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Kilo de tortilla sube a 25 pesos y sigue a la alza

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Tortillerías venden hasta 25 pesos el kilogramo de tortilla, que desde el pasado 14 de marzo subió paulatinamente el costo, derivado del aumento del gas, gasolina e insumos, dijeron encargados de establecimientos.

“Empezando el año le subieron como tres pesos, ahora desde hace dos semanas le subieron a 24 pesos”, dijo Virginia al salir de la Tortillería Juárez de la calle Quinta, en la Zona Centro.

Añadió que la tortilla es un alimento en la mesa de su hogar, por lo que debe comprarlo para su familia aunque aumente su costo.

“Se que no es mucho, pero de peso en peso se va haciendo más grande”, recalcó.

La encargada de atender en la Tortillería Juárez, comentó que hace dos semanas aumentó de 22 a 24 pesos.

“Si no le subimos el precio no vamos a poder hacer tortillas, sabemos que es un alimento básico, pero todo ha subido, el gas, los insumos”, detalló la empleada.

En la Tortillería La Casa del Maíz, ubicada en la colonia 20 de Noviembre, el costo es de 25 pesos y medio kilo a 13, que también distribuye a tiendas de abarrotes de los alrededores.

En la tienda de abarrotes “El amigo de todos”, de la misma colonia, el costo del kilo de tortillas es de 22 pesos.

La encargada de la tienda de abarrotes comentó que sus clientes les preguntan por qué subió el costo, qué si fue decisión de la tienda.

“Nosotros les explicamos que nuestro proveedor aumentó el precio, ponen caras de disgusto pero qué podemos hacer”.

Desde principio del presente año, la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla (CNIPMT) había anunciado que el aumento de 24 podría ser posible derivado de la inflación de otros insumos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda comprar las tortillas en los lugares con menos costo, un producto que no es regulado por el gobierno federal.

El costo promedio era de 19 pesos a finales del año pasado, hoy a 25 pesos, es decir cerca del 30% de aumento

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Avala Congreso Fortalecimiento Financiero para el Estado

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-Por tres mil millones de pesos que serán inversión pública productiva.

La 68 Legislatura de Chihuahua, por mayoría de votos autorizó al Poder Ejecutivo del Estado a realizar las operaciones de financiamiento establecidas hasta por los montos y conforme a los destinos, términos y condiciones previstos en el mismo, por la cantidad de $3,000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 Moneda Nacional), más los recursos necesarios para cubrir los costos y gastos relacionados con su implementación y más fondos de reserva.

Dicho monto habrá de ser destinado a inversión pública productiva particularmente en infraestructura carretera y en el desarrollo del Polo de Desarrollo para el Bienestar en San Jerónimo, así como el refinanciamiento de créditos de largo plazo, incluido un crédito con Banobras bajo el esquema de Bono Cupón Cero, y la contratación de instrumentos derivados para mitigar riesgos por incrementos en tasas de interés.

Fue la diputada Carla Rivas Martínez la encargada de presentar el dictamen de Decreto ante el Pleno Legislativo, quien refirió que la autorización se da una vez realizado el análisis del destino y la capacidad de pago del Estado de Chihuahua, así como el Techo de Financiamiento Neto que le corresponde y los recursos que fungirán como fuente de pago de dicho financiamiento.

En este sentido y una vez autorizado financiamiento, el Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, en los términos y condiciones previstos en este Decreto, y hasta por los montos establecidos, podrán contratar financiamiento en una o varias etapas, según corresponda, para llevar a cabo las operaciones correspondientes.

Los recursos derivados del Financiamiento para Inversión Público Productiva (Financiamiento IPP) deberán ser destinados a financiar proyectos de inversión pública productiva destinados a:

-Construcción de obras para el abastecimiento de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones.
-Construcción de vías de comunicación.
-División de terrenos y construcción de obras de urbanización.
-Edificación no habitacional.
-Instalación y equipamiento en construcciones.
-Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.
-Infraestructura y equipamiento en seguridad pública y de justicia.
-Infraestructura y equipamiento en el sector salud.
-Infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades primarias, incluyendo, pero no limitando, pesca, agricultura y ganadería.

En los artículos transitorios del decreto de autorización, se planteó que el detalle de los proyectos de inversión público productiva a desarrollarse deberá estar descrito en los contratos a través de los cuales se implemente el Financiamiento IPP.

Cabe destacar que se aprobó la reserva del diputado Jorge Soto Prieto, en la que se señaló que los instrumentos derivados, al igual que los financiamientos, tienen que ser registrados ante la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como lo marca la regulación federal. Para cumplir con la norma, la autorización de este Congreso debe contener específicamente la clave de registro de los créditos a los cuales se les contratará un instrumento derivado tal y como lo marca el Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

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