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Opinión

La antepenúltima de Duarte por Victor Quintana

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La volvió a hacer. Aunque su sexenio vive sus últimas horas, sigue dando lata. Como el robot de  Terminator I del que ya sólo quedaba una mano con antebrazo mecánico, pero se seguía moviendo para hacer el mal. Así llega César Duarte al final de su gobierno.

Si varias organizaciones de la sociedad civil les impidieron a los serviles diputados imponer la reforma constitucional para crear un sometido Consejo de la Judicatura el jueves pasado, el Congreso vuelve a convocar a período extraordinario para el próximo lunes con ese punto en la agenda. Duarte quiere a toda costa salirse con la suya. Burlarse del pueblo de Chihuahua una y otra vez, hasta el último segundo antes de entregar su agonizante mandato.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del miércoles pasado, los criados de Duarte disfrazados de legisladores citaron a Sesión Extraordinaria para el día siguiente. De la nutrida agenda destacaban dos temas. El primero implica reformar la Constitución del Estado, crea el Consejo de la Judicatura Estatal y modifica la forma de elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. En ambos casos, se favorece al gobernador y al presidente del Tribunal para que tengan más poder y puedan controlar a la mayoría de los magistrados y de consejeros de la nueva judicatura. De aprobarse esta iniciativa, que se presenta a última hora y no deja espacio alguno para la participación de la sociedad civil, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua estará controlado por los personeros de César Duarte al menos por seis años más.

La otra iniciativa es la que establece escoltas y protección permanente para los exgobernadores y algunos exfuncionarios, con cargo al erario chihuahuense. Un gobierno que se distinguió por el dispendio en escoltas y camionetas blindadas va ahora a echar sobre los hombros de los contribuyentes la pesada losa de sostener a los ejércitos privados de los gobernantes y funcionarios corruptos y miedosos.

Sin embargo, desde antes de iniciarse la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, un contingente de activistas de la Alianza Ciudadana y de las Barras y Colegios de Abogados se hicieron presentes en la sala de plenos, tomaron la tribuna y con megáfonos y pancartas mostraron su rechazo al golpe legislativo del duartismo.

Inundaron las redes sociales llamando a toda la ciudadanía a mostrar su repudio. La gallarda reacción ciudadana, organizada en unas cuantas horas, logró que la mayoría priista bajara del orden del día la sesgada iniciativa para crear el Consejo de la Judicatura.

Con todo y eso, los legisladores prosiguieron la sesión: aprobaron las escoltas para el fiscal y el director de la Policía Estatal y reeligieron e hicieron prácticamente inamovibles a dos magistrados de Parral, amigos del gobernador. Para taparle el ojo al macho legislaron para que las fotomultas no vuelvan nunca más.

Pero la estaca no estaba bien clavada en el corazón del vampiro, o por más aplanadoras ciudadanas que le pasen encima o granadas de la opinión pública le exploten, lo que queda del Terminator sigue haciendo la vida imposible a cuanto prójimo tenga en los confines del estado: le ordenó a sus diputadas y diputados en el Congreso que vuelvan a citar a período extraordinario para el próximo lunes 26 y vuelvan a subir el tema del Consejo de la Judicatura. No es que le inflame las entrañas el deseo de dejar a Chihuahua instituciones justicieras expeditas, modernas, que rindan buenas cuentas. Lo que le urge es que sus compadres queden dentro de esas instituciones. Es muy bueno que en el Poder Judicial haya un organismo de contrapeso, evaluación y seguimiento, como lo es el Consejo de la Judicatura. Pero es muy malo que ese Consejo esté controlado por magistrados o –como se teme– por jueces que sólo escuchan la voz del amo y ese amo no sea el pueblo.

Al cerrar estas líneas, a diez días que finalice el gobierno de César Duarte, este es uno más de los hechos de corrupción y autoritarismo con que él se despide. Seguramente no el último.

Opinión

La embajada, ¿un salvavidas para Adán Augusto? Por Caleb Ordóñez T.

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El rumor corrió con fuerza, como suelen correr las versiones que no nacen en el vacío. En los pasillos del poder se empezó a repetir una misma idea: Adán Augusto López Hernández estaría explorando —o incluso negociando— su salida del Senado a cambio de una embajada. No como castigo, no como premio, sino como salida política. Cuando un trascendido de ese tamaño se vuelve insistente, no es porque alguien quiera inventar una historia, sino porque el sistema está buscando una válvula de escape.

En política, los fuertes rumores no siempre anticipan hechos, pero casi siempre revelan tensiones. Y hoy, la tensión alrededor de Adán Augusto es real, profunda y multicausal.

Caleb Ordóñez T.

Desde que asumió como coordinador del grupo mayoritario en el Senado, su figura pasó de ser un operador eficaz en la sombra a un protagonista expuesto todos los días. El Senado es una máquina de desgaste: cada sesión suma presión, cada negociación deja heridos, cada escándalo se amplifica. Y Adán Augusto llegó a ese espacio con una mochila pesada, cargada de pasado, poder y enemigos.

Porque no es un senador más. Es exsecretario de Gobernación, exgobernador, aspirante presidencial frustrado y, sobre todo, líder de un grupo político interno tan disciplinado como polémico, que hoy empuja candidaturas por todo el país. Gobernaturas, alcaldías, congresos locales, espacios estratégicos rumbo a 2027. Ese movimiento no es clandestino ni improvisado: es una estructura que incomoda porque compite, porque presiona y porque recuerda que el poder dentro del oficialismo no es monolítico.

Ahí comienza el problema.

La llegada de una nueva presidenta redefinió las reglas del juego. Claudia Sheinbaum necesita orden, control narrativo y disciplina legislativa. Y el Senado se volvió un frente sensible. Cada fractura interna cuesta gobernabilidad. Cada corriente autónoma se convierte en una amenaza potencial. En ese contexto, Adán Augusto dejó de ser solo un aliado con historia: pasó a ser un factor de tensión permanente.

A eso se sumó el golpe más duro: el costo reputacional derivado de su gestión pasada en Tabasco. La historia de su exsecretario de Seguridad —hoy señalado como operador criminal— se convirtió en un ancla que arrastra todo intento de defensa. No importa cuántas veces se repita que no hay una imputación directa: en política, la frase “él lo nombró” pesa más que cualquier deslinde técnico. El daño no es jurídico, es simbólico. Y el símbolo ya se instaló.

Como si eso fuera poco, el frente administrativo y legal terminó de cerrar el cerco. Más de treinta denuncias, montos que se cuentan en cientos de millones de pesos y cuestionamientos patrimoniales que, aun sin sentencia, generan una percepción devastadora. No porque prueben culpabilidad, sino porque obligan a dar explicaciones constantes. Y en el Senado, explicar es perder.

Con ese panorama, la embajada aparece como una jugada lógica. No elegante, no heroica, pero sí muy racional.

Salir del Senado reduce el ruido de inmediato. Desaparecen los micrófonos diarios, las preguntas incómodas, la necesidad de reaccionar. El personaje se traslada a una lógica distinta: la del servicio exterior, la representación del país, la agenda institucional. No limpia el pasado, pero enfría el presente.

Hay, además, un precedente que en el poder nadie ignora. Cuando Alejandro Gertz Manero dejó la Fiscalía General para asumir una embajada en el Reino Unido, la lectura fue similar: no se trató de un ascenso diplomático, sino de una reubicación política cuidadosamente calculada. En su momento, su permanencia en el centro del debate público ya era más costosa que útil, y la salida permitió despresurizar al gobierno sin abrir un conflicto frontal. El paralelismo es evidente: cuando una figura concentra demasiado desgaste, demasiadas resistencias internas y demasiada atención incómoda, la embajada se convierte en una fórmula conocida del sistema para retirar el estorbo sin admitirlo, enfriar la crisis y ganar tiempo. En política, a veces no se va el que cae, sino el que estorba quedándose.

Además, su salida reordena el tablero interno. Sin Adán Augusto en el Senado, su grupo político pierde un eje visible de poder, pero no se desintegra. Al contrario: se dispersa y se vuelve más negociable. Los aspirantes que hoy se cobijan bajo su sombra tendrían que sentarse directamente con el centro del poder. Eso reduce fricciones, descomprime ambiciones y elimina la sensación de que una sola corriente está capturando territorios.

Desde el punto de vista personal, la embajada también compra tiempo. Tiempo para que las investigaciones avancen o se diluyan. Tiempo para que la agenda pública cambie. Tiempo para reconstruir una narrativa distinta: la del político que se hizo a un lado “por el bien del país”, no la del dirigente que fue desplazado por escándalos.

Claro, el movimiento no está libre de riesgos. Salir del Senado puede implicar perder el fuero. Nadie con problemas potenciales hace eso a la ligera. Por eso, esta jugada solo tiene sentido si existe la percepción —o el acuerdo— de que el riesgo legal es controlable. La embajada, en ese sentido, no es protección jurídica, sino protección política.

Y está, por supuesto, la batalla final: la percepción pública. Para algunos será un premio; para otros, un exilio diplomático. Esa disputa no se define con el cargo, sino con el relato. Y ese relato no solo lo construye Adán Augusto: lo administra el poder.

Al final, el punto es brutalmente simple. En la política mexicana no siempre pierde el que se va. Muchas veces pierde el que se queda demasiado tiempo cuando el desgaste ya es irreversible. La embajada, en este caso, no sería una huida, sino un movimiento lateral para evitar una caída vertical.

Porque cuando los rumores de salida se vuelven insistentes, no hablan del futuro del cargo, hablan del presente del poder y hoy Adán Augusto está en el top de los más incómodos para palacio nacional.

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