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Juez mexicano dirigirá la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue elegido por el pleno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como su nuevo presidente.

El actual vicepresidente de ese organismo se convierte así en el tercer juez de nacionalidad mexicana en ocupar dicho cargo, después de los juristas e investigadores eméritos del IIJ, Héctor Fix-Zamudio y Sergio García Ramírez, informó la máxima casa de de estudios en un comunicado.

Ferrer iniciará su mandato el 1 de enero de 2018.

En el mismo acto, efectuado en San José, Costa Rica, se eligió como nuevo vicepresidente al juez Eduardo Vio Grossi, de nacionalidad chilena. La elección se llevó a cabo durante el 120 Período Ordinario de Sesiones de la Corte, que culmina el próximo 24 de noviembre.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot es Juez de la Corte Interamericana desde 2013, actualmente Vicepresidente (2016-2017). Fue Juez ad hoc en el Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México (2009-2010).

Reconocido jurista mexicano de prestigio internacional, se desempeña también como profesor de la Facultad de Derecho de la misma Universidad.

Laboró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y ocupó distintos cargos en el Poder Judicial de la Federación de México. Es Presidente de los Institutos Iberoamericano y Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y miembro de más de veinte asociaciones académicas y científicas.

Es autor de numerosas publicaciones sobre derecho constitucional, procesal, amparo y derechos humanos y profesor visitante en destacadas Universidades de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

Ferrer es licenciado en Derecho y doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California, así como doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, con estudios en Derechos Humanos en el Institut International des Droits de l’Homme, Estrasburgo, Francia.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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