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México

Kumamoto inicia su campaña al Senado

La fórmula independiente que buscará un escaño en el Senado de la República, conformado por Pedro Kumamoto Aguilar y Juanita Delgado, comenzó su campaña electoral en el barrio de Analco en Guadalajara, cerca del Monumento Estela Contra el Olvido en la Plaza de San Sebastián de Analco.

Con una brigada de treinta personas, y acompañado por los candidatos independientes a diputados locales Pablo Montaño (Distrito 8), Rodrigo Cornejo (Distrito 10) y Alberto Vale (Distrito 13), Kumamoto aseguró que impulsará tres temas fundamentales en caso de ser electo al Senado: combate a la impunidad, mejora de salario mínimo y pensiones, y mayor calidad de servicios públicos como la salud y la educación.

«En primer lugar, es fundamental acabar con la impunidad y los lujos de la clase política, impulsando la iniciativa ‘Sin Voto No Hay Dinero’ a nivel nacional, la eliminación del fuero, la construcción de una Fiscalía autónoma, y el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción acompañado de un ministerio público a través de un examen de oposición y no por cuatachos», afirmó Kumamoto Aguilar.

«Segundo, repensar e impulsar que el salario mínimo no sea lo que hoy recibimos en nuestro país, y hablar de pensiones y construir un esquema en el que las y los jóvenes podamos adquirir una casa (…) y tercero, que lo público sea excelente, queremos abrir la discusión para construir un sistema de salud público, universal, que garantice verdaderamente el acceso a la salud», complementó el ex-diputado local por el distrito 10.

La campaña de Kumamoto y Delgado rumbo al Senado, respaldada por 130 mil firmas recolectadas por dos mil 500 voluntarios, se hará de la misma manera que hace tres años, con visitas casa por casa y promoción del voto mediante brigadas ligadas al proyecto Wikipolítica. En esta ocasión, habrá 20 brigadas permanentes en todo el estado, 10 en la Zona Metropolitana de Guadalajara y el resto en el interior de Jalisco.

Kumamoto estimó que sus gastos durante la contienda electoral, no rebasarán los dos millones y medio de pesos que el Instituto Nacional Electoral entregó a cada candidatura independiente al Senado. Esto representa menos del 10% del tope de gastos de campaña estipulado para los candidatos a esta Cámara del poder legislativo federal, que consta de 28 millones de pesos.

«Jalisco está dando el ejemplo el país, y el país confía en Jalisco, por eso a las prácticas viciadas, a las promesas incumplidas, a los que creen que somos ingenuos, a los corruptos, a los que juegan con la justicia, nos dieron la espalda y repiten ideas bonitas pero no logran hacerlas realidad, a todas esas personas ¡vamos a reemplazarles!», señaló Kumamoto.

Informador

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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