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México

Karime seguirá juicio en libertad; pagó fianza de 3.6 millones de pesos en Gran Bretaña

Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue detenida ayer en el Reino Unido, luego de acudir a una audiencia en un juzgado no especificado para responder a los cargos de fungir como presunta prestanombres de su esposo, motivo por el cual tenía una orden de detención con fines de extradición.

La aprehensión fue el resultado de las gestiones de la Fiscalía General de la República (FGR) con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante las autoridades del Reino Unido, quienes hicieron la captura.

Sin embargo, fue dejada en libertad tras pagar una fianza de casi cuatro millones de pesos (3.6 mdp) dictada por un juez en Londres.

Luego de seis horas de audiencia, el juez le fijó una caución de 150 mil libras esterlinas y estableció limitantes de movimiento para no salir de Londres.

El 5 de octubre de 2018, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó a la Gran Bretaña la solicitud de arresto provisional con fines de extradición a través de la embajada de México y en apego al convenio signado entre estas dos naciones para la entrega de “fugitivos criminales”.

La ficha que proporciona la embajada en el Reino Unido sobre Karime Macias de Duarte refiere que es una mexicana nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, el 24 de noviembre de 1975; de color de piel blanco, cabello corto y grueso y casada con el exgobernador.

La solicitud, hecha pública a partir de una resolución del Inai, agrega una fotografía para la mejor identificación de Karime y refiere (en ese tiempo) que ha sido vista de forma recurrente en Londres, donde tiene su residencia.

El informe a las autoridades inglesas establece que el 25 de mayo del año pasado un juez de Xalapa, Veracruz, otorgó la orden de aprehensión contra Macías Tubilla, a quien acusó la Fiscalía del estado de haber desviado recursos por medio de seis empresas fantasma, durante sus funciones como presidenta del sistema DIF de Veracruz.

El daño al erario ascendería a más de 110 millones de pesos, y de acuerdo con el Código Penal de Veracruz, el castigo por el delito que se le imputa va de los 5 a los 12 años de prisión, con una media de ocho años y seis meses de prisión.

Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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