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Resto del mundo

Juez determina que plan de Trump para financiar el muro es ilegal

Un juez federal en Texas dictaminó que la declaración de emergencia nacional proclamada por el presidente de Estadod Unidos, Donald Trump es ilegal, por lo que su decisión de desviar dinero de otras fuentes para financiar la construcción del muro fronterizo también lo es.

El juez David Briones, de la Corte Federal del Distrito Oeste en Texas, respondió así el viernes a una demanda presentada en contra del Gobierno federal por el Condado de El Paso, Texas, conjuntamente con la organización Border Network for Human Rights.

En su decisión, el juez cuestiona mediante una orden preliminar los motivos que hay detrás de la declaración de emergencia en la frontera hecha por Trump el pasado febrero.

Briones, un juez que nombrado por el expresidente Bill Clinton, falló también en favor de los demandantes indicando que la «reputación» del condado de El Paso está en peligro, debido a las declaraciones de Trump de que el muro es necesario para frenar el caos y la falta de ley en la frontera.

Por su parte, el Gobierno federal argumentó que los demandantes no tienen jurisdicción sobre este caso, algo que rechazó el juez indicando que El Paso forma parte del objetivo de la proclamación de emergencia nacional, emitida por Trump después de que el Congreso se negó a otorgar más fondos para la ampliación del muro al aprobarse el presupuesto fiscal en enero.

En septiembre pasado y para la financiación del muro, el Departamento de Defensa anunció la cancelación de varios proyectos que emprendería en bases militares a un costo de 3.600 millones de dólares.

De estos fondos, 20 millones desviados estaban destinados originalmente a la base militar de Fort Bliss, en el Condado de El Paso.

En febrero de este año, y durante un mitin en la ciudad fronteriza de El Paso (Texas), Trump prometió «terminar» el muro con México, independientemente de lo que hayan acordado en el Congreso los negociadores demócratas y republicanos.

Excelsior

Resto del mundo

Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.

Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.

En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.

Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.

Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.

 

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