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Juegos Olímpicos de Tokio ya tendrían nueva fecha de arranque

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio parecen alejarse de la opción de realizarlos en la primavera boreal de 2021, tras el aplazamiento por la pandemia del coronavirus. En vez de ello, cada vez más indicios apuntan al verano de ese año.

El presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, dejó entrever que los Juegos se realizarán en las mismas fechas en que estaban previstos en 2020, antes de que la emergencia sanitaria obligara a posponerlos al año próximo.

“Los Juegos deberían efectuarse en el verano, así que que deberíamos pensar en una época que se ubique de junio a septiembre”, dijo Mori el sábado, citado por un despacho de la agencia noticiosa japonesa Kyodo.

Después de anunciar el martes en Suiza el aplazamiento de la justa, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, dejó abierta la posibilidad de que se efectuara durante la primavera.

Antes de su aplazamiento, los Juegos Olímpicos debían ser inaugurados el 24 de julio y clausurados el 9 de agosto. Mori deslizó la posibilidad de que algunas decisiones se adopten durante la semana, cuando se reúna la junta ejecutiva del comité organizador.

Cualquier decisión definitiva será adoptada entre los organizadores locales y el COI, y con centenares de patrocinadores, federaciones deportivas y empresas de medios.

Debido a la posposición, los deportistas han quedado en el limbo. Muchos han tenido que suspender sus entrenamientos por la propagación del coronavirus. Incluso los que siguen preparándose desconocen cómo programar sus entrenamientos para llegar en la mejor forma a la fecha de las competiciones olímpicas.

Mori y el director general del comité organizador, Toshiro Muto, dijeron que la recalendarización de los Juegos Olímpicos conllevará un costo adicional que será “enorme”. Según proyecciones, los costos adicionales alcanzarán entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares, en tanto que los diversos niveles de gobierno en Japón quizá tendrán que aportar la mayor parte del dinero.

Los organizadores en Tokio dijeron que estaban destinando 12.600 millones de dólares a la realización de los juegos. Sin embargo, de acuerdo con un informe de una auditoría gubernamental, el costo será de por lo menos el doble. Todos los recursos, salvo 5.600 millones de dólares, son públicos.

El COI, con sede en Suiza, ha aportado 1.300 millones de dólares a la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio, según documentos del comité organizador local. Este cuenta con un fondo de reserva de alrededor de 2.000 millones de dólares para emergencias de este tipo y también coberturas de seguro.

Fuente: Publimetro

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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