existente de la carrera judicial. En un pronunciamiento público, subrayó que la propuesta de reforma presenta muchas imperfecciones que perjudicarían tanto a los trabajadores del Poder Judicial como a la integridad de sus procedimientos y funciones.
En su discurso, reafirmó que es esencial posponer la reforma y reencauzar el debate público hacia una reforma integral bien justificada y profundamente meditada. “Es nuestro deber defender la independencia judicial. Las personas juzgadoras pedimos a la Legislatura y al gobierno entrante quedetengan en septiembre el actual proceso de reforma”, señaló el martes 13 de agosto.
El clamor por la integridad judicial ha sido constante entre los integrantes del Poder Judicial, quienes demandan una reforma que no solamente considere modificaciones sustanciales sino que, además, las perfeccione con el debido procedimiento y consenso de ambas cámaras legislativas.
Los cambios a la reforma que propone Morena
Ignacio Mier habló sobre los cambios que propone Morena (Cámara de Diputados)
Una semana atrás, Ignacio Mier Velasco, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, explicó detalles sobre las modificaciones a la propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Según informó Mier Velasco durante el penúltimo foro en Saltillo, Coahuila, estas modificaciones buscan optimizar la estructura y procedimientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como implementar un sistema que permita la elección de jueces en México.
El 6 de agosto, el político poblano destacó la importancia de estas modificaciones, argumentando que no alterarán la esencia de la iniciativa presentada previamente, sino que están diseñadas para hacer factible la elección de jueces.
Añadió que en los días próximos se podrán “expresar las primeras líneas de modificaciones a la iniciativa en varios aspectos centrales”, con el objetivo de mejorar y agilizar el proceso de elección y evaluación de jueces, magistrados, y ministros.
Uno de los principales cambios se enfocará en la creación de Comités de Evaluaciónpara valorar a los aspirantes a ocupar posiciones en la judicatura. Estos comités estarán integrados por individuos con vasta experiencia y una alta reputación en la procuración e impartición de justicia.
Otro aspecto significativo de la reforma se refiere al escalonamiento en la elección de jueces, magistrados y ministros, lo cual establecería una periodicidad específica para la renovación del Poder Judicial de la Federación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió no reaccionar a cada declaración del mandatario estadounidense Donald Trump, luego de que este reiterara durante la Cumbre del G7 en Francia que México está controlado por los cárteles del narcotráfico.
Durante su conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que Trump tiene una forma particular de comunicar sus mensajes y consideró que lo importante es el trabajo que realiza su administración en materia de seguridad.
Sheinbaum sostuvo además que el presidente estadounidense no cuenta con información precisa cuando realiza este tipo de acusaciones. Recordó que ya le ha expresado personalmente que las instituciones mexicanas funcionan y que el Estado mexicano mantiene su presencia y operación en todo el país.
La titular del Ejecutivo señaló que, durante una reunión celebrada en mayo con el senador estadounidense Markwayne Mullin en Palacio Nacional, se abordó el tema de los grupos criminales y se destacó el papel de las instituciones de seguridad mexicanas.
Como ejemplo, mencionó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien sobrevivió a un atentado perpetrado por un grupo criminal en 2020 y continuó en el servicio público. También destacó la labor del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo.
La presidenta subrayó además los resultados de la estrategia de seguridad de su gobierno. Entre ellos, mencionó una reducción de 46 por ciento en los homicidios dolosos y una disminución de 70 por ciento en el ingreso de fentanilo a Estados Unidos por vía terrestre.
Asimismo, hizo referencia al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo realizado por el Ejército mexicano en febrero pasado.
Las declaraciones de Sheinbaum se producen en medio de un escenario de tensiones entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y comercio, mientras Trump ha insistido en diversas ocasiones en que los cárteles ejercen control sobre territorio mexicano.
El contexto también incluye las acusaciones presentadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas.