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México

Juez ordena liberar bajo fianza a José Manuel Mireles, preso durante casi tres años

Después de casi tres años en prisión, el juez quinto de distrito en Uruapan, Rubén Olvera Arreola, ordenó poner en libertad al exlíder de un grupo de autodefensas en Michoacán, José Manuel Mireles, quien seguirá bajo proceso penal por portación de arma de fuego reservada a las Fuerzas Armadas.
El magistrado Olvera determinó procedente la revisión y sustitución de la prisión preventiva de Mireles a fin de que siga su proceso en libertad, al reunir los requisitos que establecen la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, confirmó el abogado Ignacio Mendoza Jiménez.
De esta forma, Mireles Valverde deberá cumplir con las siguientes medidas cautelares: “presentarse periódicamente a firmar ante dicho juzgado; depositar una fianza de 30 mil pesos; no salir de la entidad ni del país, así como tampoco acercarse o comunicarse con determinadas personas”.
José Manuel Mireles está sujeto a proceso por su probable participación en la comisión del delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, expediente que actualmente se encuentra en trámite, debido a que aún faltan por desahogar diversas pruebas ofrecidas por sus defensores.
No obstante, los defensores legales de Mireles, encabezados por Mendoza Jiménez y Daniel Moncada, de Movimiento Ciudadano (MC), y la hermana del imputado, Virginia Mireles Valverde, interpusieron una denuncia de tipo penal en contra del juez quinto Olvera Arreola por obstrucción y omisión en el caso del exvocero de las autodefensas michoacanas.
Esas irregularidades, acusaron, han retrasado que desde el 20 de febrero pasado se defina la libertad bajo caución de Mireles Valverde, acotó Daniel Moncada Sánchez, diputado local por MC.
Ayer mismo el magistrado había sostenido que “había asuntos más importantes que el del exvocero de las autodefensas y que no tenía tiempo”.
Lo anterior se dio a conocer a través de un video en poder de Apro, donde el juez pretexta falta de tiempo y exceso de carga laboral para no emitir una resolución a la petición de excarcelación del exvocero del grupo de autodefensa de Tepalcatepec para enfrentar su proceso en libertad.
Mireles fue detenido el 27 de junio de 2014 en Lázaro Cárdenas, cuando el actual titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Castillo, era el comisionado especial del gobierno de Enrique Peña Nieto para Michoacán.
La Procuraduría General de la República lo consignó por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en momentos en que Mireles era un fuerte crítico de Castillo por favorecer a grupos armados que el exlíder aseguró eran parte de la delincuencia organizada.

Fuente: Proceso

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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