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Junta mexicana 1.5 mdp para liberar a su hijo en China

A Yolanda Quintero Sánchez se le agota el tiempo para liberar a su hijo. En abril de 2017 Diego fue detenido en China por golpear a una persona de la tercera edad. Este 15 de junio deberá pagar 1.5 millones de pesos (500 mil yuanes) que le exige la familia de la víctima para perdonarlo.

Mediante una campaña en medios de comunicación, a la que se le sumaron ciudadanos de Uruapan, este jueves Yolanda logró recaudar el total. Sin embargo, al hacer el cambio de pesos a yuanes, le faltaron 100 mil pesos, según le informó la embajada de México en China.

En entrevista con El Universal, explica que hasta el miércoles había reunido —con ayuda de personas de todo el país e incluso de Estados Unidos— cerca de un millón 425 mil pesos. Ayer completó el millón y medio de pesos para sacar a su hijo de la cárcel para extranjeros de Beijing, donde se encuentra recluido desde el 2 de abril del año pasado.

El dinero se canalizó a la Cancillería de México, de ahí lo mandarán al consulado de China y la embajada —junto con el abogado de Diego— lo entregará al juzgado chino. “Después esperemos ya la carta del perdón de la familia y que la juez ya dictamine”, dijo.

Añadió que de no cubrirse la fianza, “la sentencia sería de siete a nueve años de prisión, pero “ya casi lo logramos, estamos a una rayita nada más y con la fuerza de Dios y de toda la ciudadanía, de todas estas maravillosas damas que hemos estado trabajado en la venta de galletas, de pasteles, de rifas, boteando, estamos a un pasito, lo vamos a lograr, va a ver”, confió Yolanda Quintero.

Aclaró que a pesar de la necesidad no ha tenido que solicitar un préstamo, todo ha salido de donaciones y apoyos de gente que se ha enterado de su problema.

Diego Fernández Quintero y su hermano Alejandro viajaron a Beijing, China, como parte de un intercambio cultural. En la escuela donde dormían tuvieron un incidente con el guardia, quien resultó ser de la tercera edad.

Los delitos que se le imputan al joven oriundo de Uruapan están considerados graves, porque la víctima es de la tercera edad, señalan fuentes diplomáticas.

Yolanda admite que Diego golpeó al guardia, pero éste había aceptado las disculpas y les había permitido, ingresar al área que tenían acondicionada como dormitorio. Por su hijo Alejandro, sabe que el agredido nunca estuvo hospitalizado, como acusan.

Fuente: EL Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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