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La antepenúltima de Duarte por Victor Quintana

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La volvió a hacer. Aunque su sexenio vive sus últimas horas, sigue dando lata. Como el robot de  Terminator I del que ya sólo quedaba una mano con antebrazo mecánico, pero se seguía moviendo para hacer el mal. Así llega César Duarte al final de su gobierno.

Si varias organizaciones de la sociedad civil les impidieron a los serviles diputados imponer la reforma constitucional para crear un sometido Consejo de la Judicatura el jueves pasado, el Congreso vuelve a convocar a período extraordinario para el próximo lunes con ese punto en la agenda. Duarte quiere a toda costa salirse con la suya. Burlarse del pueblo de Chihuahua una y otra vez, hasta el último segundo antes de entregar su agonizante mandato.

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del miércoles pasado, los criados de Duarte disfrazados de legisladores citaron a Sesión Extraordinaria para el día siguiente. De la nutrida agenda destacaban dos temas. El primero implica reformar la Constitución del Estado, crea el Consejo de la Judicatura Estatal y modifica la forma de elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. En ambos casos, se favorece al gobernador y al presidente del Tribunal para que tengan más poder y puedan controlar a la mayoría de los magistrados y de consejeros de la nueva judicatura. De aprobarse esta iniciativa, que se presenta a última hora y no deja espacio alguno para la participación de la sociedad civil, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua estará controlado por los personeros de César Duarte al menos por seis años más.

La otra iniciativa es la que establece escoltas y protección permanente para los exgobernadores y algunos exfuncionarios, con cargo al erario chihuahuense. Un gobierno que se distinguió por el dispendio en escoltas y camionetas blindadas va ahora a echar sobre los hombros de los contribuyentes la pesada losa de sostener a los ejércitos privados de los gobernantes y funcionarios corruptos y miedosos.

Sin embargo, desde antes de iniciarse la sesión extraordinaria del Congreso del Estado, un contingente de activistas de la Alianza Ciudadana y de las Barras y Colegios de Abogados se hicieron presentes en la sala de plenos, tomaron la tribuna y con megáfonos y pancartas mostraron su rechazo al golpe legislativo del duartismo.

Inundaron las redes sociales llamando a toda la ciudadanía a mostrar su repudio. La gallarda reacción ciudadana, organizada en unas cuantas horas, logró que la mayoría priista bajara del orden del día la sesgada iniciativa para crear el Consejo de la Judicatura.

Con todo y eso, los legisladores prosiguieron la sesión: aprobaron las escoltas para el fiscal y el director de la Policía Estatal y reeligieron e hicieron prácticamente inamovibles a dos magistrados de Parral, amigos del gobernador. Para taparle el ojo al macho legislaron para que las fotomultas no vuelvan nunca más.

Pero la estaca no estaba bien clavada en el corazón del vampiro, o por más aplanadoras ciudadanas que le pasen encima o granadas de la opinión pública le exploten, lo que queda del Terminator sigue haciendo la vida imposible a cuanto prójimo tenga en los confines del estado: le ordenó a sus diputadas y diputados en el Congreso que vuelvan a citar a período extraordinario para el próximo lunes 26 y vuelvan a subir el tema del Consejo de la Judicatura. No es que le inflame las entrañas el deseo de dejar a Chihuahua instituciones justicieras expeditas, modernas, que rindan buenas cuentas. Lo que le urge es que sus compadres queden dentro de esas instituciones. Es muy bueno que en el Poder Judicial haya un organismo de contrapeso, evaluación y seguimiento, como lo es el Consejo de la Judicatura. Pero es muy malo que ese Consejo esté controlado por magistrados o –como se teme– por jueces que sólo escuchan la voz del amo y ese amo no sea el pueblo.

Al cerrar estas líneas, a diez días que finalice el gobierno de César Duarte, este es uno más de los hechos de corrupción y autoritarismo con que él se despide. Seguramente no el último.

Opinión

Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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