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Opinión

La caída del INAI, una historia de terror. Por Caleb Ordoñez T.

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La transparencia es como el Wi-Fi en las oficinas de gobierno: todos dicen que lo tienen, pero cuando intentas usarlo, simplemente no funciona. La desaparición del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) aprobada por los diputados es el ejemplo más reciente de cómo los espejitos del poder pueden ser más opacos que los cristales de una casa abandonada.

Caleb Ordóñez T.

La transparencia no debería ser un tema controversial. Es la base para que los ciudadanos puedan confiar en sus gobernantes. Sin embargo, en México, pedir rendición de cuentas es como buscar oro en un río seco: esperanzador pero complicado. Sin un mecanismo que obligue a los gobiernos a rendir cuentas, el ciudadano promedio pierde la capacidad de preguntar, por ejemplo, ”¿En qué se gastaron los millones para aquel hospital que nunca se terminó?”.

Los gobiernos que priorizan la transparencia suelen tener menos problemas para justificar sus decisiones. Por eso, que un instituto como el INAI deje de operar plantea preguntas incómodas. No obstante, la desaparición también trae consigo una reflexión sobre los costos y la eficiencia de las instituciones, un punto que ha sido clave en el argumento de la Cuarta Transformación.

La 4T y el INAI: ¿Un gasto o una necesidad?

Desde que la Cuarta Transformación tomó las riendas del país, el INAI se convirtió en un tema polémico. Según el gobierno, el instituto es costoso y no ha cumplido con los objetivos para los que fue creado. Las acusaciones de ineficiencia y burocracia innecesaria han sido constantes.

Bajo este argumento, la 4T considera que el INAI representa un gasto excesivo en un momento en el que el país necesita optimizar recursos (costaba más de mil millones de pesos para operar anualmente). También argumenta que la transparencia puede garantizarse desde otras instancias del gobierno, como la Secretaría de la Función Pública, evitando duplicidad de funciones. Este enfoque responde a una visión de simplificación administrativa, que busca reducir la carga de estructuras gubernamentales que, según ellos, “no sirven al pueblo”.

Por otro lado, este planteamiento ignora un punto importante: el INAI actúa como un ente autónomo que, en teoría, no está supeditado al poder político. Su desaparición podría dejar la transparencia en manos del gobierno, lo que genera dudas sobre la imparcialidad en el manejo de la información pública.

Más allá de los argumentos de la 4T, la desaparición del INAI representa un desafío para la democracia. Este instituto garantizaba a los ciudadanos el derecho a acceder a información sobre contratos, presupuestos y decisiones gubernamentales. Sin él, las solicitudes de transparencia podrían caer en un limbo burocrático.

Además, la desaparición del INAI podría tener efectos adversos en el ejercicio de derechos fundamentales, como la protección de datos personales. Sin un organismo que vigile estos temas, los ciudadanos quedarían en una posición vulnerable frente al uso indebido de su información.

¿Qué sigue? ¿Un modelo más eficiente o más opaco?

Con la desaparición del INAI, las funciones de transparencia podrían ser absorbidas por la Secretaría de la Función Pública o por algún otro ente gubernamental. La pregunta es: ¿puede el gobierno ser juez y parte en temas de transparencia?

El gobierno asegura que la eliminación del INAI es un paso hacia una administración más eficiente y menos costosa. Sin embargo, críticos y expertos en derechos humanos advierten que esta decisión podría reducir la capacidad de los ciudadanos para exigir rendición de cuentas.

La desaparición del INAI pone en la balanza dos perspectivas: por un lado, la visión de la 4T, que busca un modelo gubernamental más austero y simplificado; por otro, la preocupación ciudadana por la pérdida de un ente autónomo que garantizaba transparencia y derechos.

Sea cual sea el desenlace, lo cierto es que la confianza en el gobierno no se puede decretar, se tiene que ganar. Y si las promesas de mayor eficiencia no se cumplen, los ciudadanos podrían enfrentar un escenario donde la transparencia sea más mito que realidad. Por ahora, queda esperar que las nuevas medidas no terminen siendo un “ahorita no joven” institucionalizado.

Dicen que desaparecieron al INAI porque su presupuesto era muy caro… pero, curiosamente, nadie sabe en qué se va a gastar ahora ese dinero. ¡Parece que el INAI habría sido útil para investigar eso!

Opinión

Duarte: de los bares de Chihuahua al Altiplano. Por Karen Torres

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En México y en la política, lo que parece pasado, siempre regresa para explicar el presente. Hay nombres que regresan una y otra vez como si fueran espectros empeñados en recordarnos las fracturas del sistema. Uno de ellos es César Horacio Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua (2010-2016), figura central de uno de los expedientes de corrupción más voluminosos en la historia reciente del país.

Karen Torres A.

Y ahora, tras años de idas y venidas judiciales, vuelve a los titulares: la Fiscalía General de la República ordenó su recaptura y lo trasladó al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Este episodio no ocurre en el vacío. Es parte de una historia que lleva casi una década escribiéndose entre detenciones, extradiciones, procesos fragmentados y una libertad condicional que muchos chihuahuenses vieron como una burla abierta.

Pero también es un movimiento político que envía un mensaje contundente: la nueva administración federal quiere que se entienda que, al menos en la Fiscalía, el viejo pacto de impunidad ya no opera “para algunos”. Y Duarte es la vívida señal, ojalá esto no se trate únicamente de justicia selectiva.

Duarte huyó de México en 2017, cuando la entonces Fiscalía de Chihuahua, bajo el gobierno de Javier Corral, integró al menos 21 órdenes de aprehensión en su contra. Los cargos eran amplios y concretos:

  • Peculado agravado por más de 1,200 millones de pesos,
  • Desvío de recursos públicos hacia campañas priistas,
  • Enriquecimiento ilícito,
  • Uso indebido de atribuciones y facultades
  • Y una red de empresas fantasma operadas desde su círculo íntimo.

Fue detenido en Miami el 8 de julio de 2020 en Estados Unidos. Ahí pasó 2 años mientras se resolvía un proceso de extradición. Finalmente, en junio de 2022, el gobierno estadounidense lo entregó a México bajo cargos de peculado agravado y asociación delictuosa.

Su llegada al país fue presentada por la Fiscalía como un triunfo institucional. Pero para Chihuahua comenzaba un capítulo distinto: la prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán, donde Duarte permaneció alrededor de 2 años más, entre audiencias diferidas, cambios de jueces y tácticas legales el caso se fue transformando en un rompecabezas jurídico que pocos lograron seguir con claridad.

Llegó la cuestionada libertad condicional de 2024: 

En agosto de 2024, en una audiencia sorpresiva, Duarte obtuvo libertad condicional bajo el argumento de que llevaba tiempo suficiente privado de la libertad y que su conducta había sido “adecuada”, sin haber recibido sentencia alguna.

La imagen era insólita: un político acusado de desviar más de mil millones de pesos, señalado de haber quebrado fondos públicos y endeudado al estado por generaciones…

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