Un juez argentino procesó este lunes a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de activos y asociación ilícita, en una causa por supuestas irregularidades con empresarios de la obra pública a través de la empresa familiar Hotesur.

El magistrado Julián Ercolini procesó además a, entre otros, a Romina Mercado, sobrina de Fernández y al empresario constructor Lázaro Báez, ya en prisión preventiva desde 2016 por otra causa, y ordenó trabar contra todos ellos embargos por sumas de hasta 800 millones de pesos (32.02 millones de dólares) para cada uno.

Este es el quinto procesamiento judicial para la actual senadora, con el que se busca saber si la familia de la expresidenta recibió pagos por parte de empresarios de obra pública a través de la contratación de habitaciones de un hotel administrado por la firma Hotesur, participada por Cristina Fernández y sus dos hijos.

El juez aseguró que Hotesur no contaba «con capacidad económica ni experiencia en el rubro», y que su finalidad era otorgarle a las cantidades pagadas en sobornos «apariencia de legítimas».

El magistrado ya intervino la compañía hotelera el pasado marzo, cuando afirmó que había sido «una de las personas jurídicas a través de las cuales la familia Kirchner habría recibido periódicamente dinero obtenido mediante la defraudación contra el Estado nacional».

En noviembre de 2017, la exmandataria declaró por esta causa, negó todas las acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido plenamente legal; además denunció que su situación judicial se debía a intereses del oficialismo.

El conocido como «caso Hotesur» se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer.