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Política

La casa de Ebrard sí perteneció al GDF

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La casa ubicada en Plaza Río de Janeiro 46, que fue regresada a su dueño en la administración de Marcelo Ebrard, y que ahora renta el ex jefe de Gobierno, a decir de él en 80 mil pesos mensuales, sí fue patrimonio de la Ciudad de México.

Así se plantea en la información, obtenida por MILENIO, de la investigación que mandó hacer el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en la que se observa además que hubo irregularidades en la terminación del contrato de compraventa, por lo que se dará vista a la Contraloría capitalina.

Según el documento, la transferencia de propiedad entre Jorge Saldaña y el Gobierno del DF se concluyó, como lo establece el Código Civil, aun y cuando el precio de venta no se había cubierto en su totalidad.

«La compraventa era perfecta y obligatoria para las partes, toda vez que se convino sobre el precio, y el inmueble se entregó tal y como lo dice el artículo 2249 del Código Civil del Distrito Federal», se señala en el texto.

El artículo 2249 indica: «Por regla general, la venta es perfecta y obligatoria para las partes cuando se han convenido sobre la casa y su precio, aunque la primera no haya sido entregada, ni el segundo satisfecho».

Lo anterior, a pesar de que Ebrard negó que haya formado parte del patrimonio del GDF y afirmó que se regresó a su dueño porque no se cumplimentó el contrato y se corría el riesgo de una demanda contra el gobierno de la Ciudad de México.

En marzo de 1987 se formalizó el contrato de compraventa del inmueble por un monto de 32 millones 920 mil viejos pesos, y en los archivos del GDF se indica que quedó un adeudo de 6 por ciento, cerca de un millón 938 mil viejos pesos.

Sin embargo, hay un oficio de la dirección general de patrimonio inmobiliario DGPI/969/2008 en la que se solicita iniciar acciones legales para que se formalice la operación de compraventa del predio ubicado en Plaza Río de Janeiro 46, pero tras el análisis realizado se desprende que algunas autoridades del GDF no mostraron interés para terminar la compraventa.

Además, agrega que durante 24 años el entonces Departamento y después Gobierno del Distrito Federal tuvo la propiedad del inmueble y ejerció actos de dominio en pleno derecho.

Incluso, en dos momentos, a través del Comité del Patrimonio Inmobiliario, otorgó Permisos Administrativos Temporales Revocables el 12 de abril de 1998 a la Academia Mexicana de Arquitectura y el 18 de julio de 1996 a favor de la Casa de la Cultura de la India en México.

Para este último permiso, hay un acta administrativa de Entrega Recepción del 7 de agosto de 1996 en la que se indica que se entrega el PATR «porque el inmueble de interés fue adquirido por el DF mediante contrato de compraventa».

«Hubo una simulación»

Gabriel Reyes, presidente de Transparencia Nacional, ONG que lleva 15 años investigando casos de corrupción e irregulares, señaló que existió una simulación en la cancelación del contrato, pues solo se le debía 5 por ciento al vendedor y éste lo reclamó 24 años después, cuando a los 10 años, si no se concluyó la operación, pasó a formar parte del patrimonio del GDF.

El especialista indicó que ahora procede que el GDF recupere el predio a su favor.

«Nuestra conclusión técnica es que ese inmueble pertenece al Gobierno del Distrito Federal, y que existió una simulación y una compraventa maquinada y artificial, a través de la cual se entregó una cantidad de recursos públicos sin autorización alguna, y alejándose del procedimiento administrativo para articular una entrega de esa casa a un particular, con provecho de personas cercanas a un funcionario público», indicó.

«Tal situación deriva en varias acciones, una de lesividad, porque debe de rescatarse el inmueble que forma parte del patrimonio de la ciudad, es importante recordar que aplicó la prescripción negativa y si bien es cierto, hubo un cinco por ciento de remanente, éste prescribió a favor del GDF. En términos del Código Civil, operó la cancelación de la deuda, de lo cual debe concluirse que ese inmueble se encontraba dentro del patrimonio del Gobierno del DF», apuntó.

Milenio

Acontecer

Impulsa diputada Argüelles padrón público de comedores contra el hambre

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1 de cada 10 chihuahuenses viven en carencia alimentaria

Chihuahua. – Con el objetivo de reforzar las estrategias transparentes en el combate contra el hambre, la diputada de Morena, Jael Argüelles Díaz, presentó una proposición con carácter de Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, como titular de la Junta de Gobierno del DIF Estatal, así como a la Dirección General del organismo, a crear un padrón público, actualizado y consultable de los comedores infantiles en Chihuahua.

Durante su exposición, la legisladora subrayó que el combate al hambre es una responsabilidad compartida y un compromiso alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, que establece como prioridad erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Señaló que, de acuerdo con datos del INEGI, actualmente más de 370 mil personas en Chihuahua viven en carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 10 chihuahuenses, problemática que se agrava en la región serrana, donde el 60 por ciento de niñas y niños presenta algún grado de desnutrición.

La legisladora, reconoció también los avances logrados por el Gobierno de México en materia de combate a la pobreza, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, que han permitido que millones de personas mejoren sus condiciones de vida; sin embargo, advirtió que la seguridad alimentaria sigue siendo uno de los principales retos sociales.

Argüelles Díaz recordó que el artículo 4° de la Constitución garantiza el derecho de todas las personas a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, derecho que en Chihuahua también está respaldado por la Ley de Desarrollo Social y Humano y la Ley de Asistencia Social, donde se establece como población prioritaria a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas indígenas y personas adultas mayores en situación de pobreza alimentaria.

Destacó que los comedores infantiles son una de las principales políticas públicas para combatir la desnutrición en la infancia, por lo que contar con un padrón público permitirá a la ciudadanía conocer su ubicación, funcionamiento, cobertura y servicios, además de fortalecer la supervisión, la coordinación institucional y la rendición de cuentas.

“La transparencia también es una herramienta para salvar vidas. Hacer visible dónde están los comedores infantiles es garantizar que más niñas y niños accedan a su derecho a la alimentación”, concluyó la congresista.

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