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Juez da razón a Sedena y revoca suspensión contra Santa Lucía

El juez quinto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México concedió este martes la anulación a una de las suspensiones definitivas contra el aeropuerto de Santa Lucía.

El juez publicó en la lista del juzgado la sentencia, que le da la razón a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en el sentido que la no constitución del puerto aéreo en la base militar de Santa Lucía vulnera la seguridad nacional.

El abogado del colectivo #NoMásDerroches confirmó la resolución a El Financiero, sin embargo, señaló que aún no son notificados de la resolución del juez.

La cancelación de la suspensión definitiva abre la puerta para que el resto de impedimentos legales contra la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía pueda despegar.

“Resolución (…) Se resuelve. Primero: Es procedente y fundada la solicitud de modificación o revocación de la suspensión. Segundo. Se revoca la suspensión definitiva otorgada. Tercero. Se niega la suspensión definitiva”, mencionó, de acuerdo con la sentencia del expediente 1233/2019.

La decisión aún es apelable y, en su caso será un tribunal colegiado quien determine sobre dicha revocación. El propio tribunal podría remitir el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si considera que en la decisión a tomar implican temas de constitucionalidad.

La decisión deriva del escrito presentado por la Sedena en el que pidió revocar la suspensión definitiva concedida a #NoMásDerroches, para lo cual invocó el “interés nacional”

Y es que reveló al juez que desde el 29 de agosto, todos los espacios, inmuebles, construcciones, equipo y demás bienes del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana son Instalaciones Estratégicas.

La dependencia federal alegó que la suspensión definitiva otorgada al colectivo #NoMásDerroches “pone en peligro la defensa, integridad y soberanía del país por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”.

Agregó que también se pone en riesgo la “protección y seguridad para todos los ciudadanos de la República” al impedir la aplicación del Plan DN-III-E.

El colectivo #NoMásDerroches, integrado por diversas organizaciones civiles y empresariales, apuntó que la solicitud de revocación promovido por la Sedena “es la crónica de una maniobra anunciada”.

El viernes de la semana pasada, Luis Álvarez, también representante legal de la parte quejosa, señaló que si el juez desechaba la suspensión, el colectivo impugnaría la decisión.

Cabe señalar que esta resolución pertenece a una de las siete suspensiones definitivas que el colectivo #NoMásDerroches ha obtenido de un total de 147 juicios de amparo.

Originalmente, la citada decisión se iba a tomar el 24 de septiembre, pero en tres ocasiones se difirió la resolución. Sin embargo, el viernes se llevó a cabo la audiencia y este martes se publicó la resolución judicial.

Fuente: EL Financiero

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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