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México

Juez libera a policías acusados de golpear y violar a José Eduardo. La FGE apelará

Un Juez de control no encontró elementos para vincular a proceso a los cuatro policías de Mérida, Yucatán, detenidos como parte de la investigación por la violación y agresiones que causaron la muerte del joven José Eduardo Ravelo. La Fiscalía estatal aseguró esta tarde que presentará un recurso de apelación.

De acuerdo a lo expresado por el Juez, en su denuncia, el joven José Eduardo ofreció una descripción de sus agresores que no coincide con los rasgos, equipos y colores de los policías municipales que fueron detenidos el 7 de agosto. Ya que los servidores públicos no fueron vinculados a proceso, serán liberados el día de hoy.

La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE), que imputó a los policías los delitos de homicidio calificado cometido en pandilla, violación agravada y tortura agravada, informó en un comunicado que el proceso sigue abierto, por lo que, además de apelar la decisión del Juez, seguirá con la indagatoria del caso.

La dependencia explicó que la apelación que presente será analizada por Tribunal Superior de Justicia del Estado y mientras eso sucede seguirá con la investigación sobre la causa de muerte de José Eduardo.

“La Fiscalía proseguirá con la indagatoria de los hechos denunciados y que causaron la muerte del joven veracruzano a consecuencia de un síndrome de disfunción orgánica múltiple, secundaria a politraumatismo, tal como dictaminó un perito del Servicio Médico Forense de la FGE”, expuso.

La dependencia recordó que José Eduardo interpuso la denuncia contra los oficiales desde el 24 de julio por el joven y días después murió a causa de las lesiones.

Durante la audiencia de este viernes, el Juez destacó que los policías detenidos no pueden ser considerados culpables. “Toda persona es presunta inocente y que la resolución que se emitió hoy, no es una sentencia definitiva, es una resolución de carácter preliminar que lo único que analiza es que si hay una base aprobatoria para inicial un proceso penal por lo que ellos siempre han sido considerados, presuntos inocentes”, declaró.

El Juez recordó que a partir de mañana inicia un plazo de tres días para que las autoridades apelen la resolución. Por su parte, el representante legal de los policías comentó que a falta de alguna imputación, los cuatro trabajadores podrían retomar sus labores.

José Eduardo Ravelo murió luego de haber sido detenido, golpeado y abusado sexualmente por policías municipales, mientras caminaba por un parque de la ciudad de Mérida solo porque les resultó sospechoso.

Según contó la madre del joven quien era originario de Veracruz y había ido a la ciudad yucateca en busca de trabajo, el 22 de julio policías detuvieron a José Eduardo y lo subieron a una patrulla, donde lo golpearon y violaron.

Luego lo trasladaron a la Fiscalía donde, según lo relatado por la madre, volvieron a abusar del joven y lo torturaron.

Mientras rendía su declaración, José Eduardo comenzó a sentirse mal, por lo que fue revisado y el médico constató que había sido abusado sexualmente y golpeado lo que le dejó un pulmón perforado y daño cerebral que requirió traslado a un hospital.

Ya en el nosocomio, los doctores dijeron que el joven era sospechoso de COVID-19, por lo que lo trasladaron al área de coronavirus donde murió el 3 de agosto.

Tras la muerte de su hijo, la madre interpuso una denuncia en contra de los oficiales que golpearon y abusaron de su hijo; además de que pidió ayuda para poder trasladar los restos del joven a Veracruz, donde reside la familia.

Este caso se suma a otros de abuso policial en México como el de Ayotzinapa, Guerrero (septiembre de 2014), Tanhuato, Michoacán (mayo de 2015); Nochixtlán, Oaxaca (junio del 2016); y entre los más recientes la muerte de Giovanni López en Jalisco en 2020 y de Victoria Salazar, en Quintana Roo en marzo pasado.

Fuente: EFE

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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