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México

Juicio de García Luna se posterga hasta Octubre a causa del COVID-19

La próxima audiencia del que fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, Gernaro Garcia Luna, será hasta el 7 de octubre de este año. A principios del mes pasado el juez estadounidense Brian Cogan había dictaminado que fuera el 30 de julio, sin embargo, este lunes ordenó que se pospusiera.

Según reporta el periodista Keegan Hamilton, lo anterior fue dispuesto por el juez tras un acuerdo de las partes, debido a la situación que existe en Nueva York por el COVID-19.

Hamilton detalló que los fiscales han entregado más de 60 mil páginas de evidencia en contra de García Luna.

García Luna se encuentra revisando material en una computadora portátil en su celda ubicada en el Centro de Detención Metropolitano (MDC por sus siglas en inglés), ubicado en Brooklyn.

“Las partes continúan enfrentando demoras en la preparación del juicio… a la luz de la pandemia”, se lee en el documento.

Está es la segunda ocasión que se pospone la audiencia de Garciá Luna. El mes pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que la audiencia de García Luna, sería aplazada hasta el próximo 30 de julio por problemas de las autoridades para reunirse con testigos encarcelados.

Hae unos días, fiscales neoyorquinos enviaron a los abogados del ex secretario de Seguridad Pública de México pruebas contra su cliente, que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas que lo vinculan con el narco.

En dos cartas disponibles en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses, los fiscales del distrito sur de Nueva York dijeron que enviaron las pruebas a los abogados y pidieron pruebas recíprocas por parte de la defensa.

Las evidencias incluyen 43.8 kilos de cocaína decomisada en Brooklyn (Estados Unidos), el 24 de mayo de 2002, cuando García Luna se encontraba al frente de la Coordinación General de la Agencia Federal de investigación de la entonces PGR.

También serán presentados 20 kilos de cocaína asegurados en el Buque Gatun, cerca de la costa de Panamá, en marzo de 2007. La droga fue parte de un operativo contra el narcotráfico, que se llevó a cabo unos días después de que el gobierno mexicano encontrara USD 25 millones en efectivo en la casa de Zhenli Ye Gon, en Lomas de Chapultepec (Ciudad de México).

Finalmente, las autoridades exhibirán ante la Corte 22 kilos de cocaína y 4 kilos de heroína asegurados en Palisades, Nueva Jersey, en julio de 2009, cuando García Luna era titular de la SSP federal.

En esta etapa del caso de García Luna, conocida como descubrimiento probatorio, la defensa, que encabeza el abogado César De Castro, también recibió miles de páginas de documentos que incluyen transcripciones de llamadas interceptadas, registros financieros, bancarios y de negocios, expedientes aportados por el gobierno de México, y declaraciones rendidas por el mismo ex jefe de la policía, detenido en Dallas (Texas, Estados Unidos), el pasado 9 de diciembre de 2019.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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