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Opinión

La caída del INAI, una historia de terror. Por Caleb Ordoñez T.

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La transparencia es como el Wi-Fi en las oficinas de gobierno: todos dicen que lo tienen, pero cuando intentas usarlo, simplemente no funciona. La desaparición del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) aprobada por los diputados es el ejemplo más reciente de cómo los espejitos del poder pueden ser más opacos que los cristales de una casa abandonada.

Caleb Ordóñez T.

La transparencia no debería ser un tema controversial. Es la base para que los ciudadanos puedan confiar en sus gobernantes. Sin embargo, en México, pedir rendición de cuentas es como buscar oro en un río seco: esperanzador pero complicado. Sin un mecanismo que obligue a los gobiernos a rendir cuentas, el ciudadano promedio pierde la capacidad de preguntar, por ejemplo, ”¿En qué se gastaron los millones para aquel hospital que nunca se terminó?”.

Los gobiernos que priorizan la transparencia suelen tener menos problemas para justificar sus decisiones. Por eso, que un instituto como el INAI deje de operar plantea preguntas incómodas. No obstante, la desaparición también trae consigo una reflexión sobre los costos y la eficiencia de las instituciones, un punto que ha sido clave en el argumento de la Cuarta Transformación.

La 4T y el INAI: ¿Un gasto o una necesidad?

Desde que la Cuarta Transformación tomó las riendas del país, el INAI se convirtió en un tema polémico. Según el gobierno, el instituto es costoso y no ha cumplido con los objetivos para los que fue creado. Las acusaciones de ineficiencia y burocracia innecesaria han sido constantes.

Bajo este argumento, la 4T considera que el INAI representa un gasto excesivo en un momento en el que el país necesita optimizar recursos (costaba más de mil millones de pesos para operar anualmente). También argumenta que la transparencia puede garantizarse desde otras instancias del gobierno, como la Secretaría de la Función Pública, evitando duplicidad de funciones. Este enfoque responde a una visión de simplificación administrativa, que busca reducir la carga de estructuras gubernamentales que, según ellos, “no sirven al pueblo”.

Por otro lado, este planteamiento ignora un punto importante: el INAI actúa como un ente autónomo que, en teoría, no está supeditado al poder político. Su desaparición podría dejar la transparencia en manos del gobierno, lo que genera dudas sobre la imparcialidad en el manejo de la información pública.

Más allá de los argumentos de la 4T, la desaparición del INAI representa un desafío para la democracia. Este instituto garantizaba a los ciudadanos el derecho a acceder a información sobre contratos, presupuestos y decisiones gubernamentales. Sin él, las solicitudes de transparencia podrían caer en un limbo burocrático.

Además, la desaparición del INAI podría tener efectos adversos en el ejercicio de derechos fundamentales, como la protección de datos personales. Sin un organismo que vigile estos temas, los ciudadanos quedarían en una posición vulnerable frente al uso indebido de su información.

¿Qué sigue? ¿Un modelo más eficiente o más opaco?

Con la desaparición del INAI, las funciones de transparencia podrían ser absorbidas por la Secretaría de la Función Pública o por algún otro ente gubernamental. La pregunta es: ¿puede el gobierno ser juez y parte en temas de transparencia?

El gobierno asegura que la eliminación del INAI es un paso hacia una administración más eficiente y menos costosa. Sin embargo, críticos y expertos en derechos humanos advierten que esta decisión podría reducir la capacidad de los ciudadanos para exigir rendición de cuentas.

La desaparición del INAI pone en la balanza dos perspectivas: por un lado, la visión de la 4T, que busca un modelo gubernamental más austero y simplificado; por otro, la preocupación ciudadana por la pérdida de un ente autónomo que garantizaba transparencia y derechos.

Sea cual sea el desenlace, lo cierto es que la confianza en el gobierno no se puede decretar, se tiene que ganar. Y si las promesas de mayor eficiencia no se cumplen, los ciudadanos podrían enfrentar un escenario donde la transparencia sea más mito que realidad. Por ahora, queda esperar que las nuevas medidas no terminen siendo un “ahorita no joven” institucionalizado.

Dicen que desaparecieron al INAI porque su presupuesto era muy caro… pero, curiosamente, nadie sabe en qué se va a gastar ahora ese dinero. ¡Parece que el INAI habría sido útil para investigar eso!

Opinión

El agua y la sed de poder. Por Caleb Ordóñez T.

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La crisis del agua en el norte de México ya dejó de ser un tema técnico. Hoy es un asunto político, económico y profundamente social. Porque cuando un país empieza a preguntarse si tendrá suficiente agua para producir, crecer y vivir, deja de hablar del clima y empieza a hablar de poder. En paralelo, México vive uno de sus momentos más prometedores en décadas con el boom del nearshoring, es decir, la decisión de empresas globales de mover sus fábricas más cerca de Estados Unidos para reducir costos, tiempos y riesgos. La narrativa suena poderosa: más inversión, más empleos, más desarrollo. Pero hay una pregunta incómoda que empieza a pesar más que cualquier discurso: ¿con qué agua se va a sostener ese crecimiento con la inminente sequía que viene?

Caleb Ordoñez

El nearshoring no funciona solo con tratados ni con entusiasmo económico. Necesita energía constante, infraestructura eficiente y enormes -inmensas- cantidades de agua. Y ahí aparece el verdadero problema: las regiones más atractivas para esta inversión son también las más presionadas por la sequía. Estados como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California y Tamaulipas concentran esta paradoja. Son motores industriales, puertas de entrada al mercado estadounidense y piezas clave del nuevo mapa económico de América del Norte, pero al mismo tiempo enfrentan niveles de estrés hídrico cada vez más preocupantes. El norte del país se está volviendo más competitivo hacia afuera, pero más vulnerable hacia adentro.

Y no es solo que falte agua, sino cómo la usamos. En México, la mayor parte del consumo se destina al sector agropecuario, mientras la industria crece y las ciudades se expanden con rapidez. Los acuíferos, muchos ya sobreexplotados, no logran recuperarse al ritmo de la demanda. Aquí entra un concepto clave que pocas veces se explica con claridad: la disponibilidad de agua. No significa simplemente que exista agua en el territorio, sino que esté disponible de forma constante, accesible en costos, con calidad adecuada y con infraestructura suficiente para captarla, tratarla y distribuirla. Y hoy, en buena parte del norte del país, esa ecuación ya no está garantizada. El riesgo no es futuro, es presente.

Cuando el agua empieza a escasear, la política inevitablemente entra en escena. Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este puede convertirse en uno de los temas más delicados de su administración. Porque el discurso de crecimiento impulsado por el nearshoring puede chocar directamente con la realidad cotidiana de millones de personas que empiezan a resentir cortes, baja presión o incertidumbre sobre el abasto. Y cuando la gente percibe que el desarrollo económico compite con su acceso a un recurso básico, el problema deja de ser técnico y se vuelve emocional.

Ahí es donde la oposición encuentra terreno fértil. En estados donde históricamente el PAN y el PRI han tenido estructuras políticas, empresariales y sociales muy sólidas (como Nuevo León, Chihuahua o Coahuila), una crisis de agua sostenida puede traducirse en algo muy concreto: voto de castigo. La narrativa es simple y poderosa: “llegó la inversión, pero se fue el agua”; “prometieron desarrollo, pero no aseguraron lo básico”. Y cuando esa percepción se instala en la conversación pública, los equilibrios políticos cambian. Morena no solo enfrenta un reto de gestión, enfrenta un reto de narrativa, que si no se preparan, será imposible de solucionar.

Pero hay algo todavía más delicado. El agua ya no solo genera escasez, empieza a generar tensión. Conflictos entre sectores productivos, entre comunidades, entre zonas urbanas y rurales. Cuando el recurso se vuelve limitado, también se vuelve motivo de disputas y violencia. Lo que hoy son señales de estrés mañana pueden convertirse en conflictos abiertos si no se actúa con visión de largo plazo.

Por eso este no es solo un problema de gobierno, es un reto de país. Cuidar el agua no puede quedarse en campañas o discursos, tiene que convertirse en cultura, en educación, en disciplina cotidiana. Tenemos que enseñar —y aprender— que el agua no es infinita, que abrir la llave no es automático, que cada decisión cuenta. Porque al final esto va mucho más allá de la política o la economía. Un país que no cuida su recurso más vital no solo pone en riesgo su crecimiento, pone en riesgo su estabilidad. Y cuando el agua empieza a escasear, lo primero que se seca no es la tierra, es la paciencia social.

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