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México

la coalición Va por México se interpone a Morena

Los partidos que integran la coalición Va por México y sus bancadas en la Cámara de Diputados anticiparon que interpondrán una acción de inconstitucionalidad, si Morena y sus aliados aprueban la iniciativa del Ejecutivo para que la Guardia Nacional se traslade al Ejército.

En una reunión de los tres partidos y sus respectivos grupos parlamentarios, los dirigentes y coordinadores alertaron que el gobierno federal pretende resolver con la reforma legal, un problema que enfrentarán en 2024, cuando la Constitución define que mandos, militares y marinos que están ahora en la Guardia Nacional regresen a sus cuarteles, con sus mismos rangos.

Dirigentes y legisladores recordaron que la reforma a la Constitución de 2019 prevé de forma explícita que el mando de la Guardia Nacional es civil y que la disposición de la Fuerza Armada Permanente por parte del Ejecutivo para nutrir a ese cuerpo es solo por cinco años, esto es que el plazo vence en 2024.

El riesgo para el Presidente, dijo el coordinador del PRI, Rubén Moreira, es que, debido a la integración mayoritaria de militares y marinos -en 80 por ciento según cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana-, la Guardia Nacional se quede sin personal, infraestructura y medios logísticos.

Marko Cortés, dirigente del PAN, consideró un riesgo que la Guardia Nacional pase al Ejército. “El problema no es la militarización, sino que México necesita policías civiles, bien entrenados y equipados. Se sobre expone a las fuerzas armadas y lo que se construye es una relación peligrosa de complicidad entre el Ejecutivo y las fuerzas armadas”.

Durante la reunión, en el auditorio del Edificio E de la Cámara de Diputados, las tres fuerzas políticas cerraron filas ante lo que definieron como “una embestida desde Palacio Nacional”.

 

Fuente: todo es política

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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