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La casa de la presidenta de Perú es allanada por la Fiscalía y la Policía

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La vivienda de Dina Boluarte fue intervenida como parte de una investigación preliminar contra la gobernante, por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito

La casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue allanada cerca de la medianoche de este viernes por un equipo de fiscales y agentes de la Policía Nacional como parte de una investigación preliminar abierta contra la gobernante por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito.

En imágenes mostradas por medios locales se observa cómo un grupo de agentes rompe la cerradura de la puerta principal de la vivienda de Boluarte en el distrito limeño de Surquillo tras no ser atendidos al tocar repetidas veces en la casa.

Los medios locales informaron que la gobernante no se encuentra en su domicilio y que en el lugar solo estaba uno de sus hijos, aunque luego llegó uno de los abogados de la mandataria, mientras que el Ministerio Público aún no ofreció ninguna información formal sobre la intervención.

Según la emisora RPP, el allanamiento con fines de registro de incautación fue aprobado por el juez supremo Juan Carlos Checkley tras un requerimiento presentado por el fiscal general, Juan Carlos Villena, como parte de la investigación de la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, en la modalidad de omisión de consignar declaraciones en documentos.

La Presidencia de Perú y el Ministerio Público han mantenido durante los últimos días una controversia respecto a las diligencias iniciadas como parte de la investigación abierta por la supuesta falta de declaración de la gobernante de sus relojes de lujo.

El pasado miércoles, la Fiscalía denunció que se frustraron las visitas a la gobernante tanto en su domicilio, como en el Palacio de gobierno, mientras que la Presidencia aseguró que representantes del Ministerio Público fueron atendidos por personal del despacho de Boluarte, quienes recibieron una notificación para la mandataria.

El fiscal supremo Hernán Mendoza declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la mandataria «había frustrado» las investigaciones al no acudir a las citaciones hechas para el martes y el miércoles de esta semana.

Tras esa situación, la defensa legal de Boluarte pidió reprogramar las diligencias en la investigación del caso de los relojes de lujo que la mandataria no declaró y por el cual es investigada por enriquecimiento ilícito.

En respuesta a este pedido, el fiscal general comentó que la actitud de la mandataria era un «claro indicador de rebeldía» que no hace más que «retardar el resultado de la investigación».

El pasado 18 de marzo, el Ministerio Público inició diligencias preliminares a Boluarte por este caso, ya que la mandataria debería haber declarado dichos bienes en su registro de propiedades ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Fiscalía apuntó que no lo hizo.

Sin embargo, Boluarte declaró la semana pasada que estaba comprometida a acudir a la Fiscalía para responder sobre esta investigación y afirmó que no tiene ningún desbalance patrimonial.

El Canal N de televisión mostró imágenes en las que se ve que un numeroso contingente policial se mantiene durante la madrugada de este sábado vigilando los alrededores de la casa de la mandataria, mientras que en el interior permanecían agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional junto con un equipo de fiscales.

CT

México

INE estima gasto operativo de casi 4 mil millones para 2027

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El Instituto Nacional Electoral (INE) proyectó un gasto operativo de 3 mil 948 millones 471 mil 536 pesos para el ejercicio fiscal de 2027, monto que será incorporado al Anteproyecto de Presupuesto del organismo de cara al próximo proceso electoral federal.

La estimación fue elaborada a partir de un análisis metodológico sustentado en el comportamiento histórico registrado entre 2023 y 2025, bajo los lineamientos aprobados por la Comisión Temporal del Presupuesto del instituto.

De acuerdo con la distribución prevista, las oficinas centrales concentrarán la mayor parte de los recursos, con una asignación de 2 mil 380 millones 841 mil 144 pesos. Por su parte, las juntas locales y distritales ejecutivas contarán con mil 567 millones 630 mil 392 pesos para sus operaciones.

El organismo electoral precisó que esta proyección tiene como objetivo garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento ordinario del instituto durante el año en que se desarrollarán las elecciones federales.

El cálculo presupuestal excluye diversos conceptos que forman parte de otros rubros de gasto. Entre ellos se encuentran los servicios personales, la Cartera Institucional de Proyectos, las prerrogativas destinadas a los partidos políticos nacionales y el denominado presupuesto precautorio.

Con esta previsión financiera, el INE busca establecer una base presupuestaria para la organización y operación del proceso electoral de 2027.

Por otra parte, la consejera presidenta del instituto, Guadalupe Taddei Zavala, señaló el pasado 25 de mayo que el organismo carece de facultades ministeriales y judiciales para investigar posibles vínculos entre candidatos y grupos del crimen organizado.

Ante la propuesta de crear una Comisión de Verificación de Integridad para las elecciones de 2027, la funcionaria planteó que la legislación defina con precisión las responsabilidades de cada institución involucrada. Asimismo, propuso que la verificación de antecedentes penales, financieros y de seguridad nacional sea realizada por instancias especializadas del Estado mexicano.

Según lo expuesto, el INE se limitaría a recibir los registros de los partidos políticos, remitir los expedientes a las dependencias competentes y notificar si existe algún impedimento legal para una candidatura.

Hasta el momento, la propuesta relacionada con la verificación de integridad de aspirantes continúa en discusión.

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