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La activista Susana Prieto lleva cinco días en prisión preventiva

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“Claro que tengo miedo, claro que temo por mi seguridad”, decía hace apenas unas semanas la abogada laboralista Susana Prieto a este periódico. Estaba entonces enfundada en su equipo de protección contra el coronavirus a la puerta de una empresa en Ciudad Juárez, donde animaba a los trabajadores a exigir el cierre de la maquiladora y protegerse en sus casas, tal y como había decretado el Gobierno federal. Ahora duerme en una prisión de Ciudad Victoria (Tamaulipas) donde lleva detenida de forma preventiva desde el 8 de junio.

Se le acusa de motín, amenazas y delitos contra servidores públicos ocurridos el 10 de marzo. Ese día grabó con el celular uno de sus cientos de vídeos frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Matamoros, donde participaba en una concentración de obreros. En esa misma localidad fue detenida el pasado lunes al salir de un restaurante con su hija y su marido. Apenas dos horas más tarde, la sacaron de la Procuraduría “como si fuera una delincuente peligrosa, con un gran despliegue policial y la trasladaron a Ciudad Victoria”, dice la portavoz de la familia, Alina Alvidrez. Ahí sigue encerrada, a casi 400 kilómetros de su casa. La familia teme por su salud y por su vida.

Susana Prieto también ha grabado su detención en el celular. Cientos de vídeos como ese permiten seguir al detalle la actividad diaria de esta abogada laboralista que ha dedicado 30 años a defender y reclamar derechos para los obreros del norte de México, en la frontera con Estados Unidos, una zona violenta salpicada de maquiladoras donde se producen piezas para las empresas estadounidenses y europeas con mano de obra barata y bocas en silencio. Prieto siempre ha hecho ruido, por eso su detención ha venido acompañada de numerosas muestras de rechazo de organizaciones de toda clase y mensajes desde Turquía, Brasil o España, a decir de Alvidrez.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha desvinculado esta detención del Gobierno Federal y del estadounidense y la atribuye exclusivamente al Estado de Tamaulipas. En su conferencia del viernes dijo que no “se pueden fabricar delitos a nadie” y anunció que ha dado instrucciones para que intervenga la Secretaria de Trabajo en busca de una conciliación. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estará vigilante para “evitar arbitrariedades” en el proceso.

La primera arbitrariedad que detectan los abogados de Susana Prieto es que la activista esté en prisión preventiva cuando los delitos que se le atribuyen no son graves y han presentado los documentos que certifican su arraigo laboral y familiar en Matamoros. Sin embargo no han encontrado buena recepción ante la jueza Rosalía Goméz Guerra. “No hay ninguna intención de huir a ninguna parte, le hemos dado garantías de ello”, afirma Alvidrez.

La detención de la abogada coincidió el pasado lunes con la salida de uno de los turnos de trabajadores de las maquiladoras y de inmediato la noticia se extendió como la pólvora y hubo manifestaciones espontáneas de rechazo en las calles, zonas industriales y frente a la Procuraduría. “Para la familia fueron horas de tensión muy fuertes. Vieron como un despliegue policial la sacaba de allí pero nadie informó de dónde la llevaban. Por la noche nos enteramos por los medios de comunicación de que había sido trasladada a Ciudad Victoria bajo el argumento de medidas de seguridad”, sigue Alvidrez.

Susana Prieto, de 53 años, trabajó como maquiladora cuando era joven para pagarse los estudios de abogacía. Esa es la razón de que se haya dedicado a defender a estos obreros que no saben nada de sindicalismo, ni de derechos laborales. “Esto es el paraíso para las empresas”, decía hace unas semanas Prieto. Con la crisis del coronavirus, la activista redobló esfuerzos. Iba y venía de una empresa a otra arengando a los trabajadores para que solicitaran equipos de protección suficientes en las empresas esenciales y el cierre de aquellas que no lo eran. Algunas maquilas que no detuvieron sus máquinas iban echando el cierre a medida que se daban casos mortales. Prieto espantaba el miedo de los empleados con argumentos legales y les conminaba a unirse en acciones de protesta. Pero apenas encontraba eco en algunas mujeres más aguerridas que se negaban a trasladar el coronavirus de la empresa a casa en esos camiones donde iban apiñadas. “¡No sean pendejos, tienen la ley de su parte, no se crean las amenazas de la empresa, no pueden despedirlos, hay un decreto federal!”. Pero muchos sucumbía al temor y al hambre y entraban mansos a trabajar un día más o volvían a casa despedidos con unas cuantas monedas.

Prieto, madre de cinco hijos, es consciente de que su activismo puede ir quebrando poco a poco el paraíso laboral en el que se desenvuelven estas poderosas empresas, relacionadas con las nuevas tecnologías, el sector automovilístico o los electrodomésticos. Estados Unidos manda las piezas, los mexicanos las ensamblan y las devuelven a las cadenas de producción del otro lado de la frontera. Las empresas estadounidenses vienen presionando hace semanas para reanudar su actividad a pesar de que en México el riesgo de contagios estaba aún en sus máximos. La abogada es una piedra en el zapato, un incordio inesperado que despierta a los obreros. Viene sobrando. En este contexto económico hay que situar las palabras del presidente López Obrador cuando desmarcaba a Estados Unidos de este proceso.

Fuente: El País

México

¿Cuántos desaparecidos hay en México?

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Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó 132 mil 534 casos de personas desaparecidas en México. Desde 2006 a la fecha, solo el 33%, es decir, 43 mil 128 registros tienen datos suficientes para la búsqueda.

Durante la conferencia matutina de este viernes 27 de marzo, la funcionaria detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y la Base Nacional de Carpetas de Investigación, 46 mil 724 tienen datos insuficientes para emprender su búsqueda, mientras que 40 mil 308 personas reportan actividades y registros después de su fecha de desaparición.

«El 36% del total que no tienen datos completos, por ejemplo, no cuentan con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda aun así y se mantienen en el registro», explicó.

Puntualizó que antes de la reforma en materia de personas desaparecidas en 2025, no se solicitaban datos mínimos cuando se subía un reporte de persona desaparecida en el Registro Nacional. La funcionaria mostró casos que no tienen dirección, teléfono de contacto ni lugar de desaparición, entre otros datos fundamentales para la búsqueda.

Mientras que 40 mil 308 registros que sí cuentan con datos suficientes para la búsqueda, sin embargo, después de una revisión en diversos registros administrativos, se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su desaparición. Entre ellos, matrimonios, altas en el SAT y cambios de domicilio en el INE.

«Una persona fue registrada como desaparecida en el año 2010, aparece en el registro de vacunación con todos sus datos en el 2021. Otro ejemplo, una persona que fue registrada como desaparecida en 2012 se registró en el INE en el año 2023 e incluso coinciden sus huellas digitales», dijo.

«El tercer grupo de 43 mil 128 casos, el 33% del total, corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento y después de una búsqueda exhaustiva en registros administrativos no se han encontrado aún coincidencias ni actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición», mencionó.

Esta mañana, Figueroa Franco presentó un informe de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, que destaca que de 394 mil 645 registros del RNPDNO, 66% ya fueron localizadas, o sea 262 mil 111 personas, de las cuales, 240 mil 211 fueron encontradas con vida y 21 mil 900 sin vida.

Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas

La titular del Secretariado Ejecutivo mencionó que en los casos de personas que muestran indicios de su localización, se requiere una prueba de vida o en su caso, de fallecimiento, por lo que el Gobierno Federal ha implementado una estrategia que contempla dos rutas.

«La primera, cuando se cuenta con datos de contacto, se realiza una llamada para verificar el estatus de la persona y posteriormente se agenda una visita domiciliaria a fin de recabar evidencia de prueba de vida la cual se integra al expediente para la actualización del caso», explicó Figueroa Franco.

Sin embargo, cuando no se dispone de datos de contacto, se solicita información a dependencias como el Instituto Nacional Electoral (INE) o compañías telefónicas y una vez obtenida, se aplica el mismo procedimiento de verificación.

Señaló que este esquema permite confirmar información, actualizar los registros de manera responsable para cambiar el estatus de la persona de desaparecida a localizada y brindar certeza a las familias. Afirmó que debido a esta estrategia, ya fueron ubicadas 5 mil 269 personas y se cambió su estatus de desaparecidas a localizadas en el Registro.

«Un ejemplo concreto es el caso de Enrique N, reportado como desaparecido en 2016. La plataforma de este cruce de registros detectó mil 500 coincidencias con registros administrativos, como el registro de un menor en el registro civil, un matrimonio un año después de la desaparición y diversos trámites laborales. Lo que mostró que esta persona realizaba actividades pese a que estaba reportada como desaparecida», dijo.

Sobre los casos que sí reportan datos completos para su búsqueda, la titular del SESNPS, explicó que el 71% (43 mil 128 registros), fueron integrados por fiscalías estatales al Registro Nacional y solo 3 mil 869 cuenta con una carpeta de investigación, mientras que 26 mil 611 son reportes únicamente.

«La diferencia entre un reporte y una carpeta es que los reportes formalmente no inician una investigación dentro de la fiscalía. En segundo lugar, tenemos los registrados por las comisiones locales de búsqueda que suman 10 mil 854 casos. Y por último, mil 794 que fueron reportados por la ciudadanía directamente en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda», refirió.

Para finalizar, Figueroa Franco mencionó que de 2006 a 2026, de 46 mil 742 personas el 36% del total no tienen datos suficientes para la búsqueda; 40 mil 308, el 31% del total tienen datos suficientes para la búsqueda y registraron actividades después de su fecha de desaparición. Y actualmente la autoridad está en proceso de confirmar y formalizar su localización de 43 128 registros, el 33% del total.

Afirmó que de cada 100 personas reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio 66 son localizadas, de las cuales, 92 de cada 100 casos se localizan con vida y en 96 casos de cada 100 casos los reportes no están relacionados con la comisión de un delito.

Por último, destacó que desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del 1 de octubre de 2024 a la fecha, se han localizado 31 mil 946 personas con reporte de desaparición.

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