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La brecha salarial separa a México y Canadá en la renegociación del TLC

México y Canadá han llegado de la mano a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Tras unas primeras semanas de presidencia de Donald Trump plagadas de amagos por el lado canadiense, que llegó a barajar la posibilidad de explorar la vía bilateral en detrimento de la actualización de un tratado con casi un cuarto de siglo de antigüedad, las delegaciones de ambos países participan de una agenda común en la segunda ronda de conversaciones, que se celebra hasta el próximo martes en la Ciudad de México. El abrazo de la ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, con el titular de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, en el pistoletazo de salida de las negociaciones, hace 15 días en Washington, daba fe de ello. Pero, no todo es sintonía y buenas palabras: un asunto, la brecha salarial y el supuesto dumping social del país latinoamericano con sus compañeros de viaje en el TLC, han abierto una brecha entre ambos países.

El jefe del mayor sindicato canadiense, Jerry Dias, ha aprovechado todas sus intervenciones desde que llegó a la capital mexicana para cargar contra la contención salarial aplicada por los sucesivos Gobiernos mexicanos desde la firma del tratado, en 1994. «[México] de alguna forma tiene que mantener a sus ciudadanos en la pobreza para generar empleos. Es un sinsentido y es indignante», ha repetido en los pasillos del hotel en el que se celebran los encuentros entre las tres delegaciones. «No entiendo el argumento de que tenga que oprimir a sus ciudadanos para estar mejor».

Aunque Dias solo asiste en calidad de acompañante del Gobierno canadiense —como lo hacen, del lado mexicano, decenas de empresarios—, su posición, algo suavizada, goza de predicamento dentro del Ejecutivo canadiense, que ve en la renegociación la oportunidad de hacer del TLC un tratado «mucho más progresista». Y la postura del sindicalista más poderoso del país es escuchada atentamente por el Ejecutivo de Justin Trudeau.

El Gobierno mexicano, en cambio, se ha mostrado contrario a que la cuestión laboral esté sobre la mesa en la renegociación del TLC. Pese a tener uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina —y, por supuesto, incomparablemente inferior al de Estados Unidos y Canadá, países con una renta per cápita y unos niveles de productividad mucho más altos—, y haber tenido el salario medio por hora prácticamente estancado en las dos últimas décadas, el mercado de trabajo, sostienen del lado mexicano, no debería estar en discusión.

Los empresarios del país latinoamericano tampoco quieren ni ver este tema. «México no puede meterse en el tema laboral de Estados Unidos o de Canadá. Y lo mismo les pedimos: que no se metan en estos temas», ha afirmado Bosco de la Vega, el presidente de la patronal agropecuaria. «La negociación es comercial, no laboral», agrega a EL PAÍS un empresario que acompaña al Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) en las conversaciones.

«México no quiere presiones externas en esta cuestión; no quiere ceder soberanía», resume Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM y miembro del comité de sabios que asesora al Gobierno en la renegociación. «Sin embargo, lo que Canadá está proponiendo incluso podría incrementar la productividad en México», opina Martínez.

A cambio de mantener los salarios bajos, no solo frente a EE UU y Canadá sino frente a países muy volcados en las manufacturas, como China, en las tres últimas décadas México ha logrado atraer a su territorio cada vez más etapas de la cadena productiva de industrias como la automovilística o la electrónica. Y ha fortalecido el modelo maquilador en la frontera con EE UU.

Tanto el tema laboral como los otros tres asuntos que más divergencias han abierto entre los socios norteamericanos —las reglas de origen, que fijan el contenido regional obligatorio de cada producto; el capítulo 19, que fija los mecanismos de resolución de controversias y la propiedad intelectual— se discutirán, según fuentes cercanas a las negociaciones, a partir del lunes, cuando Freeland, Guajardo y Wilbur Ross, el secretario de Comercio de EE UU, entrarán en liza. Pero no será hasta la siguiente ronda, dentro de 20 días en Ottawa, cuando se empiece a atisbar el primer boceto del nuevo tratado. «Ahí empezará la verdadera negociación; hasta ahora estamos en cuestiones importantes, pero técnicas», admite un asesor del Gobierno mexicano.

El País

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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